Manuel Eduardo Pérez Salgado
Expediente 481/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México
- Manuel Eduardo Pérez Salgado
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 21908/2021, que remite la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 1396/2021 (481/2021-E-A), deducido del proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, -mismo que fue registrado con el número 207/2021 (exhorto 198/2021), de su índice- en el que se solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara dicho proveído y el diverso de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno a la Licenciada Graciela López Padilla, defensora pública del quejoso Manuel Eduardo Pérez Salgado; lo cual aconteció el primero de octubre pasado, como se advierte de las constancias que se adjuntan al oficio de cuenta. Toda vez que el oficio de cuenta fue enviado a través del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no resulta necesario acusar el recibo correspondiente, ya que el sistema indicado lo arroja automáticamente. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno se requirió a la Licenciada Graciela López Padilla, defensora pública del quejoso Manuel Eduardo Pérez Salgado, a fin de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta el momento lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto y se ordena practicarle por lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Por otro lado, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que se designa a la Licenciada Graciela López Padilla, como defensora pública del quejoso Manuel Eduardo Pérez Salgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando número telefónico, correo electrónico y usuario registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación de la citada defensora pública, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, lo anterior, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en las instalaciones de la Defensoría Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, planta baja, Periférico Paseo de la República 3550, Club Campestre, Morelia, Michoacán, c.p. 58296, y notifique a la Licenciada Graciela López Padilla el presente proveído, así como el diverso de veintisiete de agosto del año en curso (en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Manuel Eduardo Pérez Salgado). De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 15495/2021, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído de nueve de agosto pasado, dictado en el juicio de amparo indirecto 581/2021, de la estadística de ese Juzgado, en el que consideró declinar la competencia legal para tramitar la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que atribuye al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, al que anexa el citado expediente. Acúsese recibo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, del contenido del auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez declinante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo, tiene una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Es decir, a perspectiva de la autoridad responsable, el ocursante al acudir en demanda de la protección constitucional, pretende hacer valer, actos relativos a un incidente no especificado en el que solicita un beneficio en la etapa de ejecución de sentencia mientras guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social CPS-Michoacán. Lugo del contenido del escrito que se remite, es de precisarse que, puede entenderse que lo que en realidad pretende el quejoso, es la remisión de su expediente bajo la potestad del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México que conoce de su ejecución, para que sea una autoridad en ejecución de penas en la Ciudad de Morelia Michoacán, quien en razón del lugar de su reclusión, resuelva su actual situación jurídica como sentenciado, en referencia a lo que se expone en ese escrito, a saber: Por lo que es evidente que en la especie no se reclaman actos de los que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la solicitud del quejoso, procedente o no, impactaría en su esfera jurídica en el lugar donde actualmente se encuentra privado de su libertad, en el caso el Centro Federal de Readaptación Social CPS-17, Michoacán, respecto del cual, el suscrito juez ejerce jurisdicción. Por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avoca al conocimiento del mencionado escrito inicial de demanda; lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor del Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos del acto que se reclama, es decir, donde tiene ejecución el acto reclamado. DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra acto que atribuye al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 481/2021. Ahora bien, del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante solicita "se pida su expediente al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México a fin de que su familia esté al tanto de su situación jurídica y documentación relativa a la misma", de lo que se deduce que el quejoso reclama: La remisión de su expediente que está bajo la potestad del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México que conoce de su ejecución, para que sea una autoridad, en ejecución de penas en la Ciudad de Morelia Michoacán, quien en razón del lugar de su reclusión, resuelva su actual situación jurídica como sentenciado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es decir, el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de lograr que el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México remita su expediente de ejecución, a un juez en el Estado de Michoacán, para que resuelva su situación jurídica de sentenciado privado de la libertad, en razón del lugar de su reclusión, y como se puntualizó no se reclaman actos de los que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En efecto, conforme al artículo en mención para el desechamiento de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Así, en el presente caso al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo procedente es procede desechar la presente demanda de garantías; lo anterior es así, toda vez que el ocurso de cuenta no se encuentra firmado por el quejoso; por tanto no tiene ningún valor, puesto que no se expresa su voluntad de promover lo plasmado en la demanda. Resulta aplicable a lo anterior la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito publicada en la página 494, Tomo IX, Mayo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." Atento a lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, con relación a la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo al parecer promovida por ********************, pues el hecho de que carezca de la firma, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Y sin que sea posible ordenar la ratificación de la misma, al no consistir en actos que sean considerados urgentes, como lo son los prohibidos por el artículo 22 constitucional; además, no encuadran en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE SOLICITA DEFENSOR Toda vez que el quejoso solicita se corra traslado al defensor de oficio asignado, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, solicítese mediante atento oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien designar un defensor público que represente y asesore al quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Finalmente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán y notifique personalmente al quejoso ******************** el presente proveído, haciendo entrega de copia del mismo, por así haberlo solicitado. Ahora bien, por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto de los quejosos como del funcionario que les notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al quejoso, absteniéndose de recabar firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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