Manuel Flores Hernandez

Expediente 468/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
468/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • Manuel Flores Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE: Vista, la demanda de amparo promovida por Manuel Flores Hernández, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira; regístrese en el libro de gobierno con el número 468/2017-IV-A. DESECHAMIENTO Es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, analizado el escrito de demanda de garantías que nos ocupa, promovido por Manuel Flores Hernández, esta Juzgadora estima que con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de garantías, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo estudio y observancia debe hacerse de oficio, atenta su naturaleza de orden público y según lo establece el precepto 62 de la Ley de la Materia. En ese tenor, se destaca que los actos reclamados en el presente asunto, lo constituyen esencialmente los acuerdos siguientes; Auto de veintinueve de marzo del actual, dictado dentro del incidente de liquidación de sentencia y cancelación de pensión alimenticia, tramitado dentro del Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado número ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de veintitrés de marzo del actual, que autorizó la ampliación del periodo probatorio en dicha incidencia. Auto de veintinueve de marzo del actual, dictado dentro del incidente sobre aprobación total y/o parcial de convenio, tramitado dentro del Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado número ***, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de veintitrés de marzo del actual, que autorizó la ampliación del periodo probatorio en dicha incidencia. Ahora, la hipótesis de improcedencia prevista en la Ley de Amparo dispone. Conforme a los preceptos legales antes transcritos, se advierte que en los juicios que se encuentren en el periodo de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto, cuando se trate de la última resolución dictada en ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento; y tratándose de procedimientos de remates, únicamente contra aquellas resoluciones que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo impugnarse en las demanda de amparo respectiva, las demás violaciones cometidas durante ése procedimiento de ejecución que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Así mismo, cuando se trate del procedimiento de remate, se entenderá como última resolución, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Existiendo únicamente como excepciones a lo anterior el arresto como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes, o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena, o cuestiones autónomas a la ejecución, acorde con los criterios del máximo Tribunal del País. Lo anterior se ha establecido así, porque se ha considerado que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe ser obstaculizado por ser ése cumplimiento una cuestión de interés público. En tales circunstancias, debe entenderse que la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, sólo es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso aquellas que ordenan el archivo definitivo del expediente, siendo éstas la únicas determinaciones impugnables en amparo, máxime que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe obstaculizarse por ser de interés público. Ahora bien, examinados los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que el aquí quejoso figura como parte actora en la controversia de origen, en el señala se dictó sentencia definitiva, la cual al no haber sido impugnada por las partes, causó firmeza, por lo cual en ejecución de la misma, promovió los incidentes de liquidación de sentencia y cancelación de pensión alimenticia, como incidente sobre aprobación total y/o parcial de convenio; por lo cual es inconcuso que el expediente ***, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En ese tenor, y considerando que los actos reclamados en el presente asunto, lo constituyen los acuerdos de veintinueve de marzo del actual, dictados en los incidentes de liquidación de sentencia y cancelación de pensión alimenticia, como incidente sobre aprobación total y/o parcial de convenio, deducidos del Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado número ***, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar, a través de los cuales se desecharon sus respectivos recursos de revocación en contra de los autos que acordaron favorable la solicitud de su contraria respecto a la ampliación del periodo probatorio en las incidencias previamente señaladas, debe decirse que tales actuaciones no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, sino que únicamente tienden a preparar o lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, lo anterior es así, porque en ella no se declaró cumplida la sentencia ni se determinó la imposibilidad para acatarla, habida cuenta que conforme a los postulados que emergen del ya referido artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, se establece categóricamente que sólo podrá promoverse el amparo indirecto en tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En tal evento, resulta inconcuso que tales actos no constituyen la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución de sentencia, y será hasta que se dicte la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, cuando el justiciable estará en aptitud de acudir al juicio de amparo y, en su caso, exponer las eventuales transgresiones que considere se realizaron en el transcurso del procedimiento. Bajo esta tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, POR MANIFIESTA Y NOTORIA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MANUEL FLORES HERNÁNDEZ. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, con cédula profesional ***, debidamente inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos de la parte final, del segundo párrafo, del invocado numeral, esto es, únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, al resto de las personas que indica, en virtud de los dos primeros no tener debidamente registrada su cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y por lo que respecta a los últimos citados, por así solicitarlo el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías...

  3. Principal

    MESA IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

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