Manuel Enrique Valladares Beltran
Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Manuel Enrique Valladares Beltran
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el sobre devuelto por la empresa de mensajería acelerada "estafeta", con sede en esta ciudad, el cual contiene el oficio ********************, dirigido a la autoridad responsable ********************, de la cual se advierte que no fue posible realizar su entrega por motivo "Su envío presenta datos incompletos para realizar su entrega, el dato faltante es CALLE TEL DIRECCIÓN COL RECHAZO, favor de generar reporte". Se reexpide oficio En tales condiciones, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos, para que en estricto cumplimiento a sus funciones, y con el fin de que la citada autoridad responsable se encuentre debidamente notificada del comunicado en comento, en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, reexpida el oficio mencionado en el párrafo precedente en el domicilio actual y correcto. Cúmplase.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su defensor público particular, ****, contra el acto reclamado a Caminos y Puentes Federales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida dicha calidad de defensor público particular, tomando en consideración que entratándose de materia penal basta la sola afirmación de que quien comparece en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para que le sea admitida. Se invoca de manera análoga la jurisprudencia 1a./J. 13/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023191, Undécima Época, Materias Constitucional, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3399, que es de rubro y texto siguientes: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos sostuvieron un criterio divergente en torno a si basta la manifestación del asesor jurídico victimal de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo indirecto, promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido del delito, que representa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo en nombre de ésta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable, para que la demanda sea admitida a trámite. En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: De una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de las víctimas como parte de los procedimientos y el derecho a la asesoría jurídica técnica -por una persona licenciada en derecho con cédula profesional- como una garantía del pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. También se reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, por lo que la legislación en la materia deberá regular la intervención en los diferentes procedimientos, a efecto de facilitar su participación. En ese sentido, resulta fundamental que el juicio de amparo, como medio constitucional de defensa de los derechos humanos, equilibre las asimetrías y el estado de vulnerabilidad que pueden llegar a enfrentar las víctimas en el acceso a la justicia, lo que conlleva el deber de flexibilizar ciertas reglas -como la forma de acreditar la representación- ante la necesidad de asegurar que los recursos sean efectivos y protejan a las víctimas contra actos que violen sus derechos humanos." Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 310/2023. Admisión En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 5, 33, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su defensor público particular, ****, contra el acto reclamado a Caminos y Puentes Federales, consistente en la omisión de rendir el informe requerido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número 5, del Distrito Judicial de Alarcón, en la carpeta de investigación ****. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Audiencia constitucional Conforme al artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Intervención al Ministerio Público En términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV y 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público adscrito, mediante notificación personal. Informe justificado En atención al contenido de los artículos 117 y 75 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, requiérase informe justificado a las autoridades responsables, además, deberán remitir copia certificada de las constancias que sirvieron como base para emitir el acto que se les atribuyes; dichas copias deben ser legibles, completas y ordenadas de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano de control constitucional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso el impedimento legal que tenga para hacerlo. También deberán enviar digitalizadas dichas constancias en términos del punto CUARTO, artículo 3, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En la inteligencia que pueden remitir su informe por escrito o vía telegráfica; por excepción lo podrán remitir al correo oficial 9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, así como sus anexos debidamente escaneados, siempre y cuando manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no tiene acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que los documentos digitalizados respectivos son copias íntegras e inalteradas de los documentos físicos; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado su informe y anexos, ya que no conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable. Se precisa que al momento de rendir su informe justificado deberán citar el número de oficio que atienden. Apercibimiento De igual forma hágasele saber que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 115 y 117 de la ley de la materia, en caso de que omitan rendir su informe, o sin remitir las constancias necesarias, se les presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario; además, se harán acreedoras a una multa de $***, el cual es el equivalente a multiplicar por cien el valor diario de la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés- tal como está previsto en el precepto 260, fracción II, del mismo ordenamiento. Asimismo, el artículo 262, fracción I, de la citada legislación, establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, al rendir su informe con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Deber de comunicar causas de improcedencia Además, prevéngase a todas las partes para que en observancia de lo previsto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, de lo contrario se harán acreedoras a una medida de apremio contemplada en el artículo 251, en relación con el diverso 238 de la multicitada ley, consistente en una multa equivalente a $***, que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización por treinta. Apercibimiento de autoridad inexistente En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 17 constitucional y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda o sea imprecisa, se tendrán como inexistentes, previa vista y apercibimiento que se formule a la parte quejosa a efecto de que aclare su denominación. Obligación de las autoridades de recibir oficios En términos del numeral 28 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que se negaren a recibir el oficio derivado del presente asunto, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación; y si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha para todos los efectos legales. Tercero interesado Se reserva el llamamiento de las personas a quienes pudiera resultarles el carácter de terceros interesados en este asunto, hasta en tanto obren las constancias que constituyan la justificación del informe que emita la autoridad responsable. Autorizados De igual manera, en atención a la solicitud expresa de la parte quejosa, se le tiene como sus autorizados en términos del artículo 24 de la ley de la materia a ************ y *****, esto es, con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, pero no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 del citado ordenamiento legal. Expediente electrónico Por otra parte, en base a lo establecido en los numerales 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "***", para tal efecto, se ordena a la Oficial Judicial "A" realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notificaciones vía electrónica En otro contexto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, efectúense las notificaciones vía electrónica; bajo el usuario "****". En ese sentido, con fundamento en los artículos 3°, 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al promovente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que las que no deriven de determinaciones o resoluciones que se ajusten a alguna de las hipótesis que establece el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia; habrán de ser notificadas mediante la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, en virtud de que la notificación en forma electrónica se homologa a la notificación personal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), con número de registro 2020082, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2247, Junio de 2019, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." El domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentra en el mismo lugar en que reside este órgano jurisdiccional En razón de lo anterior, resulta improcedente, efectuar mayor pronunciamiento en torno al domicilio para recibir notificaciones que señaló la parte quejosa, ubicado en ***** en Puebla, Puebla; tomando en consideración que solicitó que las notificaciones que recaigan en este asunto se le efectúen vía electrónica; por lo tanto, el señalamiento de ambos medios de comunicación no podrían subsistir entre sí. Uso de medios electrónicos Como lo solicita el promovente, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de aquellas pruebas que, en su momento, pudieran ofrecerse como información reservada. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable; vía electrónica a la parte quejosa.
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