Manuel Enrique Verdecia Pérez
Expediente 440/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Enrique Verdecia Pérez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que al ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro de expedientes electrónicos relacionados se desprende se encuentra vinculado a este asunto, el juicio de amparo 720/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Oaxaca, y otra autoridad, en el que obra el proveído de seis de julio del presente año, en el que dicho órgano jurisdiccional determinó no insistir en la competencia declinada y continuar con el conocimiento de la demanda promovida por Exal Raúl Cabrera Saldaña, a favor de Manuel Enrique Verdecia Pérez, dado que este juzgado no aceptó la competencia declinada. Lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En razón a lo anterior, se da por concluido el presente asunto, por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción I, incido a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la promovente, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, dado que es un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción I, incido a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos seis meses, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós DATOS DE LA DEMANDA Visto el oficio 105/2022, firmado por el Secretario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, por el cual remite el juicio de amparo 720/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, por instrucciones del señor Luis Enrique Verdecia Almaguer, con la facultad que concede el artículo 15 último párrafo de la Ley de Amparo a favor del directo quejoso ***, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Oaxaca y otra autoridad, en cumplimiento al auto de veintidós de junio de este año, dictado en el referido juicio, en el que se determinó carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en turno. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 440/2022 IV-B. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Analizadas las razones que sustenta el juez oficiante para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. La autoridad declinante considera que se surte la competencia por razón de territorio en favor de los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, toda vez lo informado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Oaxaca, en el sentido de que el quejoso se encuentra alojado en la Estancia Provisional Migratoria de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en Huatulco, Oaxaca, debido a un procedimiento administrativo migratorio, con número .INM/OROAX/RLH/EP/175/2022 Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente destacar que del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo contra actos reclamables en la vía indirecta, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que los mismos tengan algún modo de ejecución, pero si no requiere de ella, se genera la competencia en el que corresponda al lugar en que se haya presentado la demanda de amparo, todo lo cual obedece a un principio de territorialidad que permea en el sistema jurídico nacional y que tiene el propósito de facilitar a las personas el acceso a la acción constitucional que nos ocupa Razones de competencia territorial que reproduce el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que los órganos jurisdiccionales deben observar para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Esto es, las normas de competencia reguladas en el precepto invocado establecen una serie de supuestos de competencia que son aplicables de forma sucesiva y que son excluyentes entre sí. Si bien la autoridad que dicta u ordena los actos que se reclaman en el juicio de amparo puede llegar a desempeñar un papel esencial en la afectación de los derechos fundamentales de un impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, lo que tiene un sustento racional derivado del sistema nacional de división territorial, bajo el cual, se establecen los límites competenciales para que los juzgadores ejerzan su jurisdicción y que maximiza el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, lo cual también tiene como objetivo acercar la justicia al gobernado, ya que debe conocer el juez competente en el lugar en el que se ejecute o deba ejecutarse el acto reclamado, y ello facilita al demandante el acudir ante el órgano de control constitucional que por su cercanía está en aptitud de actuar con mayor eficacia para resolver los asuntos que se sometan a su consideración, así, los quejosos tienen mayores posibilidades de defensa, pues cuentan con más facilidad para obtener las pruebas que estimen pertinentes, promover en el juicio e interponer los recursos procedentes. En ese sentido, la interpretación del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite afirmar que los actos que requieran de ejecución material en un solo lugar brindarán competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese sitio. Por su parte, por lo que hace al párrafo segundo, los que requieran de ejecución material en más de un lugar, generarán la competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares, por lo que resolverá el asunto quien hubiere prevenido en su conocimiento. Finalmente, conforme al último párrafo del numeral en cita, aquellos actos que carezcan de ejecución material producirán la competencia relativa en el Juez de Distrito ante quien se hubiere promovido la demanda de amparo. Ahora bien, precisado lo anterior, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio obligatorio para todos los juzgados del país, que tratándose de demandas de amparo en las que se señale como acto reclamado la desaparición forzada de personas, es competente para conocer el Juez de Distrito ante quien se promueve el juicio, porque dicho acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro. Al respecto, destacó que la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. En esa virtud, y toda vez que el referido acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro; concluyó que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el Juez ante quien se presente la demanda de amparo. Agregó, que ello redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. Asimismo, estableció que en paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el Juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Lo anterior se advierte de la Jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 617, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Común, Décima Época, con registro digital 2021413, de rubro y texto siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.- La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." Así, en el caso, en la demanda de que se trata, el promovente señaló como actos reclamados, la desaparición forzada, actos de ocultamiento e incomunicación del directo quejoso Manuel Enrique Verdecia Pérez, atribuidos al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración y Subdirector del a Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Entonces, atendiendo a la regla establecida jurisprudencialmente, es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Sin que se óbice a lo anterior, lo manifestado por la autoridad declinante en el sentido de que este órgano es competente para conocer de la demanda de amparo de mérito, en razón de que el directo quejoso se encuentra alojado en la Estación Provisional Migratoria de Huatulco, ya que ello es con motivo del procedimiento administrativo migratorio que se le instauró y que incluso culminó con resolución de deportación. Procedimiento administrativo migratorio y resolución que no fueron señalados como actos reclamados en la demanda de amparo que se analiza, y la cual incluso no ha sido ratificada ni mucho menos ampliada por el directo quejoso, tal como se desprende de las constancias remitidas por el juez declinante. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el Juez competente por razón de territorio para conocer del asunto, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, debe ser ante quien se presentó el libelo constitucional, con independencia de que del informe rendido por la responsable hayan surgido otros actos de diversa naturaleza, de los cuales podrá proveer una vez que se ratifique la demanda de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, como se adelantó este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante el juicio de amparo 720/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Exal Raúl Cabrera Saldaña, por instrucciones del señor Luis Enrique Verdecia Almaguer, con la facultad que concede el artículo 15 último párrafo de la Ley de Amparo a favor del directo quejoso Manuel Enrique Verdecia Pérez, contra actos de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con sede en Oaxaca, de Juárez y otra autoridad, lo anterior, previa copia certificada que de la demanda de amparo y boleta de turno, se deje en este expediente. Cúmplase
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