Manuel Gabriel Ramírez Sotelo

Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
154/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Manuel Gabriel Ramírez Sotelo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al que anexa copia certificada de diversas actuaciones relativas al expediente laboral 645/2011. En ese sentido, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que en este juicio de amparo se actualiza de manera notoria manifiesta e indudable una causa de improcedencia que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento del asunto. Por escrito presentado vía electrónica el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, al día siguiente a este juzgado federal, MANUEL GABRIEL RAMÍREZ SOTELO, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de garantías, en la omisión de dictar auto de ejecución del laudo, en el expediente laboral 645/2011, el cual fue solicitado mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número de expediente 154/2021 y se requirió a la mencionada autoridad su informe con justificación, el que se tuvo por rendido en párrafos que anteceden. Ahora bien, como ya se señaló, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Lo anterior es así, en virtud de que una vez efectuado el análisis de los argumentos de inconformidad que hace valer la parte quejosa en su demanda, así como de las constancias que allegó el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje al informe justificado de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, párrafo segundo; se advierte que, mediante acuerdo de dieciséis de abril del presente año, emitido en el expediente laboral 645/2011, fue acordado el escrito de la parte trabajadora y que fuera presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, instruyéndose a que se estará a lo acordado en diverso acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, el que impera en los términos siguientes: Entonces, los efectos de carácter omisivo del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó dicho acto, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello es así, atendiendo a que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de marzo de dos mil veintiuno), la autoridad responsable, dictó los acuerdos de quince y dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en los que atendió lo solicitado por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte; lo que se traduce en la desaparición total de las consecuencias del acto reclamado, restituyéndole en el pleno goce de sus derechos humanos que consideró vulnerados y previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como si se hubiere concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en comento. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." A mayor abundamiento, debe precisarse que en el caso resulta improcedente el análisis de diverso actuar desplegado por la autoridad responsable, puesto que la parte quejosa fue omisa en así destacarlo como reclamado, aun y cuando haya señalado la omisión de dictar "todas y cada una de las medidas necesarias para la eficaz e inmediata emisión del auto de ejecución de pago y embargo", dado que tal omisión de manera genérica, impide un análisis diverso al ya realizado en líneas que anteceden; habida cuenta que resulta de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante -parte quejosa-, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuye a la autoridad responsable. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 2010025). Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el Juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse, sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo indirecto se advierte que -como ha quedado expuesto- el solicitante del amparo se limitó a sostener la omisión de dictar auto de ejecución del laudo, en el expediente laboral 645/2011, con motivo de la solicitud elevada mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Robustece las consideraciones que anteceden, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), también sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (resultado de la contradicción de tesis 339/2011) que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones y toda vez que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija, cuando sea de carácter negativo. En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos anteriormente aludidos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, cuyo rubro establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, en virtud del sobreseimiento decretado, se dejan sin efectos la fecha y hora que se encontraban señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, pero de la certificación que antecede se aprecia que el oficio 5578/2020, por el que se le requirió su informe justificado, fue recibido el diecinueve de marzo del año en curso; por ende, transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, que le fue concedido para rendirlo. En esta tesitura, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que faculta a este órgano BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 jurisdiccional para allegarse de todas las pruebas que se estimen necesarias para mejor resolver, requiérase a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído, remita copia certificada del escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, presentado por la parte quejosa en el juicio laboral 645/2011 de su índice, así como el acuerdo que recayó al mismo. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se impondrá al omiso, como medida de apremio de conformidad con lo previsto en los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva. Resulta aplicable al caso, la tesis P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE ??????????????? estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las CATORCE HORAS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de abril de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, pero de la certificación que antecede se aprecia que el oficio 5578/2020, por el que se le requirió su informe justificado, fue recibido el diecinueve de marzo del año en curso; por ende, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, que le fue concedido para rendirlo. En esta tesitura, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que faculta a este órgano jurisdiccional para allegarse de todas las pruebas que se estimen necesarias para mejor resolver, requiérase a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional (dieciséis de abril del año en curso), remita copia certificada de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado en el presente sumario. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se impondrá al omiso, como medida de apremio de conformidad con lo previsto en los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva. Resulta aplicable al caso, la tesis P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción????que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Notifíquese.

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