Manuel Ernesto Sepúlveda Silva
Expediente 217/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/10/2019
Partes del expediente
- Alma Aurelia González Lara
- Manuel Ernesto Sepúlveda Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 267/2014, en dos tomos, así como el testimonio de la ejecutoria emitida el tres de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 754/2015; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, respecto de los actos consistentes en el Artículo Primero del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, así como en torno de los artículos 25, fracciones VI, y X, y 28, fracciones I y XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y respecto de la Regla 1.3.3.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal, todos en vigor para 2014. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Turbo Mecánica Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que concierne al artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para los efectos precisados en el postrer considerando de esta ejecutoria. CUARTO. Infundada la revisión adhesiva." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende que los efectos precisados por el tribunal colegiado en mención, son los siguientes: ".No se le aplique a la parte quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción Xl del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados. En caso de que las normas invalidadas se hubiesen individualizado en la esfera jurídica de la quejosa y, por ende, se hubiere calculado el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la limitante antes mencionada, dicho tributo deberá determinarse nuevamente, pudiendo obtener dicha peticionaria la devolución del monto que hubiese pagado en exceso por efectos de la norma impugnada, con su correspondiente actualización, o bien, determinar o incrementar la pérdida fiscal del ejercicio, según el caso, en términos de las disposiciones aplicables. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los párrafos 866 y 867 de la ejecutoria derivada del amparo en revisión 1012/2014, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.186/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo I, libro treinta y siete, diciembre de dos mil dieciséis, tomo uno, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. El precepto citado, al limitar la deducción de los gastos de previsión social, condicionando a que las prestaciones relativas sean generales, entendiéndose que se cumple ese requisito, entre otros casos, cuando dichas erogaciones -excluidas las aportaciones de seguridad social- sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado; y al disponer que cuando el empleador no tenga trabajadores sindicalizados, las prestaciones de seguridad social no podrán exceder de 10 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año, viola el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que no se aplique a los quejosos lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo VI, Octubre de 1977, que se localiza en la página 414, que reza: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, realice lo siguiente: No se le aplique a Turbo Mecánica Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo previsto en los párrafos cuarto y octavo de la fracción XI del artículo 27, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con la regla I.3.3.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atento a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados. En la inteligencia que en el caso de que las normas invalidadas se hubiesen individualizado en la esfera jurídica de la parte quejosa y, por ende, se hubiere calculado el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la limitante antes mencionada, dicho tributo deberá determinarse nuevamente. Por lo que la peticionaria podrá obtener la devolución del monto que, en su caso, hubiese pagado en exceso con base en la norma impugnada, así como su correspondiente actualización o, bien, determinar o incrementar la pérdida fiscal del ejercicio, según el caso, en términos de las disposiciones aplicables. Cabe aclarar que las erogaciones que realice la parte quejosa, que se permitan deducir al amparo de esta sentencia, no implica que dejen de cumplir con los demás requisitos fiscales que se contienen en la ley para su deducibilidad. De igual manera, con fundamento en el citado numeral 192 de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico del Jefe de Servicio de Administración Tributaria, esto es, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el mismo término concedido a la responsable, acredite haber conminado a ésta a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Téngase por recibido el oficio XXXXX signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, informa que el amparo en revisión 351/2015 de su índice, se encuentra en el supuesto previsto en el Acuerdo General número 5/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de junio de dos mil diecinueve, por ello, se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución, decretado en los autos del toca principal y cuando las labores del órgano colegiado lo permitan, se dictara la ejecutoria correspondiente, oficio que se ordena glosar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio XXXXX, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luz Elba de la Torre Orozco, Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Elisa Georgina Álvarez Maldonado, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Magistrada y el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve, de la que se advierte que dejó insubsistente la sentencia de diez de enero del año en curso, en el recurso de apelación ********************, de su índice y en su lugar emitió una nueva.********************Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida.********************En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. ********************Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra actos de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron en lo siguiente:********************"(.) La Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, deberá:**************************************** Dejar insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve dictada en el toca de apelación ********************.****************************************b) Emitir una nueva resolución en la que al analizar los agravios expresados por el apelante y aquí quejoso tome en consideración: (1) que sí se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario entre todos los sujetos demandados en la reconvención; (2) que la legitimación pasiva en la causa es una cuestión de fondo que sólo puede ser examinada en la sentencia definitiva; y (3) que se colman los presupuestos para que la demanda reconvencional sea admitida en relación a los abogados de la actora en el juicio principal. Lo anterior, siguiendo los lineamientos tasados en esta ejecutoria, y****************************************c) Hecho que sea lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción la Litis de segundo grado.".********************Por acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector.********************En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente:********************- Mediante auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, la Magistrada y el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, acreditaron con copia certificada de la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve, que se dejó insubsistente la sentencia de diez de enero del año en curso, en el recurso de apelación ********************, de su índice y en su lugar se emitió una nueva.********************En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. ********************Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido:********************"SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente".********************Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la Magistrada y el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias de referencia para que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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