Manuel García Castells Alanis

Expediente 872/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
872/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Manuel García Castells Alanis
  • Manuel García Castells Alanis y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia. En principio, se tiene que los efectos de la concesión de amparo, son los siguientes: ".1. Las autoridades responsable no apliquen en lo presente ni en lo futuro los artículos 79, fracción II, 79-A, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. 2. Asimismo, desincorporen de la esfera jurídica de la parte agraviada los artículos 79, fracción II, 79-A, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 3. El Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, deberá devolver las cantidades que enteró la impetrante del amparo, consistente en la recepción del pago erogado con motivo de las contribuciones a que se refieren los preceptos legales en cita por concepto de inscripción del contrato de compraventa, e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, que se señalan en el recibo de pago con referencia 758849204. 4. En congruencia con lo anterior, es menester precisar que la autoridad responsable que se encuentra vinculada con el cumplimiento de la presente sentencia, también tiene la facultad de descontar del numerario a devolver a la parte quejosa, la cantidad mínima fijada en el artículo 79-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como pago de los derechos de inscripción, que asciende a la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); pues la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa establecida en los numerales 79, fracción II, 79-A, 184 a 188 y tercero transitorio de dicho ordenamiento legal, pero sin relevarla de la obligación de enterar cuota alguna, ya que éste monto, conforme a lo establecido en el referido artículo 79-B, es la cantidad mínima que dicho sistema normativo establece para la inscripción de documentos, sin considerar el monto de operación contenida en el documento a registrar. En seguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento al fallo protector: Mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (foja 317 a 319), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de treinta de agosto del año en cita, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, de la que se advierte que se resolvió lo siguiente: ''.PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Manuel García Castells Alanís y Camila García Castells Alanís, contra los artículos 79, fracción ll y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establecen los derechos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Coahuila de Zaragoza; así como en contra de los artículos 184 a 188 y tercero transitorio del mismo ordenamiento legal, en los que se prevé el impuesto para el fomento a la Educación y de la Seguridad Pública del Estado e impuesto adicional.'' Asimismo, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables siguientes: ? H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. ? Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. ? Administrador Fiscal del Estado de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. ? Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. El veintiocho de septiembre del año próximo pasado (foja 325), se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad que pago por concepto de derechos del Registro Público; por lo que, se encontraba elaborando el cheque correspondiente. Mediante proveído de quince de octubre del año próximo pasado (foja 333), se tuvo a la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en Saltillo, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que giró instrucciones a la autoridad responsable Administración Local de Recaudación del Estado de Coahuila, a efecto de que dé cumplimiento a la sentencia de amparo. Asimismo, por acuerdo de diez de enero del año en curso (foja 364), se requirió a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del referido proveído, remitiera a este Juzgado de Distrito, copia certificada de la documentación con la que se acredite que la parte quejosa recogió la cantidad correspondiente que pagó por concepto de Derechos del Registro Público, por la inscripción de documentos. Posteriormente, mediante acuerdo de veintidós de los actuales (fojas 378 a 384), se tuvo a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, desahogando el requerimiento de diez de enero del año en curso (foja 364); asimismo, informó que el cheque correspondiente al pago que realizó la parte quejosa por concepto de inscripción de documentos, se le entregó el veintitrés de octubre del año próximo pasado (foja 384), firmando de recibido; tal y como se corrobora en la imagen que a continuación se digitaliza: Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, expresara lo que a su derecho conviniera; proveído que se le notificó el veinticuatro de enero del año en curso (foja 386), sin que haya manifestado nada al respecto. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente asunto, se encuentran cumplidos, ya que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, devolvió a la parte quejosa *** y ***, la cantidad que pagó por concepto de Derechos del Registro público, es decir, por la inscripción del contrato de compraventa e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, que se señala en el recibo de pago con referencia 758849204; acatando con ello los lineamientos del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la materia; archívese este expediente y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, y anexos, por medio del cual cumple el requerimiento de diecisiete de los actuales (foja 375), y al respecto remite copia certificada de la documentación, a través de la cual, se advierte que hizo entrega a la parte quejosa del cheque correspondiente al pago que realizo por concepto de inscripción de documentos. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; en el entendido que una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, éste órgano jurisdiccional dictará la determinación a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio remitido por el Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, y anexos, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de diez de los actuales (foja 364), y remite copias simples para acreditar la entrega del cheque correspondiente a la parte quejosa. En consecuencia, se requiere nuevamente al Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que remita en copia certificada la documentación correspondiente. Para dar cumplimiento a lo anterior, se le concede el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal de su impedimento, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto lo cuenta; agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada.

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