Manuel García Rodríguez

Expediente 426/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
426/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
30/09/2016

Partes del expediente

  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Tijuana
  • Manuel García Rodríguez
  • titular de la agencia especializada en Delitos Patrimoniales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Playas de Rosarito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el informe de cumplimiento a la ejecutoria de amparo rendido por la autoridad responsable, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis (266 a 271), este juzgado dictó sentencia en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Manuel García Rodríguez, en los siguientes términos: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel García Rodríguez, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales de Playas de Rosarito, Baja California, de inmediato, provea lo que en derecho corresponda, respecto de la denuncia formulada por el quejoso en contra de César Antonio Cazarez Trewartha y Diana Isabel Cazarez Díaz de León, a través de su escrito de declaración presentado dentro de la averiguación previa 33/15/504/AP, en veintidós de julio de dos mil quince." [sic] En auto de veintitrés de agosto del año en curso (fojas 292 y 293), causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este juzgado el siete de septiembre de este año, el titular responsable comunicó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo, entre otras cosas, fotocopia certificada del oficio dirigido a la Coordinadora de las Unidades de Investigación Especializadas Zona Rosarito, Baja California, de la que se advierte que solicitó se diera inicio a una carpeta de investigación en la que se practiquen todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias para acreditar la existencia de los hechos constitutivos de delito denunciados por el aquí quejoso; misma que fue radicada con el número de caso 0205-2016-00975; documentales a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, del examen de las citadas documentales se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, pues se aprecia que giró oficio a la Coordinadora de las Unidades de Investigación Especializadas Zona Rosarito, Baja California, ello con motivo de la reforma constitucional y de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad Federativa, para que proveyera respecto de la denuncia formulada por el quejoso en contra de César Antonio Cazarez Trewartha y Diana Isabel Cazarez Díaz de León, a través de su escrito de declaración presentado dentro de la averiguación previa 33/15/504/AP, el veintidós de julio de dos mil quince, por lo que, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. En el particular, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en terminos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA MANUEL GARCIA RODRIGUEZ, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Agréguese a los autos, el oficio firmado por la autoridad responsable, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa, entre otras cosas, que se instruyó a la Coordinadora de las Unidades de Investigación Especializadas Zona Rosarito, Baja California, para que dé inicio a una carpeta de investigación en la que se practiquen todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias para acreditar la existencia de los hechos constitutivos de delito denunciados por el aquí quejoso; misma que fue radicada con el número de caso 0205-2016-00975; para corroborar lo anterior, remite fotocopia certificada de la constancia respectiva. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, dése vista al quejoso, por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráigase los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo ...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia Ley, para recurrir la sentencia de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, sin que alguna de las partes la haya impugnado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Ahora, la sentencia definitiva otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso en los siguientes términos: ".Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel García Rodríguez, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales de Playas de Rosarito, Baja California, de inmediato, provea lo que en derecho corresponda, respecto de la denuncia formulada por el quejoso en contra de César Antonio Cazarez Trewartha y Diana Isabel Cazarez Díaz de León, a través de su escrito de declaración presentado dentro de la averiguación previa 33/15/504/AP, en veintidós de julio de dos mil quince." (fojas 266 a 272). Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular de la agencia Especializada en Delitos Patrimoniales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento al fallo protector; apercibida que de no hacerlo en el plazo fijado o de no manifestar el impedimento legal que tuviese para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que por auto de uno de agosto de este año (foja 287), se requirió a la autoridad responsable, para que una vez que obrara en su poder las constancias que integran la averiguación previa 33/15/504/AP de su índice, diera cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este juicio, sin que a la fecha haya informado al respecto. Por tanto, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales de Playas de Rosarito, Baja California, para que de inmediato dé cumplimiento al fallo protector; apercibido que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento que tuviese para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución; misma que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, se les impondrá una multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis Por último, hágase del conocimiento de las partes, que mediante oficio número SEADS/1021/2016, de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de agosto del propio año, se acordó la readscripción del licenciado Francisco Caballero Green, como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

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