Manuel García Lara

Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
569/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Manuel García Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cumplimiento de sentencia. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos. Este Juzgado, atendiendo a los elementos que obran en el expediente; de oficio procede a determinar si se cumplió o no la resolución. De constancias se advierte que la sentencia que concedió a ******, el amparo y protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable: "Dentro del término de cinco días hábiles emita la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud, registrada con el número de expediente ***** y la notifique a la parte interesada". Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el fallo emitido en el presente asunto, y se requirió su cumplimiento al director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. En contestación a la ejecutoria, dicha autoridad, mediante oficio: *******, acompañó copia certificada de la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitida en el expediente ***** y su notificación. De lo anterior, este juzgado estima que la responsable dio cumplimiento a la sentencia; lo que cumple con los extremos de la sentencia emitida en el presente asunto. Por lo anterior, se concluye que se le ha restituido en el pleno goce de sus derechos vulnerados en términos de lo previsto en los artículos 192 y 196 de la vigente Ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el subdirector de administración del agua en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por el cual informa el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio y remite copia certificada de las constancias requeridas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales que remite la autoridad oficiante, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 569/2020-VI, promovido por xxxxxxxx. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Manuel García Lara, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, que a continuación se transcribe: "III.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Señalo como acto reclamado la omisión de notificar la respuesta a mi solicitud de reubicación de mi pozo, derivado de la solicitud presentada el 31 de enero de 2020, bajo el expediente 25-3-10/00039-2020, folio BZNA/616/2020." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, esta potestad, registró la demanda con el número 569/2020-VI, admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a la solicitud registrada con el número de Expediente 25.3.10/00039-2020, así como su notificación. La autoridad señalada como responsable es: Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya. Tercero. Existencia del acto reclamado. De la autoridad responsable: El director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad de Celaya, por conducto del subdirector de Administración del Agua, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua una autorización sobre la relocalización de un pozo. 2. Sin que a la fecha la autoridad local del agua haya notificado la respuesta respectiva. Omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia. Quinto. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa en su único concepto de violación sostiene que la autoridad responsable director local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, viola los derechos humanos contenidos en los numerales 8 y 17 constitucionales, al no concluir con el trámite en definitivo, respecto a la solicitud registrada con el número de expediente 25.3.10/00039-2020. Se estima que el concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado y suficiente para el fin pretendido, según se explica: Ahora bien, el artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que, de cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición consagrado en el precepto que cita conformado no por uno si no varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." En correlación con lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente; mientras el diverso 35 del reglamento de dicha ley, prevé que presentada la solicitud si dentro de los veinte días hábiles siguientes no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir, se considerara integrado el expediente. Por tanto, se considera que es fundado el concepto de violación hecho valer, pues trascurrieron más de ocho meses, desde que se hizo la solicitud (treinta y uno de enero de dos mil veinte) hasta la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de octubre de dos mil veinte); tiempo por demás suficiente para que la autoridad responsable emitiera y notificara la respuesta a la solicitud que se registró con el número 25.3.10/00039-2020. En consecuencia, se concluye que el actuar de la responsable conculca los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 16 y 17 constitucionales, en perjuicio de Manuel García Lara, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, a efecto de que la autoridad responsable director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro del ámbito de su respectiva competencia: Dentro del término de cinco días hábiles emita la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud, registrada con el número de expediente 25.3.10/00039-2020 y la notifique a la parte interesada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel García Lara, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y razones expuestas en el considerando último de esta resolución.Audiencia constitucional En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las trece horas con treinta y siete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del juicio de amparo 569/2020-VI, promovido por Manuel García Lara, presente en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, quien actúa asistido del maestro José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, ni persona que las represente, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. El secretario hace relación de las constancias que obran en autos, destacando las siguientes: Demanda de amparo promovida por Manuel García Lara; y, Proveído admisorio de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Informe justificado de la autoridad responsable A lo que el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden y por rendido el informe que remite la responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Periodo probatorio. Enseguida se abre la etapa probatoria, en la que se hace costar que la quejosa y la autoridad responsable ofrecieron documentales, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. A lo que el juez acuerda: se tiene por desahogadas dada su naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. Etapa de alegatos. A continuación, en la que se hace constar las demás partes no las formularon; con lo que se cierra este periodo y en virtud de que no existe prueba pendiente por desahogar, ni promoción por acordar se da por concluida la presente audiencia. Con lo anterior se cierra la etapa y se da por concluida la presente audiencia, para dictar la siguiente:Sentencia VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 569/2020-VI, promovido por Manuel García Lara. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Manuel García Lara, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, que a continuación se transcribe: "III.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Señalo como acto reclamado la omisión de notificar la respuesta a mi solicitud de reubicación de mi pozo, derivado de la solicitud presentada el 31 de enero de 2020, bajo el expediente 25-3-10/00039-2020, folio BZNA/616/2020." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, esta potestad, registró la demanda con el número 569/2020-VI, admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a la solicitud registrada con el número de Expediente 25.3.10/00039-2020, así como su notificación. La autoridad señalada como responsable es: Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya. Tercero. Existencia del acto reclamado. De la autoridad responsable: El director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad de Celaya, por conducto del subdirector de Administración del Agua, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua una autorización sobre la relocalización de un pozo. 2. Sin que a la fecha la autoridad local del agua haya notificado la respuesta respectiva. Omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia. Quinto. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa en su único concepto de violación sostiene que la autoridad responsable director local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, viola los derechos humanos contenidos en los numerales 8 y 17 constitucionales, al no concluir con el trámite en definitivo, respecto a la solicitud registrada con el número de expediente 25.3.10/00039-2020. Se estima que el concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado y suficiente para el fin pretendido, según se explica: Ahora bien, el artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que, de cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición consagrado en el precepto que cita conformado no por uno si no varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." En correlación con lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente; mientras el diverso 35 del reglamento de dicha ley, prevé que presentada la solicitud si dentro de los veinte días hábiles siguientes no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir, se considerara integrado el expediente. Por tanto, se considera que es fundado el concepto de violación hecho valer, pues trascurrieron más de ocho meses, desde que se hizo la solicitud (treinta y uno de enero de dos mil veinte) hasta la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de octubre de dos mil veinte); tiempo por demás suficiente para que la autoridad responsable emitiera y notificara la respuesta a la solicitud que se registró con el número 25.3.10/00039-2020. En consecuencia, se concluye que el actuar de la responsable conculca los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 16 y 17 constitucionales, en perjuicio de Manuel García Lara, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, a efecto de que la autoridad responsable director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro del ámbito de su respectiva competencia: Dentro del término de cinco días hábiles emita la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud, registrada con el número de expediente 25.3.10/00039-2020 y la notifique a la parte interesada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a xxxxxxxxx, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y razones expuestas en el considerando último de esta resolución.

  4. Principal

    En veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el secretario da cuenta al juez con un informe justificado registrado con número 7242. Conste.Celaya, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.Visto el INFORME JUSTIFICADO que rinde el subdirector de administración del Agua en ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas las presuncionales legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se le tiene señalando como domicilio, el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona.

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