Manuel Francisco Reyes Cortes
Expediente 1186/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1186/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2018
Partes del expediente
- Manuel Francisco Reyes Cortes
Actuaciones
- Principal
V) Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el oficio electrónico 2054-N, suscrito por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado, mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, y que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, a través de su apoderado legal. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1 El cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y por acuerdo de esta fecha se tuvo conocimiento que diverso órgano aceptó la competencia declinada (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2 A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3 En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I)Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado criptográficamente por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Antonio Chávez Estrada, quien adujo ser apoderado legal de Manuel Francisco Reyes Cortes, reservándose proveer sobre la competencia planteada por este juzgado, hasta en tanto, reciba las constancias que requirió en su auto de veintiuno de agosto anterior. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita la autoridad oficiante. Notifíquese.
- Principal
I)Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. DESAHOGO PREVENCIÓN. Por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Juan Carlos Saucedo Urbina, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en los términos que precisa y expone. Atento a lo anterior, ad cautelam se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el proveído de referencia. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis I.3o.C.81 K (10a.) publicada en la página 1742, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época, cual establece que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO PERSONA, LA PREVENCIÓN PARA ACREDITARLA DEBE FORMULARSE A LA RESPONSABLE EN EL AUTO ADMISORIO. A través del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se buscó asegurar el respeto y vigencia de los derechos humanos mediante una interpretación de la ley que favoreciera la mayor protección para la persona. Ahora bien, en atención al principio citado, a la naturaleza pronta del juicio de amparo y a la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y siete del Tomo XXIX, junio de dos mil nueve, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." (artículos 11 y 121, respectivamente, correspondientes a la Ley de Amparo vigente), debe entenderse que cuando el promovente ostenta una representación reconocida ante la autoridad responsable por tratarse de un amparo judicial, esto es, contra actos emitidos en los juicios de origen, los Jueces de Distrito deberán dar trámite a la demanda sin prevención de por medio, toda vez que las constancias para acreditar dicha representación se encuentran en poder de la responsable y fácilmente pueden ser requeridas para exhibirse junto al informe justificado correspondiente. Lo anterior, sin menoscabo de que posteriormente en caso de advertir que no se acreditó la representación del promovente el juzgador sobresea en el juicio, aun fuera de audiencia. De lo que se concluye que, en observancia al principio pro persona, la prevención para acreditar la personalidad en el amparo indirecto debe formularse a la responsable en el auto admisorio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que se atiende, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca de apelación 359/2018, en la que confirmó la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la audiencia de conciliación y depuración procesal en el expediente 466/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en la que se determina procedente la excepción de cosa juzgada. INCOMPETENCIA. Establecido lo anterior, el suscrito estima que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 34, 170, fracción I y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver en esta instancia respecto del citado acto reclamado. Ahora bien, el artículo 34 de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Por su parte el artículo 170, fracción I, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Así como el numeral 47 del ordenamiento legal en mención, es del tenor literal siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Así, de conformidad con lo dispuesto en dichos preceptos, las reglas para la procedencia del juicio de amparo en la vía directa y que es competencia exclusiva de los tribunales colegiados de circuito, son: I. Que el acto reclamado sea una sentencia definitiva o laudo, que resuelva el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, Que el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio, esto es, que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En ese orden, primero, conviene precisar que en diversos criterios jurisprudenciales se ha establecido que sentencia definitiva es la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y excepción que hayan motivado la litis sin que proceda recurso ordinario. Por su parte, resoluciones que pongan fin al juicio, no es sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refiere a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Luego, si en la especie el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca de apelación 359/2018, en la que confirmó la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la audiencia de conciliación y depuración procesal en el expediente 466/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante la cual se declara procedente la excepción de cosa juzgada; tal determinación puso fin al procedimiento judicial respectivo. Lo anterior, es así pues la decisión de alzada que confirma la procedencia de excepción de cosa juzgada constituye una determinación judicial definitiva cuyo efecto es dar por concluida la contienda, en virtud de que ya no puede continuar su trámite ni ser resuelta en definitiva, precisamente, porque en su primer juicio, ya se dilucidó el fondo de la controversia. Así las cosas, la resolución impugnada a la Sala responsable, encuadra dentro de la hipótesis prevista en la fracción I, párrafo primero del numeral 170 de la Legislación de Amparo, puesto que la autoridad responsable confirmó la resolución dictada en la audiencia de conciliación y depuración procesal en el expediente 466/2017, del sumario del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, determinación que debe ser impugnada en amparo directo pues dicha resolución dio por concluido el juicio ordinario civil. De lo anterior se concluye, que en acatamiento a los criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha reiterado que el juicio se inicia para los efectos estrictamente del amparo, con la presentación de la demanda ante la potestad judicial y concluye con la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, situación que justifica proceder a remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente. Ello, en razón de que la resolución impugnada encuadra dentro de la hipótesis prevista en la fracción I, párrafo primero del numeral 170 de la Legislación de Amparo, puesto que la autoridad responsable dio por concluido el juicio ordinario civil correspondiente al confirmar la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la audiencia de conciliación y depuración procesal en el expediente 466/2017, en la que se declara procedente la excepción de cosa juzgada, lo que impide su continuación, por lo que, el acto reclamado debe ser impugnado en amparo directo de conformidad con lo previsto en los artículos en los artículos 47, 170 de la Ley de Amparo y en el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que corresponde su conocimiento a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un Juez de Distrito. Por tanto, con apoyo en los citados artículos, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con independencia de su procedencia, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de referencia y estima que el expediente en que se actúa debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2018 (10a.), visible en la página 6, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Por lo anterior, remítase la demanda, escrito aclaratorio y las copias que se anexaron como traslado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole de la manera más atenta acusar el recibo correspondiente e informe la determinación que tenga a bien tomar. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
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