Manuel de Jesús Pool Zuñiga

Expediente 1335/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1335/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús Pool Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos; I. La certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de treinta de agosto de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de referencia ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación; este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio 20911/2023, de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, de la estadística de este órgano jurisdiccional, dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, que devuelve el Administrador de Correos del Servicio Postal Mexicano con la leyenda "ya no existe Secretaría Penal en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Copainalá, Chiapas." (Sic). Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. En consecuencia a lo anterior, REQUIÉRASE al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, informe respecto del destino de la causa penal ********************, toda vez que es necesaria la información para requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en atención al contenido del oficio de cuenta, resérvese de proveer hasta en tanto se cuente con la información solicitada en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, atento al oficio de autorización CCJ/ST/4807/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Pool Zúñiga, contra el acto y autoridades que indica. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1335/2023-II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento , por los motivos que a continuación se expresan: Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, Administrativo o del Trabajo; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgado realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es: La fijación del diez por ciento de pensión provisional compensatoria, ordenada en el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés dentro del expediente ********************, del índice de la responsable, a favor de la actora ********************. En la especie, se considera que en contra del acuerdo reclamado, procede el recurso de apelación contemplado en los artículos 663, 666, 667 y 671, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas que establecen: "ARTICULO 663.- EL RECURSO DE APELACIÓN TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCIÓN DEL INFERIOR". "ARTICULO 666.- LA APELACION DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCION EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERAN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA." "ARTICULO 667.- EL LITIGANTE AL INTERPONER LA APELACION ANTE EL JUEZ, EXPRESARA LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE LE CAUSE LA RESOLUCION RECURRIDA. LA APELACION INTERPUESTA CONTRA AUTOS O INTERLOCUTORIAS DEBERAN HACERSE VALER EN EL TERMINO DE SEIS DIAS Y LAS QUE SE INTERPONGAN CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA, EN UN PLAZO DE NUEVE DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION. "ARTICULO 671.- DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS QUE DERIVEN UNA EJECUCIÓN QUE PUEDA CAUSAR DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN Y LA APELACIÓN PROCEDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SE ADMITIRÁ EN AMBOS EFECTOS SI EL APELANTE LO SOLICITA AL INTERPONER EL RECURSO, EN EL QUE DEBERÁ SEÑALAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA EL DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN." En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que con la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar el acto tildado de inconstitucional, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa, y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al ser apelable la sentencia que se dicte en los juicios de controversias del orden familiar, en términos de los artículos 663, 666, 667, 671 en comento, así como del 991 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, es obvio que también son apelables los autos dictados en dicho juicio, por lo que es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponer el recurso de apelación en contra del auto tildado de inconstitucional, pues por virtud del citado medio de impugnación, el acto reclamado puede ser revocado o modificado, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, éste carece de definitividad, como se dijo. Lo anterior, encuentra sustento en los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ello en virtud de que es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia del amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Máxime que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. A la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento en sentido estricto, en virtud de que figura como parte en el expediente de origen; tampoco es tercera extraña por equiparación, puesto que es parte demandada dentro del expediente natural; además, en el punto segundo de su capítulo de antecedentes manifestó que fue notificado el día quince de este año de la resolución reclamada. Por lo que es evidente que en contra del acto reclamado por esta vía constitucional, el medio ordinario de defensa especifico, es el recurso de apelación previsto en los artículos 663, 666, 667, 671 y 991, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, Página 678, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así también, por el contenido jurídico que orienta, la tesis XXX.2o.6 C (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable. No es óbice a lo anterior, que en el caso se encuentren involucrados derechos de menores de edad, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con respecto a que contra los actos de imposible reparación, previamente deben agotarse los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 61, fracción XVIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al estimar que el principio de definitividad opera como regla general, teniendo como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 350, del rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así también, la Jurisprudencia 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación. Y la Jurisprudencia J/239, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Noviembre de 2003, visible a página 765, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No se desconoce el contenido de la Jurisprudencia con epígrafe "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCION A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", de cuyo contenido se advierte que el motivo de excepción a que se refiere la citada tesis jurisprudencial se hace consistir en el hecho de que el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable al caso, no admita la suspensión del acto reclamado, sin embargo, contrario a lo argumentado por la promovente de amparo, la legislación procesal civil de la entidad sí prevé la suspensión del acto reclamado, tal y como se advierte del contenido de los artículos 669, párrafo tercero y 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas que establecen: "ART. 669.- (.) ..LA APELACION ADMITIDA EN AMBOS EFECTOS SUSPENDE DESDE LUEGO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, HASTA QUE CAUSE EJECUTORIA. CUANDO SE INTERPONGA CONTRA AUTO O INTERLOCUTORIA QUE POR SU CONTENIDO IMPIDA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO Y LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS, SE SUSPENDERA LA TRAMITACION DEL JUICIO. DE NO SER ASI, SOLO SE SUSPENDERA EN EL PUNTO QUE SEA OBJETO DEL AUTO O LA INTERLOCUTORIA APELADA Y SE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO EN TODO LO DEMAS." "ART. 671.- DE LOS AUTOS Y SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS QUE DERIVEN UNA EJECUCION QUE PUEDA CAUSAR DAÑO IRREPARABLE O DE DIFICIL REPARACION Y LA APELACION PROCEDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SE ADMITIRA EN AMBOS EFECTOS SI EL APELANTE LO SOLICITA AL INTERPONER EL RECURSO, EN EL QUE DEBERA SEÑALAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA EL DAÑO IRREPARABLE O DE DIFICIL REPARACION. EN ESTE CASO, EL JUEZ DEBERA RESOLVER SI ADMITE LA APELACION EN AMBOS EFECTOS, DEBIENDO FIJAR EL MONTO DE LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL APELANTE, EN UN TERMINO DE SEIS DIAS A FIN DE QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSION. DICHA GARANTIA ATENDERA A LA CUANTIA DEL ASUNTO Y NO PODRA SER INFERIOR AL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DEL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO. DE NO EXHIBIRSE LA GARANTIA EN EL PLAZO SEÑALADO, LA APELACION SOLO SE ADMITIRA EN EFECTO DEVOLUTIVO. EN CASO DE QUE LA GARANTIA SEÑALADA SEA EXCESIVA O QUE SE NIEGUE LA ADMISION DEL RECURSO EN AMBOS EFECTOS, SE PUEDE OCURRIR EN QUEJA, MISMAS QUE DEBERA PRESENTARSE ANTE EL MISMO JUEZ, EN UN TERMINO QUE TRES DIAS, DEBIENDO ACOMPAÑAR GARANTIA POR EL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO, PARA EFECTOS DE SUSPENDER LA EJECUCION. DE NO EXHIBIRSE ESTA GARANTIA, AUNQUE LA QUEJA SE DEBA ADMITIR, NO SE SUSPENDERA LA EJECUCION. EL JUEZ EN CUALQUIER CASO REMITIRA AL SUPERIOR LA QUEJA PLANTEADA JUNTO CON SU INFORME JUSTIFICADO, DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS, PARA QUE SEA RESUELTA POR EL SUPERIOR JERARQUICO EN UN TERMINO DE CINCO DIAS. DECLARADA FUNDADA LA QUEJA, EL SUPERIOR ORDENARA QUE LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS Y SEÑALARA LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL RECURRENTE ANTE EL INFERIOR DENTRO DEL TERMINO DE SEIS DIAS. SI SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA. LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVAN LAS QUEJAS NO ADMITEN MAS RECURSO QUE EL DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE LA GARANTIA SEÑALADA SEA EXCESIVA O QUE SE NIEGUE LA ADMISION DEL RECURSO EN AMBOS EFECTOS, SE PUEDE OCURRIR EN QUEJA, MISMAS QUE DEBERA PRESENTARSE ANTE EL MISMO JUEZ, EN UN TERMINO QUE TRES DIAS, DEBIENDO ACOMPAÑAR GARANTIA POR EL EQUIVALENTE DE SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO, PARA EFECTOS DE SUSPENDER LA EJECUCION. DE NO EXHIBIRSE ESTA GARANTIA, AUNQUE LA QUEJA SE DEBA ADMITIR, NO SE SUSPENDERA LA EJECUCION. EL JUEZ EN CUALQUIER CASO REMITIRA AL SUPERIOR LA QUEJA PLANTEADA JUNTO CON SU INFORME JUSTIFICADO, DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS, PARA QUE SEA RESUELTA POR EL SUPERIOR JERARQUICO EN UN TERMINO DE CINCO DIAS. DECLARADA FUNDADA LA QUEJA, EL SUPERIOR ORDENARA QUE LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS Y SEÑALARA LA GARANTIA QUE EXHIBIRA EL RECURRENTE ANTE EL INFERIOR DENTRO DEL TERMINO DE SEIS DIAS. SI SE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA. LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVAN LAS QUEJAS NO ADMITEN MAS RECURSO QUE EL DE RESPONSABILIDAD." De los artículos anteriormente transcritos, se observa primeramente que la apelación admitida en ambos efectos suspende la ejecución del acto impugnado, así mismo, que tratándose de autos y sentencias interlocutorias que deriven en una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación, caso en el cual el juez que reciba el escrito de apelación deberá resolver si la admite en ambos efectos, incluso si se niega la admisión del recurso en ambos efectos, se puede recurrir dicha determinación a través del recurso de queja; de lo que se corrobora que la legislación procesal de la entidad sí prevé la suspensión del acto impugnado a través del recurso en comento, el cual se considera es, idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar las violaciones de las que se duele la impetrante de amparo. Por tanto, se concluye que la excepción a que se refiere la jurisprudencia antes citada no se actualiza en este caso concreto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juzgado Quinto del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tuxtla, y Jefe de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, ambas con residencia en esta ciudad, consistente en la fijación del diez por ciento de pensión provisional compensatoria, ordenada en el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés dentro del expediente ********************, del índice de la responsable, a favor de la actora ********************. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y en términos restringidos del citado artículo a ******************** SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMETE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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