Manuel Federico Igual Blanco
Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Manuel Federico Igual Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por **********, tercero interesado en el juicio de amparo en que se actúa, se acuerda lo siguiente: Se tiene por autorizado al usuario "**********" para la consulta del expediente electrónico de este juicio, así como para realizar las notificaciones vía electrónica, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los escritos del tercero interesado, se acuerda: Se tiene por autorizado en amplios términos al licenciado**********, por así solicitarlo. Una vez que proporcione el nombre de usuario, se acordará lo procedentes respecto de la consulta electrónica que refiere. Finalmente, agréguense sin mayor proveído las manifestaciones que vierte en vía de alegatos; toda vez que la audiencia constitucional tuvo verificativo a las nueve horas con cincuenta y dos minutos, esto es, anterior a su presentación. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del quince de noviembre del dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 836/2023-VI, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec, Estado de México, y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados que obran en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, y de las autoridades responsables las que allegaron a sus informes justificados. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Período de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por vertidas las manifestaciones hechas valer en autos. Sin más alegatos pendientes por relacionar se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Se V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 836/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec, Estado de México, y otras autoridades. II. Por auto del tres de julio de esta anualidad se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número de expediente 836/2023-VI; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************; se solicitaron a las autoridades responsable sus respectivos informes con justificación, y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclamó una diligencia de emplazamiento que tuvo ejecución material en el territorio en el cual este resolutor ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: - El ilegal emplazamiento al juicio laboral ********************, del índice del Juzgado del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec, Estado de México en que la parte quejosa es la demandada, así como todo lo actuado, incluyendo la sentencia dictada en dicho juicio. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1.- Ejecutor del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México (foja 72). 2.- Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México (fojas 81 y 82). 3.- Secretaria Instructora del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México (foja 84 y 85) 4.- Notificador del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México (foja 86 y 87). Dado que, al rendir sus informes justificados así lo expresaron; manifestaciones que resultan suficientes para acreditar su certeza. Afirmación que se encuentra robustecida con los anexos que remitieron en sustento a la constitucionalidad del acto reclamado. Documentales que por ser públicas hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, no habiéndose invocado causa de improcedencia, ni de oficio advierte este órgano de control constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación respecto de la determinación que constituye el acto reclamado, los que se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en lo establecido por el artículo 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 58/201017, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830 de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ese sentido, la quejosa esencialmente expone en sus conceptos de violación en su escrito inicial de demanda, lo siguiente: - Que el actuario vulneró en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 constitucionales, pues no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de origen, en virtud de que no se cercioró fehacientemente de que en el lugar en donde se constituyó era el sitio en donde la hoy quejosa tenía su domicilio, y los elementos de convicción en que apoyo su razón, no fueron bastantes, congruentes y suficientes, para acreditar que en el domicilió en que acudió a realizar la diligencia efectivamente era el de la parte demandada, por lo que se trasgredió su garantía de seguridad jurídica al no existir certeza de que se haya emplazado precisamente a la demandada. - La autoridad responsable incumplió con los lineamientos establecidos para el llamamiento a juicio, previstos en los artículos 742, 743 y 752 de la Ley Federal del Trabajo. - Se incumplió con los lineamientos establecidos para el llamamiento a juicio al no haberse cerciorado que la persona con quien entendió la diligencia estaba capacitada y en plenas facultades para recibir documentos a nombre de la parte demandada, además de que no verifico que efectivamente laborara para dicha parte, pues este en ningún momento lo acredito con alguna identificación o documento que así lo constatara. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados conforme a las siguientes consideraciones. Los artículos 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos". "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;...". "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; el actuario asentará el nombre de la persona con la que se entiende la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación que ésta tiene con la persona que deba ser notificada y en su caso su puesto de trabajo; IV. Se deroga. V. Si en la casa o local señalado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución, asentando en su razón los medios de convicción de que la persona que deba ser notificada indudablemente habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación, y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se constituirá acompañado del trabajador y se cerciorará de que el local designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye, asentando las características exteriores de la casa, inmueble, local, o espacio físico en el que se realice la diligencia de notificación, y los medios por los que se cerciore de ser el domicilio buscado. En caso de no encontrarse la persona buscada asentará el nombre y apellidos de quien recibe la cédula de notificación y la relación que guarda con ésta o en su caso el puesto de trabajo que desempeña; si se rehúsa a dar su nombre o señalar la relación que tiene con la persona buscada, señalará la media filiación. En cualquier caso, los medios de convicción deben evidenciar que el domicilio corresponde al señalado para realizar la notificación y que la persona buscada habita, labora o tiene su domicilio en la casa o local en que se constituye. El actuario podrá anexar fotografías o cualquier otro documento físico o electrónico para robustecer los elementos de convicción de la constancia o razón que al efecto levante.". De los numerales transcritos, se advierte que la funcionaria adscrita al tribunal responsable, actuó siguiendo los lineamientos para la realización de un emplazamiento a juicio laboral, los cuáles son: Practicarse de manera personal en el domicilio que el actor hubiere señalado para ese efecto. El notificador tiene la obligación de cerciorarse de que el interesado vive, trabaja o tiene su domicilio en el lugar en el que ha de practicar la diligencia. Si al momento de presentarse, está presente el interesado o su representante, el actuario realizará la notificación, entregando copia de ésta, si se trata de persona moral, debe asegurarse que la persona con quien la entiende sea el representante legal de aquélla. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta, adjuntando una copia de la resolución. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoyó. Del análisis relacionado de los artículos en comentario, se evidencia que prevén de manera pormenorizada los requisitos que deben satisfacerse en la práctica del emplazamiento al juicio laboral, como son: que éste se notifique de manera personal y en el domicilio del demandado, que el notificador se cerciore de que ahí vive la persona a quien se dirige, que la diligencia se entienda con el propio destinatario o, si no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; el actuario asentará el nombre de la persona con la que se entiende la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación que ésta tiene con la persona que deba ser notificada y en su caso su puesto de trabajo; todos estos elementos son suficientes para crear convicción y certeza de que se da a conocer al gobernado el procedimiento instaurado en su contra y, además, garantizan la adecuada y oportuna defensa que, como etapa previa al acto de privación, debe otorgarse al afectado en cumplimiento a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, en especial el aspecto referente al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el emplazamiento es un acto personal que entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda el derecho humano de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades, sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal. Con base en lo anterior, debe decirse que no le asiste razón a la parte quejosa por cuanto a que el notificador adscrito al tribunal responsable, llevó a cabo el emplazamiento en forma ilegal, puesto que contrariamente a su manifestación, el funcionario en el momento de presentarse en el domicilio señalado por el actor para llevar a cabo el emplazamiento en cuestión describió lo siguiente: Por otra parte, debe destacarse que si bien es cierto, la quejosa refiere que el fedatario no se cercioró fehacientemente de que en el lugar en donde se constituyó era el sitio en donde la hoy quejosa tenía su domicilio, y los elementos de convicción en que apoyo su razón, no fueron bastantes, congruentes y suficientes, para acreditar que en el domicilió en que acudió a realizar la diligencia efectivamente era el de la parte demandada, por lo que se trasgredió su garantía de seguridad jurídica al no existir certeza de que se haya emplazado precisamente a la demandada, y que incumplió con los lineamientos establecidos para el llamamiento a juicio, previstos en los artículos 742, 743 y 752 de la Ley Federal del Trabajo; también lo es que resulta ser suficiente el hecho de que el actuario se haya cerciorado que en el domicilio en que se constituyó, era el señalado por parte de la actora para la práctica de la diligencia de emplazamiento a la parte demandada, y que la persona que la atendió, reconoció el inmueble buscado, y como en el que se ubica la persona buscada -demandada-, así como con los diferentes medios de convicción que la llevaron a tal convencimiento. Aunado a que el funcionario designado para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, además de desahogar esa actuación judicial con la fe pública derivada de su encargo, corroboró su dicho con fotografías del lugar en el cual realizó la diligencia encomendada y el quejoso no lo desvirtuó, entonces, se concluye que se practicó con apego a derecho y, por ende, no es violatoria de derechos fundamentales. De lo que se desprende que efectivamente el funcionario adscrito a dicho tribunal, efectuó el emplazamiento en comento, siguiendo los lineamientos que se le trazan en los numerales 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, es decir que fue realizado conforme a derecho y no en forma contraria a las disposiciones aplicables como lo aduce el quejoso, pues se encuentra respaldado con la fe judicial que se confiere al Notificador Judicial, en virtud de que por la fe pública que se les confiere en el ejercicio de sus atribuciones, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, sin que se viole derecho alguno al respecto, pues se advierte que se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento como lo marca la ley. Ahora, la parte quejosa funda sus conceptos de violación, especialmente en que no fue emplazada al juicio laboral que nos ocupa; sin embargo, cabe hacer mención que no desvirtuó con prueba alguna que el domicilio en el que la funcionaria adscrita a dicho tribunal llevó a cabo el emplazamiento en comento, sea distinto al que dice tener su establecimiento, por lo que el emplazamiento en cuestión debe tenerse como correctamente realizado. Además no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 58/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, materia Civil, página 1034, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95)". Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado. QUINTO. Por otra parte, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para seguir conociendo y resolver, respecto del acto reclamado consistente en la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, de conformidad con los artículos 33, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación; Los tribunales colegiados de circuito; III. Los tribunales unitarios de circuito; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con lja residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" De los preceptos invocados, se puede dilucidar claramente que las sentencias definitivas o laudos, son aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario; actos éstos que deben ser del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se combatan en la vía de amparo; es decir, estamos ante la regla para la procedencia del juicio de amparo directo. De esta forma tenemos que, cuando se reclamen sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda medio ordinario de defensa alguno, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido, corresponde a dichos órganos -Tribunales Colegiados de Circuito-. En el caso, el acto reclamado consiste en la sentencia dictada en el juicio laboral de origen, respecto de la cual, conforme a la Ley Federal del Trabajo, no procede medio de defensa alguno. En efecto, el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, textualmente impone: "Artículo 848. Los Tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones salvo aquellas que se combatan a través del Recurso de Reconsideración que contempla esta Ley." Luego, como contra la sentencia emitida en un juicio laboral de origen, no procede recurso alguno y, si en el caso, el acto impugnado en esta vía lo constituye precisamente la sentencia decretada en el juicio laboral de origen, es incontrovertible que este juzgado federal carece de competencia legal para resolver lo que en derecho corresponda respecto del mismo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que en el caso se advierte que la parte quejosa, esgrimió argumentos tendentes a controvertir el contenido de la citada sentencia, por lo cual es evidente que al reclamar tal determinación por vicios propios, resulta procedente la remisión a dicho órgano jurisdiccional. Tiene aplicación la jurisprudencia con número de registro 164073, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 9, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." En mérito de lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para seguir conociendo y resolver del presente juicio de amparo, únicamente por lo que respecta al acto reclamado consistente en la sentencia dictado en el juicio laboral ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que ésta, a su vez, lo turne al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno para que resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Segundo. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para seguir conociendo y resolver del presente juicio de amparo, únicamente por lo que respecta a la sentencia dictada en el expediente laboral ********************; en consecuencia, una vez que se declare firme la presente sentencia, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que ésta, a su vez, lo turne al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que resuelva lo que en derecho corresponda, de conformidad con el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el lunes dieciséis, martes diecisiete, miércoles dieciocho, jueves diecinueve, viernes veinte, lunes veintitrés, martes veinticuatro, miércoles veinticinco, jueves veintiséis y el viernes veintisiete, todos del mes de octubre de dos mil veintitrés, se declararon inhábiles por causas de fuerza mayor en términos del artículo 9, fracciones XIII y XIV, así como del diverso numeral 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que no transcurren términos judiciales en los citados días. Por tanto, toda vez que se encontraban señaladas las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de octubre de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, se difiere la misma y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del quince de noviembre del dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la autoridad responsable, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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