Manuel de Jesús Silencio Cruz y Otros.
Expediente 1030/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel de Jesús Silencio Cruz y Otros.
- Manuel de Jesús Silencio Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca; visto su contenido, mediante oficio que al efecto se gire al Titular de dicho órgano de control constitucional, remítasele únicamente copia certificada de la boleta y demanda origen de este juicio, así como, del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda y del auto de quince de junio de ese año, que lo declaró firme; para los efectos a que haya lugar.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la mesa VIII del Sector Central de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del pedimento de consignación de veintitrés de mayo actual; asimismo, informa que quedó radicada en el Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las citadas constancias, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V A "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por Manuel de Jesús Silencio Cruz, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Disatrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, y otra autoridad, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1030/2016. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, y Ejecutor adscrito a dicho juzgado, respectivamente, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, relativo al juicio de divorcio radicado con el número de expediente 74/2012, promovido en la vía ordinaria por Irma Crescencia Ramírez Altamirano, en la cual se le condena a la liquidación de la sociedad conyugal de bienes que no formaron parte de dicha sociedad, y La ejecución material de la aludida interlocutoria En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra los precisados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. 6. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, Tomo XVII, julio de 1993, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los impetrantes de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Precisado lo anterior, a fin de corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar que el quejoso señaló como antecedentes de acto reclamado lo siguiente: El veinticinco de julio de dos mil doce, Irma Crescencia Ramírez Altamirano, le demandó en la vía ordinaria civil la disolución de su vínculo matrimonial, radicándose dicho juicio en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, bajo el expediente 74/2012. El veinticuatro de julio de dos mil trece, se dictó la correspondiente sentencia, en la que se le condenó a la disolución del vínculo matrimonial y a la liquidación de la sociedad conyugal. En escrito de doce de diciembre de dos mil trece, Irma Crescencia Ramírez Altamirano, le demandó en la vía incidental la liquidación de la sociedad conyugal. Luego, por diverso escrito de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dio contestación a la demanda incidental promovida, oponiendo sus excepciones y ofreciendo las pruebas que a su parte corresponden. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se dictó resolución en dicho incidente, en la cual se le condenó ilegalmente a la liquidación de la sociedad conyugal de bienes que no formaron parte de dicha sociedad. De lo expuesto, resulta notorio que el acto reclamado emana de un tribunal judicial y que el ahora quejoso no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad del impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio. Respecto a los puntos consistentes en que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, que éste se dé dentro del procedimiento en que se emitió la resolución reclamada y que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, cabe decir que el artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone lo siguiente: Artículo 405. Los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo. Por su parte, el numeral 670, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal dispone: Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.) De dichos artículos, se advierte que contra el auto que resuelva un incidente procederá el recurso de apelación en el efecto devolutivo, y que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. De ahí que previamente a la instauración del juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente que, en el caso, lo es el recurso de apelación en términos de lo previsto por el numeral 405 del código adjetivo civil. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia señalada, en virtud de que es incuestionable que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De ahí que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas para tal efecto a las personas que precisa, en términos de la parte final del párrafo segundo del numeral 12 de la Ley de Amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe."
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