Manuel Eduardo Reyes Palomeque
Expediente 1835/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1835/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Manuel Eduardo Reyes Palomeque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Manuel Eduardo Reyes Palomeque; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
MESA En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa debidamente asistida de René Peña Morgan, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 1835/2019-7, promovido por Manuel Eduardo Reyes Palomeque. A continuación, el Secretario certifica: que en proveído de seis de julio pasado, mismo que fue notificado personalmente al impetrante el doce siguiente, se le dio vista para que dentro del término de quince días hábiles, manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente; plazo que transcurrió del catorce del precitado mes al tres de los actuales, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. Al respecto, la secretaria en funciones de jueza de distrito acuerda: Vista, la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, y se determina resolver el presente asunto con base en los términos planteados originalmente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de jueza de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria en funciones de jueza de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. La documental que acompañó el quejoso a su escrito de demanda consistente en copia fotostática simple del acuse de correos de México; 2. Copia certificada del expediente CNDH/1/2016/4697/Q, mismas que obran en autos. Al respecto la secretaria en funciones de jueza de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de jueza de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Visto; los autos, para resolver el juicio de amparo 1835/2019-7, promovido por Manuel Eduardo Reyes Palomeque, contra los actos que reclama de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con residencia en la Ciudad de México, que estima violatorio del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta y uno de octubre de dos mi diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro de noviembre siguiente, Manuel Eduardo Reyes Palomeque solicitó amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de resolver la impugnación presentada mediante escrito de doce de junio de dos mil diecinueve, en el expediente de queja número CNDH/1/2016/4697/Q. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el número de expediente 1835/2019-7; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, TERCERO. SENTENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido el trámite de ley, mediante sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en una parte se sobreseyó el juicio de amparo y en otra se concedió la protección de la justicia federal. CUARTO. RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con lo anterior, Gerardo García Andrade, Subdirector de Amparo de la Dirección de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, en su carácter de delegado de la precitada autoridad responsable, interpuso recurso de revisión, mismo que se admitió y radicó bajo el expediente 55/2020 del Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Décimo Circuito, el siete de febrero de dos mil veinte. QUINTO. REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO Y VISTA PARA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Mediante auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo recibido el oficio signado por el actuario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, por medio del cual remitió testimonio de la ejecutoria del amparo en revisión 55/2020 del índice del citado órgano colegiado, del cual se desprende que revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición de procedimiento. En mérito de lo anterior, se ordenó notificar al quejoso Manuel Eduardo Reyes Palomeque, el contenido de la copia certificada del expediente CNDH/1/2016/4697/Q, para que conociera la constancia con la que la autoridad responsable pretende acreditar que dio respuesta a la petición de impugnación que formuló y su notificación, y en caso de así creerlo conveniente, ampliara su demanda de amparo dentro del término de quince días, como lo dispone el artículo 111 de la Ley de Amparo. Apercibido que en caso de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente. Proveído que fue notificado personalmente al impetrante el doce de julio siguiente, por lo que el aludido plazo transcurrió del catorce del precitado mes al tres de los actuales, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera, motivo por el que en el acta de la audiencia que antecede, se le hizo efectivo el apercibimiento. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior por reclamarse un acto de naturaleza negativa (omisión de resolver una impugnación), en el que aplica la regla de que es competente el órgano ante el cual se presentó la demanda de amparo. Estos es, la parte quejosa reclama actos cuya omisión atribuye a la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con residencia en la Ciudad de México, pues dicho acto no es de aquellos que requieren ejecución material, por tanto, dado que la demanda se presentó en los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tabasco, cuyo conocimiento correspondió a éste juzgado federal, acorde a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que éste es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.T.5 K (10a.),m publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): Común, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Página: 1663, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda laboral, desechen pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente, por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La omisión de resolver la impugnación presentada mediante escrito de doce de junio de dos mil diecinueve, en el expediente de queja número CNDH/1/2016/4697/Q, del índice de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado aun cuando la autoridad responsable lo negó rendir informe justificado (fojas 21 a 25 y 27 a 29), ya que dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada del oficio de trece de noviembre de dos mil diecinueve, deducido del expediente CNSH/1/2016/4697/Q, de su índice, el cual obra glosado en autos (fojas 46 y 47), y del que se desprende que el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el escrito del quejoso en el que manifestó su inconformidad, y en el propio oficio dio respuesta a su solicitud. Documento que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En ese tenor, atendiendo a los datos proporcionados en la demanda de amparo, corroborado con las constancias que como justificación de su informe envió la autoridad responsable, podemos colegir que para los efectos de este juicio de amparo, hay certeza sobre la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa respecto a la falta de contestación a su escrito de impugnación de doce de junio de dos mil diecinueve. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, relativo a la omisión de resolver la impugnación presentada por el quejoso mediante escrito de doce de junio de dos mil diecinueve, en el expediente de queja número CNDH/1/2016/4697/Q, del índice de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61 fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio 78803, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, acordó y dio respuesta al escrito de doce de junio del mismo año, mediante el cual el aquí quejoso manifestó su inconformidad con la conclusión del expediente y solicitó la reapertura del mismo. Al respecto, la responsable expuso los motivos por los cuales desde el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, informó al quejoso que su asunto se sometería al procedimiento de conciliación, dado que se habían acreditado violaciones a los derechos a la integridad personal y trato digno de su detención, informándole que continúa dando seguimiento a los puntos conciliatorios. Y, respecto a la solicitud de reapertura del expediente de queja CNSH/1/2016/4697/Q, le informó que su petición no reunía los requisitos del artículo 108 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que no se trata de hechos nuevos en donde se pueda advertir la violación a los derechos humanos (fojas 46 y 47). Respuesta que le fue notificada al impetrante de amparo el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como consta en la copia certificada de la impresión del rastreo de la guía 777038057415, de la empresa de paquetería FedEx, proporcionada por la autoridad en cuestión. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve-, indudablemente existía el acto reclamado, pues la autoridad responsable no había dado respuesta al escrito del quejoso de doce de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Manuel Eduardo Reyes Palomeque, contra el acto reclamado y autoridad referida en el resultando PRIMERO, por las razones y motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de seis de los actuales, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días hábiles, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo; por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo. En tal virtud, a efecto de dar tiempo a lo anterior y de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, se encuentra gozando de su periodo vacacional, déjese bajo resguardo del actuario judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que reanude sus labores. Notifíquese.
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjuntó copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 55/2020; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1835/2019-7, promovido por Manuel Eduardo Reyes Palomeque, en los términos precisados en esta ejecutoria." En ese contexto, acúsese recibo, regístrese su llegada; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas y con apoyo en la fracción I, inciso k, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la ejecutoria de mérito y remítase copia de la ejecutoria de mérito a las autoridades responsables. Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se repone el procedimiento en el presente juicio de amparo, por lo que, se ordena dejar sin efecto únicamente la audiencia constitucional y la sentencia dictada en este juicio de amparo. De la misma manera, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, notifíquese al quejoso Manuel Eduardo Reyes Palomeque, el contenido de la copia certificada del expediente CNDH/1/2016/4697/Q, para que conozca la constancia con la que se pretende acreditar que se dio respuesta a la petición de imputación que formulo y su notificación, y para el efecto de que en caso de así creerlo conveniente, esté en posibilidades de ampliar su demanda de amparo dentro del término de quince días, como lo dispone el artículo 111 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se continuará el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo. En virtud de lo anterior, se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese personalmente a las partes.
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