Manuel de Lara Ortiz
Expediente 648/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel de Lara Ortiz
- Alicia Carmona Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el ocho de agosto del año en curso, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; el escrito de demanda presentado por Alicia Carmona Hernández y Manuel de Lara Ortíz, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 648/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución incidental de falta de personalidad del actor, dictada el dieciséis el julio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 812/2018, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad. DESECHAMIENTO DE DEMANDA A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral anterior, se obtiene que el tribunal de amparo tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo. De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio cuyos efectos carezcan de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe mencionar, que conforme a la nueva Ley de Amparo, las violaciones adjetivas o formales cometidas en un procedimiento, sólo son reclamables en el amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Ello es así, ya que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es decir, con la promulgación de la Ley de Amparo, vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, actualmente el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, número de registro 2006589, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, el acto combatido no reúne las características de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que la resolución incidental de falta de personalidad al actor, dictada el dieciséis el julio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 812/2018, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad, no las priva del derecho de defensa que en el procedimiento tienen consagrado, ni altera cuestiones debatidas en el mismo. Ello es así, dado que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural si ésta es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar opuesto al mismo, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la resolución reclamada únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin que se advierta que aquella vulnere algún derecho sustantivo, sino que tales afectaciones solo recaen en aspectos procesales. Por ello, aun y cuando se estime inexacta la resolución reclamada, al no tener el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno, no es reclamable en amparo indirecto, ya que la resolución incidental de falta de personalidad del actor, dictada el dieciséis el julio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 812/2018, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad, no la priva a los accionantes del amparo del derecho de defensa que en el procedimiento tiene consagrado, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Para concluir, por los motivos expuestos, la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarla el impetrante, por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto reclamado. Se tiene como su domicilio de los promoventes para oír y recibir notificaciones en el ubicado en calle del Niño, número doscientos treinta y cuatro guion A, (234-A), colonia Pánfilo Natera, de esta ciudad; y, por autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jesús Sánchez Nava.
- Principal
SE PUBLICA AUTO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el escrito de demanda presentado por Alicia Carmona Hernández y Manuel de Lara Ortíz, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 648/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución incidental de falta de personalidad del actor, dictada el dieciséis el julio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 812/2018, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad. DESECHAMIENTO DE DEMANDA A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral anterior, se obtiene que el tribunal de amparo tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo. De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio cuyos efectos carezcan de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe mencionar, que conforme a la nueva Ley de Amparo, las violaciones adjetivas o formales cometidas en un procedimiento, sólo son reclamables en el amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Ello es así, ya que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es decir, con la promulgación de la Ley de Amparo, vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, actualmente el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, número de registro 2006589, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, el acto combatido no reúne las características de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que la resolución incidental de falta de personalidad al actor, dictada el dieciséis el julio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 812/2018, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad, no las priva del derecho de defensa que en el procedimiento tienen consagrado, ni altera cuestiones debatidas en el mismo. Ello es así, dado que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural si ésta es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar opuesto al mismo, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la resolución reclamada únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin que se advierta que aquella vulnere algún derecho sustantivo, sino que tales afectaciones solo recaen en aspectos procesales. Por ello, aun y cuando se estime inexacta la resolución reclamada, al no tener el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho sustantivo alguno, no es reclamable en amparo indirecto, ya que la resolución incidental de falta de personalidad del actor, dictada el dieciséis el julio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 812/2018, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de esta ciudad, no la priva a los accionantes del amparo del derecho de defensa que en el procedimiento tiene consagrado, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Para concluir, por los motivos expuestos, la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarla el impetrante, por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto reclamado. Se tiene como su domicilio de los promoventes para oír y recibir notificaciones en el ubicado en calle del Niño, número doscientos treinta y cuatro guion A, (234-A), colonia Pánfilo Natera, de esta ciudad; y, por autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jesús Sánchez Nava.
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