Manuel Enrique Ceballos Valdes
Expediente 1580/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1580/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Manuel Enrique Ceballos Valdes
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "De no haberlo hecho, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución, con plenitud de jurisdicción emita la determinación que en derecho proceda, respecto del escrito de demanda en los autos del juicio laboral respectivo. Sin que el contenido de la determinación o sentido de la misma, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de esta ejecutoria, también se le apercibe para que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1580/2023-E-VI; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto reclamado siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye LA ABSTENCIÓN por parte de la autoridad señalada como responsable, AL NO RADICAR Y EMPLAZAR A JUICIO A LA DEMANDA (sic) DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 DIAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DENTRO DEL EXPEDIENTE ********************, acto que tendrían que haber emitido en el término legal que el propio ordenamiento establece, vulnerando con ello mis garantías constitucionales, consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. (.)." Por estimarlo, en esencia, violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1580/2023-E-VI, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad en materia de trabajo, con residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de emitir proveído correspondiente al escrito inicial de demanda con el que se formó el juicio laboral ******************** TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. En ese sentido, es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El aludido argumento, es fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. De inicio, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la impartición de justicia adecuada se produce, en cuanto mira a la celeridad, es decir, si las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad juzgadora, para que pronuncie sus determinaciones dentro de un espacio temporal determinado. Por su parte, los artículos 191, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 241, 242, 242 Bis, 243 y 244 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 226.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará al auxiliar o secretario que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores. A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera concurrir personalmente. "Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmada y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá contener: I. Nombre y domicilio del promovente; II. Nombre y domicilio del demandado o demandados; III. Objeto de la demanda; IV. Relación de los hechos; V. Documentos probatorios; o VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar directamente." "Artículo 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora o laboró deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios. " "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución correspondiente." "Artículo 237. El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley." "Artículo 238. En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva." "Artículo 241. Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos." "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal." "Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." "Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado." "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." Del contenido de los numerales citados, se aprecia que el procedimiento laboral inicia con la presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal, quien lo turnará a quien corresponda. Luego, una vez recibida la demanda por el Tribunal o Sala que corresponda, dentro de los tres días posteriores a la presentación de la demanda, en caso de ser obscura o imprecisa, prevendrá al actor para que la corrija. Hecho lo anterior, o en caso de no existir motivo de prevención alguno, se admitirá la demanda y el escrito de pruebas, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada donde se le correrá traslado con los mismos en un plazo no mayor de cinco días hábiles, para que en el plazo de diez días dé contestación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofrezca las que considere pertinentes. En ese orden de ideas, el Tribunal dictará auto dentro de los tres días siguientes a que reciba la contestación de demanda o una vez fenecido el plazo concedido para tal efecto, donde señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo, bajo el apercibimiento a las partes de tenerlas por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia respectiva. Además, en el mismo acuerdo en que admitan las pruebas, el Tribunal señalará día y hora para la celebración del desahogo de pruebas, las que deberán de llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes; asimismo, que de presentarse alguna imposibilidad de desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo se señalará el día y hora en que se efectuará la respectiva audiencia -sin que ese período exceda de quince días -, desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia o en un término de cuarenta y ocho horas formularán sus alegatos, y una vez formulados éstos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar la resolución -en un término no mayor a quince días-, y una vez aprobada la resolución la elevará a categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En ese sentido, de manera intrínseca es evidente que se deberán atender las reglas y plazos fijados por la propia ley para llevar a cabo el desahogo de las diligencias ahí contempladas. Así, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que no ha realizado ningún acto tendente a continuar con el trámite en el juicio primigenio, como lo refieren los preceptos antes citados; ello, en razón de que la demanda laboral relativa al juicio laboral ********************, se recibió el ********************, sin que a la fecha en que se actúa, haya constancia de que se emitió el proveído correspondiente. De lo anterior, se advierte que al día de la fecha ha transcurrido en exceso el plazo que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios establece para tal actuación, consecuentemente, se han vulnerado dichos preceptos, pues al no haberse emitido la determinación respectiva dentro del término establecido, no se ha continuado con la diversa etapa. Por tanto, se estima que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho a una administración de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, se concluye que la dilación reclamada por la parte promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Por ende, es evidente que el tribunal responsable no ha cumplido con lo establecido específicamente en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ya que al día de hoy no ha realizado acto alguno a fin de dar continuidad al juicio de origen promovido, en los plazos y conforme a las actuaciones que refiere el precepto antes citado, violando en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. En ese orden, como la responsable no observó el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución, con plenitud de jurisdicción emita la determinación que en derecho proceda respecto al escrito de demanda en los autos del juicio laboral respectivo. Sin que el contenido del proveído que se emita y subsecuentes actuaciones, sean objeto de análisis en el presente juicio. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, como lo estableció la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, sin que obste que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no transcurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. OFICIO Agréguense los oficios signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa 11A en auxilio de la Titular de la Mesa 10B del Sistema Tradicional Mixto de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura y el Fiscal Especial de Investigación del Delito de Tortura, por el que informan las gestiones que están llevando a cabo las autoridades responsables, a fin de dar observancia al fallo protector. En esas condiciones, téngase por informado lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, se está a la espera de que se reciba el dictamen médico respectivo y demás constancias en cumplimiento al fallo protector. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual, acusa recibo de la constancia de notificación a través de la cual el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, e informa que se registró con el número de recurso de revisión 272/2023, de su índice; asimismo, solicita a este órgano jurisdiccional la vinculación del presente juicio con el citado recurso de revisión. De lo anterior, se toma conocimiento quedando a la espera de la determinación que en su momento emita la superioridad. Finalmente, como lo solicita el Tribunal oficiante, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada.
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