Manuel Fernández Ávila

Expediente 1209/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1209/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2016

Partes del expediente

  • Manuel Fernández Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    ... remítanse los autos originales que integran el presente asunto, así como el tomo de pruebas que obra por separado, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz...

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo presentada por Manuel Fernández Ávila, contra actos del Gobernador interino del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 4, 14, 16 y 27, Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 1209/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: ... la autorización para abrir un camino que partiría, abriendo una bifurcación del predio Los Riegos, en la fracción conocida como Besana 6, con superficie de dos mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados, treinta y siete decímetros cuadrados, protegido urbanísticamente y de uso restringido por mandato constitucional; impedido para perturbar el cauce natural del Río Las Ánimas, que se pretende atravesar por vía aérea, mediante la construcción de un puente "vehicular" que abriría el paso a un "sin número" de automotores provenientes del nuevo desarrollo habitacional-residencial denominado La Finca, cuyo fraccionamiento cuenta con autorización por el frente, teniendo una amplia salida y acceso al lugar, por lo que no está enclavado, ni rodeado, para que pudiera en su caso demanda el otorgamiento de una servidumbre de paso peatonal o vehicular." Ahora bien, de lo anterior, así como de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente del amparo señala que presenta la demanda de amparo en su carácter de ciudadano xalapeño, habitante del Fraccionamiento Las Ánimas, ex alcalde de Xalapa, ex diputado local de Xalapa y donante del predio que defiende. Asimismo, aduce que el inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz desde el nueve de noviembre de dos mil cinco, el cuál fue transferido en propiedad y posesión para su conservación y custodia como lo prevé el artículo 27 Constitucional, como área verde, sin que pueda cambiar el destino de beneficio social, para preservar y restaurar como garantía constitucional que tienen todos los mexicanos para nuestro desarrollo y bienestar en un ambiente sano, cuyo deterioro genera responsabilidad para las autoridades responsables, como lo prevé el artículo 4° Constitucional. También señala el quejoso que presenta la demanda de amparo con sustento en que cualquier ciudadano tiene derecho constitucional y legal para demandar lo que reclama, pues es en beneficio de todos los residentes de Xalapa, además porque la Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz en su artículo 1° establece que se trata de una legislación de orden público, que su observancia es obligatoria y que tiene como finalidad la conservación, preservación, restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable. Sin embargo, este Juzgado de Distrito considera que la demanda de amparo deviene improcedente de manera notoria e indudable, puesto que lo reclamado no afecta el interés jurídico, menos aún el legítimo de la parte quejosa, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° y 6°, primer párrafo, de la Ley de Amparo y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5° de la Ley de la Materia. Los artículos 5, fracción I y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo ... "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley ... El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa ... El texto anterior fue producto de la reforma constitucional de junio de dos mil once, en el que el Constituyente conservó el concepto de interés jurídico, incorporando la figura del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo; conceptos jurídicos que son distintos, pero que en uno o en otro caso deben acreditarse fehacientemente. Así, el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. Mientras que el interés legítimo no presupone una afectación directa a ese status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación, no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. En efecto, el interés legítimo puede definirse, pues, como aquel interés personal individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse si éste forma parte de una colectividad interesada, ya que de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Efectivamente, el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, debe señalarse que independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una más concreta respecto de él, como por ejemplo, tratándose de una licencia para construir un edificio, que es contraria a planes de desarrollo urbano, ésta afecta a todos los habitantes de una zona, pero directamente al vecino contiguo, quien por ese motivo podría sufrir alguna afectación individual que no tendrían el resto de los habitantes de esa zona, en la inteligencia de que esa afectación individual, sólo se da en la medida en que el afectado es integrante del grupo. En otras palabras, si el agravio es susceptible de individualizarse en persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará frente a un interés legítimo. En tal virtud, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En la inteligencia de que quedará en manos del juzgador aplicar dicha figura según las situaciones y supuestos de ese interés legítimo, conforme a los lineamientos que emita la Suprema Corte e interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. De tal manera que quien comparezca al juicio de amparo deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido... Pero en el caso, este Juzgado Federal considera que el quejoso cuenta únicamente con un interés simple para impugnar el acto reclamado, pero no jurídico, menos aún legítimo, puesto que busca sólo lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor, menos aún representa una colectividad, puesto que acude por su propio derecho. Se considera lo anterior, porque el quejoso afirma que las autoridades responsables al autorizar abrir un camino en el predio Los Riegos, en la fracción conocida como Besana 6, protegido, causa deterioro en el Río Las Ánimas que atraviesa dicho predio, le ocasiona un perjuicio a contar con un medio ambiente sano, porque la niñez, juventud y miembros de la tercera edad, es decir, la totalidad de los habitantes de Xalapa, resultarían afectados con el deterioro y destrucción del medio ambiente con lo reclamado. En ese contexto, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en esta entidad federativa de Veracruz, en específico a los residentes en la ciudad de Xalapa; sin embargo, la autorización para abrir un camino que a decir del quejoso, deteriorará el Río Las Ánimas que atraviesa el predio que se alude, no es susceptible de generar un perjuicio real y actual en los derechos del impetrante; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, la anulación del acto no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. En tal caso, a pesar de que a todos los habitantes del Fraccionamiento las Ánimas, del que refiere el quejoso pertenece, les interese la legalidad del acto realizado por el poder público, tal objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías, porque al ser global, se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente del citado fraccionamiento, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, que es necesario para acudir al juicio de amparo. Lo anterior se insiste, puesto que la reforma constitucional de junio de dos mil once, no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo, acuda al juicio de amparo, es decir, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. En efecto, el interés mostrado por el quejoso no llega a calificar como legítimo sino como simple, puesto que no se encuentran en una situación tal, en la que el acto reclamado permita considerarlo como "parte agraviada", en los términos que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que lo reclamado no le afecta directamente, sino de manera indirecta. Lo anterior, porque el quejoso no cuenta con un interés legítimo en relación con el acto reclamado en su demanda de amparo, toda vez que no lesionan su esfera jurídica, aún entendida en sentido amplio. En términos prácticos, no existe ningún indicio que indique que lo reclamado afecta al quejoso a título personal, pues no se demuestra de manera concreta -como lo exige el interés legítimo- que su esfera jurídica se vea afectada por el "hacer" de las autoridades, en algún aspecto de índole económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otro tipo. Por ello, su mera pertenencia al fraccionamiento Ánimas, no supone la actualización de un supuesto normativo que ingrese en su esfera jurídica, de tal forma que le permita hacer frente al orden jurídico y que, consecuentemente, las legitime para acudir al juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por el quejoso en el sentido de que presenta la demanda de amparo en su calidad de donante del predio que defiende, toda vez que del contenido de la copia certificada del instrumento público catorce mil novecientos veintidós (14,922), se advierte que el señor Manuel Fernández Chedraui fue quién donó las áreas verdes y áreas de equipamiento urbano del fraccionamiento de tercer orden denominado La Cañada (respecto del cual, a decir del quejoso, es donde se encuentra el Río que se afectaría con lo reclamado) al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz representado por el entonces Síndico Gerardo Martínez Ríos. Tampoco se soslaya la diversa manifestación del quejoso en el sentido de que el citado predio fue transferido en propiedad y posesión para su conservación y custodia como lo prevé el artículo 27 Constitucional al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz como área verde, sin que pueda cambiar el destino de beneficio social, para preservar un ambiente sano, puesto que se insiste el quejoso únicamente cuenta con un interés simple. En esas condiciones, el peticionario de garantías Manuel Fernández Ávila, carece de interés jurídico y/o legitimo para presentar la demanda de amparo materia de estudio... Es decir, el ejercicio de dicha facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el Juez de Distrito deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional, como en el caso acontece. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y por autorizados de su parte con las restricciones que establece el artículo 12 de la ley de la materia a Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez y Pilar Zárate Flores, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo, que anexó el promovente al ocurso que se provee. Notifíquese personalmente al quejoso...

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