Manuel Fragoso Pérez
Expediente 590/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Manuel Fragoso Pérez
Actuaciones
- Principal
Estado procesal. Vista la certificación asentada en primer término, se advierte que la determinación que desechó la demanda de amparo, no fue recurrida dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto.
- Principal
Se tiene por recibida la razón de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario Judicial adscrito para notificar personalmente al quejoso ********, del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por los motivos expuestos en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al citado quejoso el referido proveído, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones personales por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, hasta en tanto, señale domicilio cierto y actual para recibir notificaciones. SE NOTIFICA AUTO DE 16 DE MAYO DE 2023: "Desahoga prevención análisis. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del estudio integral de la demanda se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio impugnado es un acto dictado fuera de juicio, que no incide en su esfera de derechos, porque constituye un mero aviso de que debe comparecer ante la autoridad ministerial a atender la diligencia de soluciones alternativas; en todo caso, el perjuicio se materializaría hasta que se analice la procedencia de librar orden de comparecencia en su contra, de ahí que se considere que no es un acto de imposible reparación. Al respecto, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)." Sin embargo, es preciso establecer que si bien el juicio de amparo procede contra actos dictados fuera de juicio, ello no quiere decir que proceda contra cualquier tipo de acto dictado fuera de juicio, sino aquellos que tengan la característica de ser de imposible reparación. Así, por actos de imposible reparación debemos entender aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se puedan reparar en el curso de la instancia de la que derivan, esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas pueden ser reparadas con la determinación final que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las consecuencias producidas por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un decreto favorable1 . En ese sentido, se considera que el citatorio reclamado no afecta de manera directa y actual a la libertad del quejoso, pues constituye una actuación para la integración de la indagatoria de la que emana y, por ende, no irroga ningún perjuicio al quejoso, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional de investigación, contenido en el artículo 21, que dice: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Así, al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables, de ahí deviene que la sola citación del agraviado ante la autoridad ministerial no implica un perjuicio, pues aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación. Máxime que dicho perjuicio se materializaría, en su caso, hasta que se ejerza acción penal, esto es, cuando una vez valorado el material probatorio de la carpeta de investigación de mérito, la representación social responsable concluya procedente la judicialización de la carpeta de investigación y, que como consecuencia de ello, la autoridad judicial que conozca de la solicitud de la audiencia inicial determine, si resulta adecuado emitir alguna medida cautelar restrictiva de libertad en contra del quejoso. Pero, es hasta dicho momento que no sobra decir que es de realización incierta pues ello depende de la conducta que adopte el quejoso en la etapa de investigación, que la autoridad competente analizará la pertinencia o no de ello. Máxime que con la citación que ahora se impugna, lo que se pretende es que al citado le sea respetada su garantía de audiencia dentro de la investigación que se realiza e incluso, como se dijo, llegar a medios alternativos de solución de conflictos y no efectuar toda la investigación que implica para el caso de no solucionarse dicho conflicto en sede ministerial. En consecuencia, es evidente que en este momento, no existe afectación alguna contra el solicitante del amparo, pues estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad. Es ilustrativa por mayoría de razón, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 239, que reza: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)." De ese modo, si el amparo es improcedente contra la citación emitida por el juez de la causa en una audiencia inicial, más aún lo es contra el citatorio del Ministerio Público con el que se pretende determinar si es procedente o no la investigación; por tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, se desecha la demanda de amparo"
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprenden que no obra la constancia de notificación del oficio 11162, dirigido a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Asimismo, de la consulta a la guía de rastreo 2711754182, en la página de internet del servicio de mensajería acelerada Estafeta (https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo), se obtiene que el estatus de éste, es el siguiente: "Incidencia: Su envío presenta datos incompletos para realizar su entrega, el dato faltante es: Mal dirigido, CALLE, COLONIA, favor de generar reporte." De tal forma, reenvíese el oficio 1865 y anexos, dirigido a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, para que se notifique del proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, para que esté en condiciones de rendir su informe previo. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, para su verificativo
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