Manuel Gallegos Morua
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Manuel Gallegos Morua
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo, Coyotepec, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 26/2021, comunicación oficial 33/2021, del índice de este juzgado. En tal virtud y toda vez que por auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel Gallegos Morua, remítase la comunicación de referencia al citado juzgado para los efectos legales correspondientes, dejando copia certificada de la misma en el presente cuaderno de antecedentes. Finalmente, se ordena al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que vigile la correcta expedición del oficio respectivo.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha cumplido con la sentencia de amparo. Al respecto, conviene recordar que la ejecutoria de amparo en el presente asunto se concedió para lo siguiente: "Realizar los actos necesarios para desahogar las pruebas de inspección ocular, ratificación y testimoniales a cargo de Nilda Alicia Quintanilla de la Fuentes, Omar Guadalupe Castañón Salazar y Liliana Vázquez Pacheco, admitidas en el acuerdo de pruebas de once de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 74/E08/2017." En cumplimiento a lo anterior, se tuvo al Presiente de la Junta responsable, informando que por auto de diecinueve de enero del presente año, se señalaron las once horas del diez de marzo de dos mil veintiuno, para que se lleve a cabo el desahogo de la prueba de inspección ocular, dentro del expediente laboral 74/E08/2017. En consecuencia, a fin de dar continuidad a la fase de ejecución, con sustento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computados a partir de la legal notificación, se sirva remitir copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes del acuerdo dictado el diecinueve de enero del año en curso, dentro del expediente laboral 74/E08/2017. En el entendido que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Ello, con el objeto de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, previa vista que con tales constancias se dé a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por Manuel Gallegos Morua, contra actos del Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA" y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales, se provee; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 121/2021. Ahora bien, dado que el acto reclamado en la demanda de amparo consiste en la omisión de brindar atención médica, por parte de las autoridades responsables al directo quejoso Manuel Gallegos Morua, con fundamento en el artículo 15, en relación con los diversos numerales 125 y 126, todos de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado en favor del quejoso, para efecto de que cese la falta de atención médica y que las autoridades responsables otorguen de inmediato la misma que requiere el impetrante. Lo anterior, toda vez que la parte promovente reclama la falta de atención médica por parte de las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA", en el que se encuentra recluido, el que se traduce en un acto positivo, el cual trae como consecuencia la merma en la salud física del impetrante de amparo, lo que repercute en su integridad poniendo en peligro la vida del mismo; por lo que procede conceder la suspensión de plano por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, que es como se dijo repercute en su integridad física que pone en peligro la vida, actos, que entre otros más, se encuentran previstos por el artículo 22 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro persona. Efectivamente, el acto implica cierto grado de restricción a la salud del reo dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, por ende, interesa un acto atentatorio de ésta, puesto que por sus circunstancias particulares no puede, por sí mismo, o por otras personas con las que guarda vínculos afectivos, procurarse atención médica, dependiendo totalmente de las autoridades que lo tienen bajo su custodia. De ahí al reclamar actos de la naturaleza de que se trata, que conllevan situaciones extraordinarias, obligan a decretar la suspensión de plano del acto reclamado, atendiendo a que se equiparan a una pena inusitada, que hace posible incluirla en el catálogo del artículo 22 Constitucional. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con la falta de atención médica; lo cual deberá informar a este Juzgado de manera inmediata a través del correo electrónico oficial de este juzgado 2jdo19cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, se hace del conocimiento de las mencionadas responsables que la violación de la medida suspensional decretada implica la comisión de un delito conforme a los artículos 262, fracción III y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Es aplicable a lo anterior, la tesis número XXVII.1o.(VIII Región) 8 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de dos mil doce, tomo 2, página 1857, Décima Época, con número de registro 2000769, cuyo rubro y contenido dicen: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su disposición." Por otra parte, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por las razones que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El aludido precepto establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya lo anterior, por identidad de razón la tesis 3a. XLIX/93 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto."Precisado lo anterior, en este análisis no puede omitirse el hecho de que una vez recibida la demanda y para efectos de determinar la competencia, deben tomarse en consideración los actos reclamados tal como hayan sido planteados en la demanda y los hechos manifestados "bajo protesta de decir verdad", por ser los datos que objetivamente se tienen en ese momento; a diferencia de aquellos casos en que al recibirse los informes de la autoridad ejecutora se tiene conocimiento de la inexistencia de los actos y la parte quejosa no la desvirtúa, la competencia recaerá en el Juez que corresponda conforme a las constancias allegadas al juicio.En ese orden de ideas, la promovente en el escrito inicial de demanda, manifiesta que las autoridades responsables no le proporcionan atención médica al directo quejoso, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA", en el cual se encuentra recluido; por lo que, se advierte que existen datos o elementos que permiten advertir que el acto reclamado tiene un principio de ejecución en el Estado de Oaxaca. En tales condiciones, debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues la falta de atención médica al directo quejoso por parte de la autoridad responsable, es una violación al derecho fundamental a la salud y la sociedad está interesada en que las instituciones públicas de salud correspondientes proporcionen con eficiencia y calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos, incluso de las personas que se encuentra privadas de su libertad. En consecuencia, y atendiendo a que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA", y que es en ese centro de reclusión en el que se le brindará la correcta atención médica, es que tiene ejecución material en dicha entidad.En ese sentido, si el acto tiene ejecución en Oaxaca, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, significa que es competencia de un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con sede en San Bartolo CoyotepecPor ello, de conformidad con lo que dispone el primer párrafo del numeral en cita, es competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la demanda de amparo, al tratarse de atención médica a un recluso; lo es uno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, dado que el acto que se combate se ha de ejecutar en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito. Resulta aplicable, la tesis I.15o.A.1 A (10a.), sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado."En efecto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente a un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutara el acto respecto a la falta de atención médica.Así las cosas, no existiendo acto de ejecución material en esta jurisdicción, que daría competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer de la demanda que se le plantea, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la demanda de cuenta y actuaciones derivadas de la misma al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA La parte quejosa señaló en su demanda de amparo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA; con apoyo en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, realice la notificación del presente proveído al directo quejoso. De igual forma para que se haga entrega del oficio 2308/2021, 2309/2021 y 2310/2021, dirigidos a las autoridades responsables Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA, Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de dicho centro penitenciario y haga constar la recepción de los mismos. Asimismo, se tiene como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, en atención a la certificación secretarial de cuenta. En cuanto a su solicitud de que se le permita a su autorizado el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario y correo electrónico que proporciona. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con los numerales 35, 36, 37, 38, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se otorga el acceso al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se comisiona al Oficial SISE a realizar la captura y el procedimiento correspondiente para ese fin.
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