Manuel Espinoza Arroyo
Expediente 1259/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Espinoza Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional. Se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.
- Principal
Notificación por lista a la parte queosa.- Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por la Jueza Octavo Menor Civil con residencia en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre del año en curso. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS. Toda vez que del estado de autos se advierte que la autoridad responsable de mérito, anexó constancias del juicio ejecutivo mercantil 279/2017-M, de donde se observa que mediante auto de dos de octubre del presente año se decretó la caducidad de la instancia y que al oficio de cuenta se remitió el auto de trece de octubre siguiente en donde se declaró firme dicho proveído, se acuerda: Del análisis integral de la demanda, pone de manifiesto que, en la especie, el acto que el impetrante Manuel Espinoza Arroyo, tilda de inconstitucional es orden de embargo en el domicilio ubicado en calle Lago de Magdalena número 301-B de la colonia Lomas de la Trinidad de esta ciudad; y su ejecución, actos que se atribuyeron a las responsables Juez Octavo Menor Civil, Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común y Director General de Policía Municipal, todos con residencia en esta ciudad. Con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR Manuel Espinoza Arroyo, por advertirse actualizada de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la ley en cita. El dispositivo 61 de la Ley de la materia, en su fracción XXI, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [....] Sobre esta causal de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre las que se encuentran las siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443)." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos. (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De ahí que se afirme que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al promovente en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del impetrante, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los ordinales 61, fracción XXI y 77 de la Ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, Manuel Espinoza Arroyo, acudió al presente juicio, impugnando la orden de embargo y su ejecución en el domicilio ubicado en calle Lago de Magdalena número 301-B de la colonia Lomas de la Trinidad de esta ciudad; actos que atribuyó a las responsables Juez Octavo Menor Civil, Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común y Director General de Policía Municipal, todos con residencia en esta ciudad. Ahora bien, la autoridad Juez Octavo Menor Civil de este Partido Judicial, adjuntó copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 279/2017-M, de su índice, de las que se advierte que mediante proveído de dos de octubre del presente año se decretó la caducidad de la instancia y por tanto, la diligencia de embargo realizada se desaprobó, dejándose sin efecto legal alguno, auto que quedó firme mediante proveído de trece del presente mes y año, al no interponerse recurso en su contra. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, al ser documentos públicos, calidad que se obtiene por la existencia de sellos y firmas en su exterior y haber sido expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, Quinta Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, si el accionante de la tutela federal reclama la orden de embargo y su ejecución en el domicilio ubicado en calle Lago de Magdalena número 301-B de la colonia Lomas de la Trinidad de esta ciudad, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues en el caso de una concesión de la justicia de la Unión, sería imposible restituir al peticionario las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, toda vez que, su situación jurídica regresó al estado en que se encontraba antes de la promoción del presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, es que se estima actualizada de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio Cuerpo Normativo, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA PROMOVIDO POR Manuel Espinoza Arroyo. Lo que precede encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Novena Época, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 2a./J. 10/2003, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SIN EFECTOS AUDIENCIA. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos las diez horas con veinticuatro minutos del día trece de noviembre del año en curso, señalado para la audiencia constitucional del juicio. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Bertha Patricia Orozco Hernández, que autoriza. Kns
- Principal
Agréguense a los autos los oficios enviados por las autoridades responsables Juez Octavo Menor Civil y Director General de Policía Municipal, ambos con residencia en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo informe justificado y remitiendo el primero de los mencionados, constancias de donde emana el acto reclamado, con los que se ordena dar vista a las partes y relacionarlos en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Juez Octavo Menor Civil, con sede en esta ciudad, anexa constancias del juicio ejecutivo mercantil 279/2017-M, de donde se advierte que mediante auto de dos de octubre del presente año, se decretó la caducidad de la instancia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de amparo, se le requiere para que en el plazo de TRES DÍAS, remita copia certificada del auto en donde haya causado estado dicha caducidad o en su caso las correspondientes en relación a la misma. Se le apercibe que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia.
- Incidental
SE RESUELVE: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva.
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