Manuel de Jesús Tierrablanca Ruíz

Expediente 722/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
722/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús Tierrablanca Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto, no fue recurrido en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y 18, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva. En el entendido de que deberán conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Visto el primero de los oficios de cuenta, se tiene a la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, proporcionando información respecto de la causa penal **************** instruida en contra del quejoso y adjunta un disco versátil en formato DVD. Atento a su contenido, agréguese sin mayor proveído, pues el veintidós de los corrientes se acordó una misiva con similar contenido. Guárdese en sobre cerrado el documento adjunto. En cuanto al segundo de los oficios signado electrónicamente por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, se le tiene cumplido el requerimiento formulado el veinte de los corrientes y proporciona información respecto de la causa penal 1P0622-960 instruida en contra del quejoso, lo que hace explicando que ahí, el trece de los corrientes, el agente del Ministerio Público solicitó fecha y hora para el verificativo de audiencia privada, con la finalidad de pedir orden de aprehensión en contra del quejoso; que en esa misma fecha se llevó a cabo la actuación y se libró el mandato en su contra por el delito de tentativa de homicidio calificado; para lo cual, exhibe las constancias que lo acreditan. Ahora bien, la oficiante expone que no había informado previamente a esta Potestad sobre ello, virtud a que fue solicitada el trece de julio de dos mil veintidós, esto es, en data posterior a la presentación de la demanda de amparo (11-07-22); de tal guisa que "a la fecha y hora de la presentación de la demanda de amparo, aún no se encontraba girada orden de aprehensión alguna, incluso no se encontraba generada dicha causa penal". Bajo esa perspectiva, no es dable tener como conducta tildada de inconstitucional la orden privativa ahí referida (causa penal ***************), tal como lo sostuvo el Máximo Tribunal en la jurisprudencia, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." No es inadvertido que el criterio citado alude a la Ley de Amparo abrogada; empero, el numeral que interpreta (artículo 74, fracción IV) es sustancialmente idéntico al vigente (63, fracción IV). De ahí que el criterio resulte aplicable. Causal de improcedencia. Ahora bien, tocante a la diversa orden de aprehensión dictada en la causa penal ***************** dictada en contra del quejoso el once de julio de dos mil veintidós, por hechos que la ley señala como delito de homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa, se provee: Del análisis de las constancias obrantes en autos, así como la exhibida en este momento mediante oficio registrado con el número 11161, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. En el caso, los actos combatidos de manera destacada consistieron en la orden de aprehensión, detención, comparecencia o cualquier otra orden de privación de libertad presentación librada en contra del quejoso, y su ejecución. En relación con el mandato de captura, la autoridad responsable ordenadora, en su informe justificado aceptó su existencia (foja 15). En ese contexto precisó que el once de julio pasado se giró orden de aprehensión en contra del quejoso, dentro de la causa penal ************ del índice del Juzgado de la Tercera Región sede y base Celaya, por el delito de homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa y lesiones en grado de tentativa; que dicha orden fue cumplimentada el mismo día y se dejó a disposición del Tribunal al aquí quejoso; que en audiencia de diecisiete de julio de dos mil veintidós se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa y auto de no vinculación a proceso por el delito de lesiones en grado de tentativa (min 2:42 de videograbación). Para corroborar la anterior situación el juez del conocimiento primario allegó al sumario un disco compacto gravado en formato DVD el cual contiene la audiencia de la que se desprende que se resolvió su situación jurídica; documental con eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. En ese sentido, de las constancias en cita se colige que el juez natural dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal del que deriva la orden reclamada en este asunto; por tanto, es inconcuso que se ha presentado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la orden de aprehensión impugnada, la cual ha sido sustituida por diversa resolución, como lo es el auto de vinculación a proceso por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a esta juzgadora entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de dos mil, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por lo anterior, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. Se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las once horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, en cuanto a la petición de la oficiante sobre "cómo se deberá proceder respecto a la suspensión definitiva (.) por lo que hace a la presente causa penal 1P0622-960", dígasele que deberá estarse a los términos ordenados en audiencia incidental de dieciocho de julio del presente año.

  3. Principal

    Visto el oficio que suscribe la encargada de sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, mediante el cual informa que, en la causa penal ********** en donde se dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, el diecisiete de los corrientes se dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa y auto de no vinculación a proceso por el hecho de lesiones en grado de tentativa. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y, en su caso, relaciónese en la audiencia constitucional. Se tiene por ofrecida y admitida la documental que consta en un disco versátil digital (DVD), que dice contener las constancias digitales en donde se emitió el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.» Por lo que respecta al disco versátil digital recibido, guárdese en sobre cerrado que se glose al sumario para que obre como legalmente corresponde. Finalmente, estese en espera de que la oficiante cumpla con el requerimiento que se le formuló en auto de veinte de los corrientes respecto de diversa causa penal en la que el quejoso es inculpado, a fin de proveer lo conducente.

  4. Principal

    Informe justificado. Visto el informe justificado que rinde el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, en el que acepta los actos reclamados, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Se tiene por ofrecida la documental que consta en un disco versátil digital (DVD), que contiene las constancias digitales en donde se emitió el acto reclamado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el que acepta la existencia del acto que se le atribuye. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. Por lo que respecta al disco versátil digital recibido, guárdese en sobre cerrado que se glose al sumario para que obre como legalmente corresponde. Se toma nota de los correos electrónicos, así como de los números telefónicos proporcionados.

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