Manuel Félix Macias, Tercer Regidor de Calpulalpan, Tlaxcala

Expediente 945/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
945/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Manuel Félix Macias, Tercer Regidor de Calpulalpan, Tlaxcala

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de once de julio de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, once de julio de dos mil veintitrés. Se recibe separación de juicios. Téngase por recibido el oficio número 23227/2023 signado por el Secretario de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual remite copias certificadas del juicio de amparo 928/2023-II-A, promovido por Manuel Félix Macías, en su carácter de Tercer Regidor del Municipio de Calpulalpan Tlaxcala, en el que declaró procedente la separación de juicios, respecto de los actos reclamados aludidos por el quejoso; por lo tanto, este Juzgado procede a proveer sobre la admisión de la demanda, únicamente por cuanto hace al acto reclamado consistente en la ejecución del cobro de la multa del crédito fiscal D.I.E. 2023/06/019. Radicación y admisión de demanda Ahora bien, vista la demanda de amparo que promueve Manuel Félix Macías, en su carácter de Tercer Regidor del Municipio de Calpulalpan Tlaxcala, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 945/2023-III. Se desecha demanda de amparo. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda, se aprecia que Manuel Félix Macías, en su carácter de Tercer Regidor del Municipio de Calpulalpan Tlaxcala, promueve demanda de amparo contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, el cual hizo consistir en: la ejecución del cobro de la multa del crédito fiscal D.I.E. 2023/06/019. Asimismo, de su escrito de demanda se advierte que no le ha sido embargado ningún bien mueble o inmueble. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción III, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". (.)". En ese tenor, se afirma que los actos que se reclaman en este juicio tiene el carácter de trámite en el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de créditos fiscales, ya que no puso fin al mismo, por el contrario, representa solo el inicio, por lo que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales. Por lo expuesto, se considera que el requerimiento de pago y embargo para el cobro del crédito fiscal D.I.E. 2023/06/019. No constituye el acto definitivo con el que se concluye el procedimiento -administrativo- de ejecución para el cobro de los mismos; así tampoco es un acto que le cause perjuicio de manera irreparable a los impetrantes, si se pondera que esto ocurrirá justamente hasta que: I. Embarguen bienes suficientes para, en su caso, enajenarlos al mejor postor en pública almoneda o adjudicarlos a favor de la hacienda pública estatal o municipal; o, II. Intervenir negociaciones con todo cuanto de hecho y por derecho les corresponda, mediante embargo de los ingresos necesarios para satisfacer el interés fiscal. Siendo que, en su caso, es esta última determinación administrativa la que constituiría la resolución definitiva con la que se concluiría el procedimiento administrativo correspondiente, y en contra de la cual, previa observación del principio de definitividad (artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo), sí sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción III, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lucrecia Zempoalteca González, toda vez que sí cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para oír y recibir notificaciones a Adela Sánchez García, por no contar con ese registro. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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