Manuel Escalona Barradas

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Manuel Escalona Barradas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, mediante el cual informa que quedó firme el auto por el que desechó el recurso de revisión interpuesto en contra del auto dictado en este asunto y remite los autos originales. Acuse de recibo. En tales condiciones, acúsese recibo. Archivo y anotaciones. En consecuencia al no existir cuestión pendiente por tramitar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio de la superioridad por el que hizo del conocimiento de este juzgado el desechamiento del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, al que le correspondió el amparo en revisión 355/2022. Solicitud. En tales condiciones, se solicita de la manera más atenta al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, que de no mediar inconveniente, informe a este órgano jurisdiccional si dicha determinación ya causó estado y en caso afirmativo, si se encuentra en posibilidad de remitir los autos originales a efecto de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual solicita le sea proporcionado el número de registrado correspondiente a los oficios respecto de los cuales se requirió copia certificada del acuse de recibo. Por tanto, realícese la búsqueda de los registros solicitados y, una vez que se tenga dicha información remítase a la dependencia compareciente. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, José de la Cerda Saucedo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se digitalizan: Y por escrito aclaratorio señaló lo siguiente: SEGUNDO. Trámite del incidente. Previo desechamiento y recurso de queja interpuesto en contra del mismo, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 943/2020-VIII, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a la autoridad responsable su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental la cual se resuelve en la presente interlocutoria. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: El lanzamiento del inmueble ordenado en la causa penal 882/2020. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se presumen ciertos los actos reclamados con independencia que la autoridad ejecutora lo negara y la ordenadora fuera omisa pese haber sido notificada del auto mediante el cual se solicitó su informe previo. Además, es un hecho notorio que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo 666/2020, de donde se advierte la certeza del mismo. Sustentado lo anterior en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." CUARTO. Suspensión improcedente. La parte quejosa comparece en calidad de tercera extraña a la causa penal 882/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del sistema Acusatorio y Oral del Distrito de Torreón, del cual reclama el lanzamiento de un inmueble que dice era de su posesión. En tales condiciones, para la concesión de la suspensión mencionada, debe atenderse a las hipótesis que los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, prevén, así como en términos del artículo 138 de la citada Ley de Amparo, al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Se aplica al caso, por identidad de razón, dado que no se contrapone con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la tesis jurisprudencial 204/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, registro electrónico 165694, que expresa: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En esas condiciones, el artículo 128 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia prevé los requisitos siguientes: a) Que la solicite el agraviado b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer supuesto queda satisfecho, en cuanto a que la medida suspensional fue solicitada por la parte quejosa en el escrito de demanda; sin embargo; no exhibe documental que acredite presuntivamente ese derecho de posesión que aduce tener. Para demostrar esto, cabe destacar que la quejosa hace referencia a un video en donde dice se advierte el desalojó, sin embargo, ello no acredita indiciaria o presuntivamente algún derecho real con el inmueble de trato. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, abril de 2009, materia común, página 515, del epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien". En efecto, el video que dice contiene la memoria usb es insuficiente para acreditar el interés suspensional de la quejosa respecto del domicilio donde aduce se ejecutó el acto reclamado, pues por sí solas no acreditan la propiedad y posesión que indica tener sobre el bien inmueble en cuestión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXVI, Quinta época, página 4623, que dice: "SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Si la quejosa se ostenta con el carácter de extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, sin demostrar si quiera de una manera presuntiva, su interés jurídico para obtener la suspensión, ésta debe negarse; puesto que si el único documento que acompañó a su demanda, es el testimonio del acta de matrimonio celebrado entre ella y el demandado en el juicio, y de ese documento no aparece que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de sociedad legal, sino únicamente de acuerdo con la Ley de Relaciones Familiares de nueve de abril de mil novecientos diecisiete, es bien sabido que esta ley presupone el régimen de separación de bienes, cuando las partes contratantes, o sea los cónyuges, no estipulan expresamente a qué régimen se acogen, por lo que dicho acto no puede conceptuarse como un principio de prueba, y siendo la quejosa extraña al procedimiento en donde se dictó el acto reclamado, se está en el caso de aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para concluir que no procede la suspensión solicitada, en virtud de que no es posible apreciar, por la falta de demostración de ese interés, el perjuicio que pudiera resultarle con la ejecución del acto, y por tanto, no ha quedado satisfecho el requisito de la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo." Como, el criterio sustentado en la jurisprudencia visible en la página 3069, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1988, Segunda parte, Salas y tesis comunes, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Los extraños a un juicio deben probar, aunque sea de una manera presuntiva, el interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado, y si no lo hacen así, la suspensión debe negarse". En ese contexto, al no haberse acreditado el segundo de los requisitos precitados, resulta innecesario analizar los demás a que se refieren los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, por lo antes expuesto, procede negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, dado que no se satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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