Manuel Francisco Castillo Ortíz
Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Francisco Castillo Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno.********************Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la determinación de once de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes.********************No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables.********************Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS".********************En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.********************Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, y capítulo 7.4 del Manual Para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se sobreseyó este juicio de amparo, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes.********************Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración el expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad.********************Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto.********************Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio BIE/140/0/2390/2021, signado por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, con anexo que se compaña consistente en copia del diverso oficio BIE/140/0/2280/2021, mediante el cual aclara lo relativo al Informe de la suspensión de plano rendido ante este Juzgado Federal; ello, en atención a que el pasado once de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Por otra parte, como lo peticiona la autoridad oficiante, se dejan sin efectos los apercibimientos de la actualización, en su caso, del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, así como la imposición de multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización vigente en esta fecha, con los que se les apercibió en proveído de veintinueve de abril del año en curso, y reiterado el diez de mayo siguiente. Cúmplase.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Aurora Reyes Méndez, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio 4C/4C.3/1667/2021, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, en su carácter de representante del Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y del Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, con sede en la ciudad capital, y anexo consistente en una documental en copia simple, mediante el cual rinde su informe justificado; ello, en atención a que el pasado once de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Asimismo, se tiene a la responsable oficiante, autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de cuenta, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción l, de la ley de la materia. Ahora bien, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número telefónico, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Aurora Reyes Méndez, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por Emmanuel Farid Segura Ángeles, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Manuel Francisco Castillo Ortiz, por el cual manifiesta en esencia que la autoridad responsable (Delegada del Programa para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Bienestar, efectuó la aplicación a la parte quejosa de la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca, contra el SARS-CoV-2, el pasado cinco de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, visto el estado de autos, se desprende que los actos reclamados de forma esencial consisten en: la falta de aplicación de la segunda dosis de la vacuna AZD1222 desarrollada por la Universidad de Oxford en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca contra el SARS-CoV2 y el Incumplimiento del programa de vacunación establecido por el Gobierno Federal. En ese contexto, se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se estima actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, el acto reclamado esencialmente consiste en la falta aplicación de la segunda dosis de la vacuna AZD1222 desarrollada por la Universidad de Oxford en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca contra el SARS-CoV2, así como el incumplimiento del programa de vacunación establecido por el Gobierno Federal. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón que, de la información proporcionada por la autoridad responsable Jefe de Departamento adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud, con sede en la Ciudad de México, hizo del conocimiento que la parte quejosa fue vacunada el cinco de mayo del año en curso; aunado a que, en esta fecha se recibe el escrito del autorizado legal de la parte quejosa, manifestando que la autoridad responsable Delegada del Programa para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, dependiente de la Secretaria de Bienestar, efectuó la aplicación a la parte quejosa de la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca, contra el SARS-CoV-2, el pasado cinco de mayo de dos mil veintiuno; por lo que se considera ya se le aplicó la vacuna solicitada. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable aplicara la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca, contra el SARS-CoV-2, es por lo que se considera, han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse destruido por completo de forma total e incondicional; además que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las doce horas con veinticuatro minutos del siete de junio de dos mil veintiuno. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuaria Judicial Adscrita para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Aurora Reyes Méndez, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
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