Manuel Ernesto Vargas Baez

Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
170/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Manuel Ernesto Vargas Baez
  • Manuel Ernesto Vargas Baez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado y se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, en sus fracciones I) y III), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 170/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaEn Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 170/2023-VI, promovido por *******, por su propio derecho y en carácter de propietario del negocio *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado en la misma fecha, *******, por su propio derecho y en carácter de propietario del negocio *******, promovió juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades responsables.SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 13, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración del escrito de la demanda de amparo, la cual se registró con el número 170/2023; el uno de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos sendos diferimientos, se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción.SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama, lo siguiente:Al Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del decreto LXVII/APLlM/0440/2022 I P.O., específicamente el articulo 82 referente a la tarifa de inspección anual contenida en los numerales 1, 2, 2.1, 2.2., 2.3, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.A la Gobernadora y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación del decreto impugnado.Del Ayuntamiento, Presidente, Tesorero, Director de Ingresos del Municipio de Juárez, Director de Desarrollo Urbano, Director de Protección Civil del Municipio de Juárez, y Director de Comercio, todos del Municipio de Juárez, la aplicación de la normatividad reclamada.TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Director General de Desarrollo Urbano, Director General de Protección Civil y Director de Regulación Comercial, todos del Municipio de Juárez, en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron expresa y categóricamente la existencia de los actos reclamados, argumentando que no está dentro de sus facultades el establecer costos en relación a las inspecciones o verificaciones físicas en los establecimientos; y que por ende, no han requerido pago alguno al quejoso, por tal concepto.Por su parte, las autoridades responsables, Presidente Municipal, y del Ayuntamiento, así como la Tesorera y Directora de Ingresos, todos del Municipio de Juárez, en su informe de ley, indicaron que resultaba cierto el acto de aplicación del decreto impugnado de inconstitucional que les atribuye la parte quejosa, para lo cual en esencia señalaron que el artículo 64, fracción II del Código Municipal del Estado de Chihuahua, faculta a la Tesorería Municipal a cobrar el dictamen de verificación anual para establecimientos con actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de aquéllas, para lo cual se auxilia de la Dirección de Ingresos de conformidad con lo dispuesto por los numerales 27 fracción I y 28, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio Juárez; y que no existe impedimento alguno para que el Municipio cobre derechos con motivo de la inspección anual en establecimiento o locales, cuyos giros sean los mencionados. Sin embargo, señalan que no han requerido o cobrado al solicitante de protección de derechos humanos por sí o como propietario del negocio con razón social -*******-, pago alguno por concepto de inspección anual en términos del decreto reclamado, ni el quejoso ha acudido a realizar ningún pago; por ende, su afirmación se desvirtúa.Además, no existen pruebas a ese respecto, es decir, que demuestren que las responsables en cita aplicaron a la parte quejosa las normas del decreto que refuta de ilegal, por consiguiente, necesariamente deben tenerse como inexistentes los actos de aplicación del decreto atacado de inconstitucional reclamados a las responsables de que se trata. Para fundamentar lo expuesto e interpretada en sentido contrario, se cita la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, editado en julio de 1994, registro 211004, de contendido: -ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe-. En las condiciones existentes, se pone de manifiesto que los actos de aplicación de las normas generales impugnadas a las responsables de que se trata, no existen, sin que la impetrante de amparo aportara prueba idónea y eficaz que desvirtúe las negativas, no obstante la vista que se le dio con los informes justificados. Panorama ante el cual, se está en aptitud de no analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los eventos impugnados, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio, en primer lugar los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de aquéllos y luego, los medios de convicción encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales; sin que exista motivo alguno, que releve a la amparista de la carga de desvirtuar las negativas que de los actos reclamados hicieron las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de los mismos, en el caso como se dijo, no se aportó prueba de cualquier naturaleza para desvirtuar la negación de las responsables. Al respecto, se invoca la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en febrero de 2002, registro digital 187728, de contenido: -PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean -necesarias para apoyar dicho informe-, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo-. En las relatadas condiciones, se tienen por inexistentes los actos reclamados a las autoridades municipales y con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio y únicamente en cuanto a las autoridades indicadas en este considerando. Para dar sustento a lo expuesto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Segunda Sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dice: -INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo-. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. El Congreso, Gobernadora y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos en el ámbito de su respectiva competencia. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, de agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las hipótesis de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado a la Gobernadora y Secretario General de Gobierno ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación de la normatividad tildada de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de las citadas autoridades, la publicación de la normatividad impugnada; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con el refrendo y publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación a la publicación de los preceptos normativos reclamados, atribuida a las referidas responsables, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. II. Improcedencia del juicio de amparo prevista el artículo 61 fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. También, se advierte que se actualiza el diverso motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que dispone: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I.; XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .-. Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia, establece: -Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.-. En el caso la amparista impugna el decreto mediante el cual para el Municipio Juárez, se instituye el derecho de inspección anual para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, el que considera que se trata de una ley autoaplicativa ya que afirma que por su sola entrada en vigor afecta su interés jurídico por encontrarse en los supuestos de la norma. Tomando en cuenta lo expuesto y dado el sentido de esta sentencia, se hace necesario distinguir a las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, para lo cual conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, pues crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por su parte, el concepto de individualización es un elemento de referencia objetivo necesario para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición atacada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, evento que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso, comprende al suceso jurídico emanado de la voluntad del propio particular y relacionado al hecho jurídico, puede ser ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal, por consiguiente, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, entonces se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Lo que encuentra sustento, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3738, del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro digital 1004936, de contenido: -LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento-. De lo narrado, se destaca que cuando se pretenda impugnar una ley heteroaplicativa, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma, es decir, después de la realización del suceso necesario con el que adquirió individualización, acto que puede ser, como se dijo, de carácter administrativo o jurisdiccional e incluso, jurídico emanado de la voluntad del propio particular, con lo que se sitúa en la hipótesis legal. Ahora bien, el decreto que nos ocupa se trata de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, toda vez que el acto de aplicación de la norma que rige el derecho consagrado como inspección anual relativa al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se actualiza cuando se realice una inspección o se efectúa un pago por dicho concepto, o bien que la autoridad correspondiente requiera del mismo con fundamento en los preceptos de la ley de ingresos para el Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, para el período fiscalizador en cita que se reclamó. Cabe agregar, que las leyes de carácter heteroaplicativo son disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condiciona su individualización, pues la aplicación jurídica material de la norma, es un caso concreto que se halla sometida a la realización de ese evento y al tratarse de una inspección anual el suceso reclamado de inconstitucional, para que cause perjuicio al gobernado, se requiere de un acto realizado por la autoridad respectiva aplicando los preceptos de aquella, o que se le requiera de la liquidación o bien lo erogue el mismo por el indicado concepto. Todo lo cual, se sustenta en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 167, del Volumen 103-108 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registros digitales 800696 y 800694, que disponen: -LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. La ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existen individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento: si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación-. -LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma-. De igual manera, cabe decir que tratándose del amparo contra leyes es necesario que el acto de aplicación sea actual y que la quejosa se hubiese ubicado en la hipótesis normativa, mismo que debe causar un perjuicio en su esfera jurídica, no únicamente hipotética o probablemente, sino como se dijo tiene que ser real y actual. Para fundamentar lo anterior, se invoca la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Precedentes Relevantes, Volumen 2, página 1238, que dice: -LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE. Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales aquéllos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio contrario se permitiría el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizarán los perjuicios de la ley, situación técnicamente inadecuada-. Ahora bien, se reitera que la parte quejosa impugna de inconstitucional el decreto que establece la inspección anual para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, del Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, el cual, contrario a lo expuesto por la impetrante de derechos fundamentales, no se trata de una norma general autoaplicativa, sino de carácter heteroaplicativa, como se determinó. Al respecto, a su demanda acompañó como pruebas: copia certificada de la licencia ******* de funcionamiento en base al uso del suelo para establecimientos comerciales, de servicios e industriales de diez de mayo de dos mil veintiuno, con data de renovación veintisiete de febrero de dos mil veintidós, control número *******, expedida por la Directora General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Juárez, de la que se advierte como nombre del negocio -*******-, actividad -*******-, propietario ******* y copia simple de la credencial para votar, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a nombre del amparista. A la primer documental, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por un ente público con motivo y en ejercicio de sus funciones y a la segunda, valor de indicio. Medios de convicción aportados, que resultan insuficientes para concluir que se hayan aplicado a la parte impetrante de amparo las normas que ataca de inconstitucionales y así, que se hubiese perfeccionando la hipótesis que haga procedente el amparo por haberle causado un perjuicio en sus derechos fundamentales, ya que como se determinó las normas contenidas en el decreto combatido son de naturaleza heteroaplicativa; insistiendo, que no obstante el valor de las pruebas aportadas, no resultan suficientes para demostrar que a la quejosa o bien a la persona moral amparista, se les hayan aplicado los supuestos del Decreto combatido. Lo anterior es así, toda vez que con la autorización de funcionamiento, se acredita únicamente la existencia del negocio del que se ostenta como dueño y que cuenta con autorización para funcionar con actividad de cervecería y salón de juegos; sin embargo, no obstante que demuestra el interés para instar, con ello no justifica que el decreto reclamado le haya sido impuesto, se le practicara una inspección anual y se le exija el pago de la ésta de conformidad con la norma impugnada de inconstitucional. Además, se insiste que los sujetos que se consideren afectados por el Decreto que se impugna de inconstitucional, para comprobar el acto de aplicación de aquél, como se señaló, deben no sólo demostrar que están bajo los supuestos del mismo, sino que deben justificar que la aplicación de la norma les depara una violación a sus derechos fundamentales, pues de no hacerlo debe sobreseerse el juicio de amparo al resultar improcedente y no es suficiente, que la quejosa afirme que se encuentra bajo las hipótesis del decreto redargüido de inconstitucional, sino que, es necesario que demuestre que por virtud de su aplicación se le hubiese obligado a erogar algún monto o bien, se le requiriera de pago, situación que en el caso no acontece. Por todo lo expuesto, como se precisó no puede establecerse que se acredita el acto de aplicación del Decreto que se reclama de inconstitucional que es de naturaleza heteroaplicativa, pues como se anticipó para que esto suceda es necesario que acredite un acto realizado por la autoridad correspondiente, o bien, el pago que por dicho concepto se hubiese hecho, con lo cual se implica la posible afectación en la esfera de los derechos de funcionamiento de la quejosa. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 191, del Volumen109-114, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, registro digital 232686, que dice: -INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo-. Así como la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3725, del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice 2011, Octava Época, registro digital 1004923, que dice: -LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. En tal orden de ideas, al no causar un perjuicio a la solicitante de protección de derechos humanos el Decreto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo en estudio. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la citada legislación, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas, pues no modificarían en nada el sentido de la presente resolución.Para fundamentar lo dicho, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en agosto de 1998, que señala:-SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.-Como en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis.Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice:-SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio-.Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se:R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, por su propio derecho y en carácter de propietario del negocio *******, en términos de lo expuesto en el tercer y último considerando de la presente determinación.Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: SentenciaEn Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 170/2023-VI, promovido por *******, por su propio derecho y en carácter de propietario del negocio *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado en la misma fecha, *******, por su propio derecho y en carácter de propietario del negocio *******, promovió juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades responsables.SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 13, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración del escrito de la demanda de amparo, la cual se registró con el número 170/2023; el uno de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos sendos diferimientos, se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción.SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama, lo siguiente:Al Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del decreto LXVII/APLlM/0440/2022 I P.O., específicamente el articulo 82 referente a la tarifa de inspección anual contenida en los numerales 1, 2, 2.1, 2.2., 2.3, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.A la Gobernadora y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación del decreto impugnado.Del Ayuntamiento, Presidente, Tesorero, Director de Ingresos del Municipio de Juárez, Director de Desarrollo Urbano, Director de Protección Civil del Municipio de Juárez, y Director de Comercio, todos del Municipio de Juárez, la aplicación de la normatividad reclamada.TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Director General de Desarrollo Urbano, Director General de Protección Civil y Director de Regulación Comercial, todos del Municipio de Juárez, en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron expresa y categóricamente la existencia de los actos reclamados, argumentando que no está dentro de sus facultades el establecer costos en relación a las inspecciones o verificaciones físicas en los establecimientos; y que por ende, no han requerido pago alguno al quejoso, por tal concepto.Por su parte, las autoridades responsables, Presidente Municipal, y del Ayuntamiento, así como la Tesorera y Directora de Ingresos, todos del Municipio de Juárez, en su informe de ley, indicaron que resultaba cierto el acto de aplicación del decreto impugnado de inconstitucional que les atribuye la parte quejosa, para lo cual en esencia señalaron que el artículo 64, fracción II del Código Municipal del Estado de Chihuahua, faculta a la Tesorería Municipal a cobrar el dictamen de verificación anual para establecimientos con actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de aquéllas, para lo cual se auxilia de la Dirección de Ingresos de conformidad con lo dispuesto por los numerales 27 fracción I y 28, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio Juárez; y que no existe impedimento alguno para que el Municipio cobre derechos con motivo de la inspección anual en establecimiento o locales, cuyos giros sean los mencionados. Sin embargo, señalan que no han requerido o cobrado al solicitante de protección de derechos humanos por sí o como propietario del negocio con razón social -*******-, pago alguno por concepto de inspección anual en términos del decreto reclamado, ni el quejoso ha acudido a realizar ningún pago; por ende, su afirmación se desvirtúa.Además, no existen pruebas a ese respecto, es decir, que demuestren que las responsables en cita aplicaron a la parte quejosa las normas del decreto que refuta de ilegal, por consiguiente, necesariamente deben tenerse como inexistentes los actos de aplicación del decreto atacado de inconstitucional reclamados a las responsables de que se trata. Para fundamentar lo expuesto e interpretada en sentido contrario, se cita la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, editado en julio de 1994, registro 211004, de contendido: -ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe-. En las condiciones existentes, se pone de manifiesto que los actos de aplicación de las normas generales impugnadas a las responsables de que se trata, no existen, sin que la impetrante de amparo aportara prueba idónea y eficaz que desvirtúe las negativas, no obstante la vista que se le dio con los informes justificados. Panorama ante el cual, se está en aptitud de no analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los eventos impugnados, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio, en primer lugar los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de aquéllos y luego, los medios de convicción encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales; sin que exista motivo alguno, que releve a la amparista de la carga de desvirtuar las negativas que de los actos reclamados hicieron las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de los mismos, en el caso como se dijo, no se aportó prueba de cualquier naturaleza para desvirtuar la negación de las responsables. Al respecto, se invoca la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en febrero de 2002, registro digital 187728, de contenido: -PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean -necesarias para apoyar dicho informe-, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo-. En las relatadas condiciones, se tienen por inexistentes los actos reclamados a las autoridades municipales y con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio y únicamente en cuanto a las autoridades indicadas en este considerando. Para dar sustento a lo expuesto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Segunda Sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dice: -INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo-. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. El Congreso, Gobernadora y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos en el ámbito de su respectiva competencia. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, de agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las hipótesis de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado a la Gobernadora y Secretario General de Gobierno ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación de la normatividad tildada de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de las citadas autoridades, la publicación de la normatividad impugnada; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con el refrendo y publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación a la publicación de los preceptos normativos reclamados, atribuida a las referidas responsables, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. II. Improcedencia del juicio de amparo prevista el artículo 61 fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. También, se advierte que se actualiza el diverso motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que dispone: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I.; XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .-. Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia, establece: -Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.-. En el caso la amparista impugna el decreto mediante el cual para el Municipio Juárez, se instituye el derecho de inspección anual para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, el que considera que se trata de una ley autoaplicativa ya que afirma que por su sola entrada en vigor afecta su interés jurídico por encontrarse en los supuestos de la norma. Tomando en cuenta lo expuesto y dado el sentido de esta sentencia, se hace necesario distinguir a las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, para lo cual conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, pues crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por su parte, el concepto de individualización es un elemento de referencia objetivo necesario para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición atacada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, evento que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso, comprende al suceso jurídico emanado de la voluntad del propio particular y relacionado al hecho jurídico, puede ser ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal, por consiguiente, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, entonces se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Lo que encuentra sustento, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3738, del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro digital 1004936, de contenido: -LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento-. De lo narrado, se destaca que cuando se pretenda impugnar una ley heteroaplicativa, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma, es decir, después de la realización del suceso necesario con el que adquirió individualización, acto que puede ser, como se dijo, de carácter administrativo o jurisdiccional e incluso, jurídico emanado de la voluntad del propio particular, con lo que se sitúa en la hipótesis legal. Ahora bien, el decreto que nos ocupa se trata de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, toda vez que el acto de aplicación de la norma que rige el derecho consagrado como inspección anual relativa al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se actualiza cuando se realice una inspección o se efectúa un pago por dicho concepto, o bien que la autoridad correspondiente requiera del mismo con fundamento en los preceptos de la ley de ingresos para el Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, para el período fiscalizador en cita que se reclamó. Cabe agregar, que las leyes de carácter heteroaplicativo son disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condiciona su individualización, pues la aplicación jurídica material de la norma, es un caso concreto que se halla sometida a la realización de ese evento y al tratarse de una inspección anual el suceso reclamado de inconstitucional, para que cause perjuicio al gobernado, se requiere de un acto realizado por la autoridad respectiva aplicando los preceptos de aquella, o que se le requiera de la liquidación o bien lo erogue el mismo por el indicado concepto. Todo lo cual, se sustenta en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 167, del Volumen 103-108 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registros digitales 800696 y 800694, que disponen: -LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. La ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existen individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento: si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación-. -LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma-. De igual manera, cabe decir que tratándose del amparo contra leyes es necesario que el acto de aplicación sea actual y que la quejosa se hubiese ubicado en la hipótesis normativa, mismo que debe causar un perjuicio en su esfera jurídica, no únicamente hipotética o probablemente, sino como se dijo tiene que ser real y actual. Para fundamentar lo anterior, se invoca la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Precedentes Relevantes, Volumen 2, página 1238, que dice: -LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE. Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales aquéllos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio contrario se permitiría el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizarán los perjuicios de la ley, situación técnicamente inadecuada-. Ahora bien, se reitera que la parte quejosa impugna de inconstitucional el decreto que establece la inspección anual para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, del Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, el cual, contrario a lo expuesto por la impetrante de derechos fundamentales, no se trata de una norma general autoaplicativa, sino de carácter heteroaplicativa, como se determinó. Al respecto, a su demanda acompañó como pruebas: copia certificada de la licencia ******* de funcionamiento en base al uso del suelo para establecimientos comerciales, de servicios e industriales de diez de mayo de dos mil veintiuno, con data de renovación veintisiete de febrero de dos mil veintidós, control número *******, expedida por la Directora General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Juárez, de la que se advierte como nombre del negocio -*******-, actividad -*******-, propietario ******* y copia simple de la credencial para votar, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a nombre del amparista. A la primer documental, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por un ente público con motivo y en ejercicio de sus funciones y a la segunda, valor de indicio. Medios de convicción aportados, que resultan insuficientes para concluir que se hayan aplicado a la parte impetrante de amparo las normas que ataca de inconstitucionales y así, que se hubiese perfeccionando la hipótesis que haga procedente el amparo por haberle causado un perjuicio en sus derechos fundamentales, ya que como se determinó las normas contenidas en el decreto combatido son de naturaleza heteroaplicativa; insistiendo, que no obstante el valor de las pruebas aportadas, no resultan suficientes para demostrar que a la quejosa o bien a la persona moral amparista, se les hayan aplicado los supuestos del Decreto combatido. Lo anterior es así, toda vez que con la autorización de funcionamiento, se acredita únicamente la existencia del negocio del que se ostenta como dueño y que cuenta con autorización para funcionar con actividad de cervecería y salón de juegos; sin embargo, no obstante que demuestra el interés para instar, con ello no justifica que el decreto reclamado le haya sido impuesto, se le practicara una inspección anual y se le exija el pago de la ésta de conformidad con la norma impugnada de inconstitucional. Además, se insiste que los sujetos que se consideren afectados por el Decreto que se impugna de inconstitucional, para comprobar el acto de aplicación de aquél, como se señaló, deben no sólo demostrar que están bajo los supuestos del mismo, sino que deben justificar que la aplicación de la norma les depara una violación a sus derechos fundamentales, pues de no hacerlo debe sobreseerse el juicio de amparo al resultar improcedente y no es suficiente, que la quejosa afirme que se encuentra bajo las hipótesis del decreto redargüido de inconstitucional, sino que, es necesario que demuestre que por virtud de su aplicación se le hubiese obligado a erogar algún monto o bien, se le requiriera de pago, situación que en el caso no acontece. Por todo lo expuesto, como se precisó no puede establecerse que se acredita el acto de aplicación del Decreto que se reclama de inconstitucional que es de naturaleza heteroaplicativa, pues como se anticipó para que esto suceda es necesario que acredite un acto realizado por la autoridad correspondiente, o bien, el pago que por dicho concepto se hubiese hecho, con lo cual se implica la posible afectación en la esfera de los derechos de funcionamiento de la quejosa. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 191, del Volumen109-114, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, registro digital 232686, que dice: -INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo-. Así como la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3725, del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice 2011, Octava Época, registro digital 1004923, que dice: -LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. En tal orden de ideas, al no causar un perjuicio a la solicitante de protección de derechos humanos el Decreto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo en estudio. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la citada legislación, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas, pues no modificarían en nada el sentido de la presente resolución.Para fundamentar lo dicho, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en agosto de 1998, que señala:-SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.-Como en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis.Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice:-SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio-.Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se:R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, por su propio derecho y en carácter de propietario del negocio *******, en términos de lo expuesto en el tercer y último considerando de la presente determinación.Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de abril de dos mil veintitrés. Informes Justificados Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde el Director de Análisis Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de las autoridades responsables Gobernadora Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la capital del Estado; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante designando como delegados de las autoridades que representa a las personas que indica en sus informes justificados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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