Manuel de Jesús Sierra Ávila
Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Manuel de Jesús Sierra Ávila
- Francisco Javier Rodarte González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el tercero interesado Francisco ***y, en mérito de su contenido, conforme las labores de este juzgado lo permitan, expídasele copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, mismas documentales que serán remitidas a la dirección de correo electrónico ***. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito signado por ***, quien se ostenta como autorizado del tercero interesado ***, en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, mediante el cual solicita copia certificada de la totalidad de las constancias del presente juicio de amparo. No ha lugar proveer de conformidad la petición del promovente, ya que de autos se advierte que dicho tercero fue emplazado, mas no se apersonó al juicio de amparo, ni señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, así como tampoco designó autorizados para tales efectos. Por tanto, aun y cuando ***, hubiere designado autorizados en el juicio de origen, dicha personalidad no puede surtir efectos en el presente sumario, de ahí que la solicitud a que se refiere el promovente deberá ser peticionada por el directo tercero interesado, por las consideraciones siguientes: El primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero." Del análisis de dicho numeral, se desprende que el quejoso o tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá amplias facultades para realizar cualquier acto procesal relacionado con el juicio constitucional, en cuanto favorezcan los intereses de su autorizante, incluso interponer recursos. Además, se hace una referencia de diversos actos que puede realizar el autorizado en términos amplios de dicho numeral y señala que podrá "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades, las cuales inician desde el momento de la presentación de la demanda y subsisten mientras existan actos que realizar en relación con este medio de control constitucional para defensa de los derechos del autorizante. Es aplicable, de manera ilustrativa, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIV/98, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA". Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "El acuerdo dictado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ------, en el que se apercibe con imponer un arresto hasta por treinta y seis horas, para vencer la contumacia y se haga entrega del bien mueble embargado en dicha controversia" En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el cual apercibió al impetrante del amparo con la imposición de un arresto hasta por treinta y seis horas, en el juicio ejecutivo mercantil ------. Lo anterior no es obstáculo para que, previa petición de la parte actora, el juez responsable ordene requerir nuevamente al demandado la entrega del bien embargado en autos; empero, de decretar el arresto como medida de apremio, en caso de no haber dado cumplimiento a lo requerido, deberá fundar y motivar el mismo en cuanto a su duración [.]" La sentencia dictada en el presente juicio de amparo causó ejecutoria el dieciocho de agosto siguiente. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio 1332/2021 de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Juez Segundo de lo Mercantil en esta ciudad, anexó copia certificada del auto dictado en esa misma fecha en el expediente juicio ejecutivo mercantil 603/2021 de su índice, mediante el cual dejó insubsistente el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, en el cual se apercibió a Manuel de Jesús Sierra Ávila (quejoso) con la imposición de un arresto, hasta por treinta y seis horas; documental con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte, al dejar sin efectos el auto que apercibía de arresto al quejoso, lo cual constituyó el acto reclamado. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que las autoridades responsables remitieron con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva), es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "El acuerdo dictado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ------, en el que se apercibe con imponer un arresto hasta por treinta y seis horas, para vencer la contumacia y se haga entrega del bien mueble embargado en dicha controversia" En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el cual apercibió al impetrante del amparo con la imposición de un arresto hasta por treinta y seis horas, en el juicio ejecutivo mercantil ------. Lo anterior no es obstáculo para que, previa petición de la parte actora, el juez responsable ordene requerir nuevamente al demandado la entrega del bien embargado en autos; empero, de decretar el arresto como medida de apremio, en caso de no haber dado cumplimiento a lo requerido, deberá fundar y motivar el mismo en cuanto a su duración [.]" La sentencia dictada en el presente juicio de amparo causó ejecutoria el dieciocho de agosto siguiente. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio 1332/2021 de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Juez Segundo de lo Mercantil en esta ciudad, anexó copia certificada del auto dictado en esa misma fecha en el expediente juicio ejecutivo mercantil 603/2021 de su índice, mediante el cual dejó insubsistente el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, en el cual se apercibió a Manuel de Jesús Sierra Ávila (quejoso) con la imposición de un arresto, hasta por treinta y seis horas; documental con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte, al dejar sin efectos el auto que apercibía de arresto al quejoso, lo cual constituyó el acto reclamado. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que las autoridades responsables remitieron con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva), es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.
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