Manuel de los Santos Hernandez

Expediente 355/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
355/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Manuel de los Santos Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; y, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad, acusando recibo del diverso oficio CUMP.976-1, mediante el cual se le devolvió el tomo II del duplicado de la causa penal 30/2011-I de su índice, con la que se ordenó formar el anexo I del controvertido en que se actúa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, consistente en el tomo II del duplicado del proceso 30/2011-I de su índice, con el que se formó el anexo I, devuélvasele dicha documental y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho (foja 211), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 90 a 112), se concedió el amparo a Manuel de los Santos Hernández para el efecto que el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Manuel de los Santos Hernández, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, en cuanto adquiera firmeza la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente dentro de la causa penal 30/2011 de su índice: De no haberlo hecho todavía, provea de inmediato todo lo necesario para que, a más tardar dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del acuerdo donde se haga de su conocimiento la firmeza de esta sentencia amparadora, consten en autos los dictámenes (ya ratificados) en materias de medicina legal, fotografía y psicología forense, realizados al aquí quejoso, con base en el Protocolo de Estambul; en la inteligencia de que deberá hacer uso de los medios que la ley le faculta para hacer cumplir sus determinaciones; Hecho lo anterior, cierre el plazo de instrucción y continúe con el procedimiento de origen, tal y como lo prevé el código adjetivo de la materia. En relación con lo anterior, es necesario precisar que el cumplimiento de este fallo no abarca la continuación del procedimiento establecido en el código procesal y la emisión de la sentencia correspondiente, en virtud de que los alcances para los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen." Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 126 y 127), se declaró que dicha resolución causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 3437-I de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 129), el juez penal responsable informó que la perito Anaidis Martínez Exzacarías dejó de laborar para el Servicio Médico Legal y Forense del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, y que solicitó a la directora de dicha institución designara nuevo perito en medicina forense con conocimiento en el Protocolo de Estambul. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 130), se tomó conocimiento de lo informado y se requirió a la autoridad responsable para que remitiera las constancias relativas a los dictámenes en fotografía forense y psicología forense a cargo de Rosa Isela Mateos Rodríguez y Vania Melissa May Hernández. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3588-I de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 151), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada del dictamen psicológico número 66 de nueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 153 a 175), emitido por Vania Melissa May Hernández y su ratificación (foja 176); así como el diverso dictamen (informe) en materia de fotografía forense 002/2018/CRIMI de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 178 a 180), suscrito por la perito Rosa Isela Mateos Rodríguez y su ratificación (foja 177 vuelta). Así mismo, por oficio 3660-I, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla informó que en esa data compareció el médico legista Baltazar Meléndez Téllez y protestó el cargo como perito en medicina forense dentro del proceso penal de origen (fojas 182 y 183); y, en acuerdo de esa fecha, concedió al perito de mérito el plazo de diez días para emitir su experticia. Ante lo informado, por acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 184) se requirió al juez penal responsable para que, una vez que el perito emitiera el dictamen correspondiente lo comunicara a esta autoridad. Por oficio 3846-I de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 188 y 189), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, comunicó que el veinte de julio de la presente anualidad compareció Baltazar Meléndez Téllez, exhibió y ratificó su dictamen, por lo que declaró cerrada la instrucción; sin embargo, como el juez responsable no remitió copia certificada del dictamen y su ratificación, por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 190 y 191) se le requirió para remitiera a este juzgado dichas documentales. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 3939-I de uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 193) el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada del dictamen médico psicofisiológico especializado para casos de posible tortura y/o malos tratos (basado en el Protocolo de Estambul) 1121 de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, emitido por Baltazar Meléndez Téllez y su ratificación (fojas 194 a 210). A las documentales referidas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla realizó lo siguiente: 1. Proveyó lo necesario para allegar a la causa penal de origen los dictámenes en materias de medicina legal, fotografía y psicología forense, realizados al aquí quejoso, con base en el Protocolo de Estambul por los peritos Vania Melissa May Hernández, Rosa Isela Mateo Rodríguez y Baltazar Meléndez Téllez y sus correspondientes ratificaciones (fojas 152 a 181 y 194 a 210). 2. El veinte de julio de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción en el proceso penal 30/2011 de su índice y continuó con el procedimiento, tal y como lo prevé el código adjetivo de la materia, ya que turnó los autos a la vista del agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado para que, dentro del plazo de quince días, formulara las conclusiones que estimara pertinentes. Como se estableció en la sentencia de amparo, el cumplimiento del fallo protector no abarca la continuación del procedimiento establecido en el código procesal y la emisión de la sentencia correspondiente, en virtud de que los alcances para los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    (AVISO Y CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA A TRAVES DE SU ASESORA JURÍDICA FEDERAL EL PROVEÍDO DE 21 DE AGOSTO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho (foja 211), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 90 a 112), se concedió el amparo a Manuel de los Santos Hernández para el efecto que el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Manuel de los Santos Hernández, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, en cuanto adquiera firmeza la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente dentro de la causa penal 30/2011 de su índice: De no haberlo hecho todavía, provea de inmediato todo lo necesario para que, a más tardar dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del acuerdo donde se haga de su conocimiento la firmeza de esta sentencia amparadora, consten en autos los dictámenes (ya ratificados) en materias de medicina legal, fotografía y psicología forense, realizados al aquí quejoso, con base en el Protocolo de Estambul; en la inteligencia de que deberá hacer uso de los medios que la ley le faculta para hacer cumplir sus determinaciones; Hecho lo anterior, cierre el plazo de instrucción y continúe con el procedimiento de origen, tal y como lo prevé el código adjetivo de la materia. En relación con lo anterior, es necesario precisar que el cumplimiento de este fallo no abarca la continuación del procedimiento establecido en el código procesal y la emisión de la sentencia correspondiente, en virtud de que los alcances para los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen." Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 126 y 127), se declaró que dicha resolución causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 3437-I de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 129), el juez penal responsable informó que la perito Anaidis Martínez Exzacarías dejó de laborar para el Servicio Médico Legal y Forense del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, y que solicitó a la directora de dicha institución designara nuevo perito en medicina forense con conocimiento en el Protocolo de Estambul. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 130), se tomó conocimiento de lo informado y se requirió a la autoridad responsable para que remitiera las constancias relativas a los dictámenes en fotografía forense y psicología forense a cargo de Rosa Isela Mateos Rodríguez y Vania Melissa May Hernández. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 3588-I de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 151), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada del dictamen psicológico número 66 de nueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 153 a 175), emitido por Vania Melissa May Hernández y su ratificación (foja 176); así como el diverso dictamen (informe) en materia de fotografía forense 002/2018/CRIMI de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 178 a 180), suscrito por la perito Rosa Isela Mateos Rodríguez y su ratificación (foja 177 vuelta). Así mismo, por oficio 3660-I, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla informó que en esa data compareció el médico legista Baltazar Meléndez Téllez y protestó el cargo como perito en medicina forense dentro del proceso penal de origen (fojas 182 y 183); y, en acuerdo de esa fecha, concedió al perito de mérito el plazo de diez días para emitir su experticia. Ante lo informado, por acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 184) se requirió al juez penal responsable para que, una vez que el perito emitiera el dictamen correspondiente lo comunicara a esta autoridad. Por oficio 3846-I de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 188 y 189), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, comunicó que el veinte de julio de la presente anualidad compareció Baltazar Meléndez Téllez, exhibió y ratificó su dictamen, por lo que declaró cerrada la instrucción; sin embargo, como el juez responsable no remitió copia certificada del dictamen y su ratificación, por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 190 y 191) se le requirió para remitiera a este juzgado dichas documentales. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 3939-I de uno de agosto de dos mil dieciocho (foja 193) el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada del dictamen médico psicofisiológico especializado para casos de posible tortura y/o malos tratos (basado en el Protocolo de Estambul) 1121 de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, emitido por Baltazar Meléndez Téllez y su ratificación (fojas 194 a 210). A las documentales referidas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla realizó lo siguiente: 1. Proveyó lo necesario para allegar a la causa penal de origen los dictámenes en materias de medicina legal, fotografía y psicología forense, realizados al aquí quejoso, con base en el Protocolo de Estambul por los peritos Vania Melissa May Hernández, Rosa Isela Mateo Rodríguez y Baltazar Meléndez Téllez y sus correspondientes ratificaciones (fojas 152 a 181 y 194 a 210). 2. El veinte de julio de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción en el proceso penal 30/2011 de su índice y continuó con el procedimiento, tal y como lo prevé el código adjetivo de la materia, ya que turnó los autos a la vista del agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado para que, dentro del plazo de quince días, formulara las conclusiones que estimara pertinentes. Como se estableció en la sentencia de amparo, el cumplimiento del fallo protector no abarca la continuación del procedimiento establecido en el código procesal y la emisión de la sentencia correspondiente, en virtud de que los alcances para los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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