Manuel Edicson Moreno Noriega

Expediente 1101/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1101/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Manuel Edicson Moreno Noriega
  • Manuel Edicson Moreno Noriega y Otros.
  • Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración....

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que en esta misma fecha se ordenó el archivo del cuaderno principal del que deriva la presente incidencia; de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un incidente de suspensión en el que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, como lo indica el diverso numeral 35 del Acuerdo General citado, hágase constar en la carátula del presente expediente la leyenda depurable. Asimismo, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual expresa su deseo de no recurrir el auto mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector, y solicita se archive el expediente como totalmente concluido; al respecto, hágase de su conocimiento que aún se encuentra transcurriendo el término previsto por el artículo 202 de la Ley de amparo, y una vez fenecido éste, se proveerá lo conducente.

  4. Principal

    ...Motivo por el cual, en términos del artículo 196 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, debe concluirse que se tiene POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. No se desatienden los argumentos de la parte quejosa en el sentido que considera que la autoridad responsable no dio cumplimiento la ejecutoria de amparo, pues no realizó el ejercicio correcto de motivación, ello porque a su consideración, de los datos de prueba aportado por la fiscalía no existen elementos de los que se arroje que el quejoso ingresó a las instalaciones del Colegio de Bachilleres a sustraer el cajero automático, pues no hay un señalamiento directo; aunado a que no resolvió con base en los argumentos de la defensa dado que no existió refutación del fiscal del ministerio público. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, así como de las constancias que obran en autos, los efectos de la sentencia de amparo se circunscribieron a que el Juez de control responsable, con libertad de jurisdicción, emitiera procediera a resolver la situación jurídica del imputado -aquí quejoso- y en caso de reiterar el sentido de la vinculación a proceso, motivara lo relativo a la justificación de su probable participación en los hechos. Cuestión que en la especie ya aconteció. Pues como quedó de relieve, la autoridad emitió un pronunciamiento en el que valoró los datos de prueba y emitió su opinión de la apreciación conjunta que de ellos obtuvo, externando que de la información extraída de los mismos lograba advertir la probable intervención del imputado en los hechos, indicando además, que la circunstancia de que de los mismos no se coligiera que el aquí quejoso hubiera ingresado a sustraer el cajero automático, no era motivo para considerar por no satisfecha si probable participación, sino que, en atención al criterio de jurisprudencia que invocó, existían elementos que permitían apreciar que desde la preparación de los hechos y el reparto de tareas, el quejoso estuvo involucrado. Luego, debe quedar de relieve que los efectos de la sentencia protectora, derivaron de un estudio constitucional del auto de vinculación reclamado en donde se advirtió una violación de naturaleza formal, ante la falta de motivación del Juez de la causa respecto de la probable participación del quejoso en los hechos delictivos; y, la concesión implicó que el órgano judicial responsable, en caso de determinar resolver en el mismo sentido, justificara con razonamientos lógicos y jurídicos, cómo de los datos de prueba apreciaba como órgano de control, la información que permitiera establecer esa participación. Así, el estudio de fondo que plantea la parte quejos respecto de la resolución emitida en cumplimiento al amparo, implica un estudio que no forma parte de la concesión otorgada en este juicio, pues se reitera, los efectos descansan en lo plasmado en la sentencia en cuanto a la motivación ausente que se apreció del auto de vinculación inicialmente dictado, no así, los aspectos inmersos en esa motivación. Al respecto, es menester invocar lo que el artículo 192 de la Ley de Amparo establece que las sentencias constitucionales firmes, en las que se haya otorgado el amparo, deben cumplirse por parte de la autoridad responsable, en los términos previstos en la resolución atinente; de lo contrario se seguirá el procedimiento respectivo que la propia legislación contempla. Por su parte, el diverso 196 de la legislación de la materia prevé: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." De acuerdo al arábigo transcrito, el órgano de amparo, una vez tenga conocimiento de las acciones ejercitadas por la o las autoridades responsables para cumplir con la sentencia protectora, deberá realizar un análisis que atenderá únicamente a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, es decir, verificar si está fue cumplida sin excesos ni defectos; sin que al efecto se deba atender a la legalidad o no de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. El razonamiento que se realice respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que se puedan incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. En términos más puntuales, para dicho análisis/razonamiento basta con que el órgano de amparo realice un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable. Así, cuando la potestad de amparo reciba el informe de la autoridad responsable, en el que manifieste que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, el órgano de control constitucional deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la Litis constitucional ventilada ante su jurisdicción, deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente. Es aplicable, la tesis 1a. CCXXVI/2007, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 186, Registro 171208, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." De ahí que, si en la especie, se realizó un análisis minucioso de lo que debía realizar la autoridad conforme a los efectos precisos del amparo -atendiendo a la interpretación del conjunto de elementos que se genera del estudio realizado en la sentencia constitucional-, y, se verificó que dicha responsable acató dichos lineamientos, es evidente que el estudio del juzgador de amparo en atención al cumplimiento del fallo protector, deviene suficiente para efectos de tener por cumplido el mismo. Puesto que, analizar elementos extraños, que no fueron materia del juicio, sería avocarse e ir más allá de lo que la propia ley dispone. En tal virtud, devienen infundados los argumentos del quejoso; sin que ello implique una denegación de justicia, pues se quedan a salvo sus derechos para que por la vía correspondiente controvierta el nuevo auto de vinculación que estima le ocasiona perjuicios. En su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del presente expediente, como asunto concluido. Dese vista de lo anterior a la partes, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo.

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