Manuel de Jesús Nucamendi Rojas

Expediente 1336/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1336/2015
Año
2015
Actuaciones
24
Última actuación
25/01/2017

Partes del expediente

  • Juez Primero Penal En el Distrito Judicial de Centro, Tabasco
  • Manuel de Jesús Nucamendi Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Visto el estado de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente se ordenó el archivo de aquel; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Visto el contenido de la certificación de cuenta, del que se advierte el quejoso no interpuso el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo en vigor, en contra del ********************, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este asunto; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que el auto de mérito ha causado estado. Por último, sin hacer mención sobre su archivo definitivo, toda vez que en el supracitado auto se ordenó el mismo Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Juez Julio César Ortiz Mendoza, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el secretario del juzgado, Santiago Eduardo Jimenez Solís, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    En veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos; asimismo se hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales respecto de los cuales se deba proveer. Conste. Villahermosa, Tabasco; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el treinta de septiembre de dos mil quince, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso Manuel de Jesús Nucamendi Rojas, para el efecto siguiente: "Por los motivos expuestos en el considerando que antecede, al concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MANUEL NUCAMENDI ROJAS, para el efecto de que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, una vez que este veredicto cause ejecutoria, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de doce de enero de dos mil quince,(sic) en la que determinó girar orden de aprehensión en contra del quejoso MANUEL NUCAMENDI ROJAS, dictada en la causa 71/2015-I, de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a); 10 fracción I incisos a), b), y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (sic), únicamente por lo que hace a dicho impetrante. II. Con plenitud de jurisdicción emita una nueva resolución purgando los vicios formales que lo afectaban, en la especie: A) Previo a otorgar valor probatorio al parte informativo y de puesta a disposición signado por Guadalupe Girón González y Carlos Cano Ascencio, Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, someter dicho medio de convicción a un análisis pormenorizado y contrastándolo con el dicho de la víctima identificada como "A", para que una vez analizadas las inconsistencias y contraposiciones existentes, estime que el mismo carece de fiabilidad para surtir efectos demostrativos. B) Respecto de las pruebas consistentes en el parte informativo de treinta de julio de dos mil catorce (sic), signado por Roberto Hernández De La Cruz y Jesús Hernández Hernández, Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, deposado de los testigos Karla Del Rosario Nucamendi Rojas y Stelthon Ludwing Taylor Chang, deberá valorar la ilicitud de la obtención de dichas pruebas y su consecuente nulidad, pues respecto de la pieza informativa en mención y el deposado de la primera de las atestes, éste fue incorporado al caudal probatorio expuesto para ejercer acción penal en contravención del control provisional preventivo al que se encontraban obligados los agentes captores, asimismo deberá basar su valoración en el criterio supracitado de rubro "CONFESION. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO ES RENDIDA ANTE LA POLICIA JUDICIAL Y RATIFICADA ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL." De igual modo, el juez de origen deberá ajustar su actuar a lo estatuido por el criterio jurisprudencial sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible a fojas mil ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI (Agosto de 2012 (Tomo 2), correspondiente a su Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO.- El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Por tanto, al ser vinculante la determinación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y atendiendo al artículo 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, es obligación de la juez responsable, dar vista a la autoridad correspondiente para que ésta inicie de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, así como, en su caso, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. C) Fundamentar y motivar correctamente la resolución tildada de inconstitucional, debiendo ser exhaustivo en el análisis de congruencia que debe regir a dicha determinación, pues no pueden subsistir elementos acogidos directamente de la indagatoria y plasmados literalmente. Para posteriormente, estimar si se encuentra acreditado el cuerpo de los delitos en estudio, así como la probable responsabilidad del inculpado MANUEL NUCAMENDI ROJAS, en su comisión. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Director General de la Policía Ministerial, en virtud de que al haberse declarado inconstitucional el actuar de la autoridad responsable, también deben ser considerados inconstitucionales los actos reclamados de la aludida ejecutora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 103, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y siete, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.- La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." (fojas 86 a 88) Firmeza de la Sentencia. Resolución constitucional de la cual se solicitó su cumplimiento el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, fecha en la que fue recibida, en este órgano jurisdiccional, la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, correspondiente a la sesión de veintiséis de abril del año en curso, terminado de engrosar el precitado tres de mayo; la cual fue comunicada a este Juzgado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito con sede en esta ciudad; en consecuencia, por auto de diecinueve de mayo del año en curso, se requirió el puntual cumplimiento a la autoridad responsable. (foja s 179 a 181) Por lo que oficio 1819, de veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Penal de Centro, remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma data, por la que en cumplimiento a la sentencia de amparo, dictada en estos autos, dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada en la causa penal 71/2015 de su índice en contra de Manuel de Jesús Nucamendi Rojas, y emitió nueva resolución de la que se advierte negó la orden de captura en favor del citado quejoso. (fojas 194 a 206) En consecuencia de lo anterior, se dio vista al quejoso con la resolución antes citada, y por auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, se resolvió no dar por cumplida la sentencia protectora, esto en razón que por lo que respecta al tema de la tortura, la autoridad no se pronunció, en tal virtud, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Acto de la autoridad en relación con el cumplimiento. Mediante oficio 2149 de diez de junio de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Penal de Centro, remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma data, por la que en cumplimiento a la sentencia de amparo, dictada en estos autos, dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada en la causa penal 71/2015 de su índice en contra de Manuel de Jesús Nucamendi Rojas, y emitió nueva resolución de la que se advierte negó la orden de captura en favor del citado quejoso. (fojas 227 a 259) Vista con el cumplimiento. Por acuerdo de trece de junio de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista al quejoso para que dentro del término de tres días siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con el informe de cumplimiento remitido por la autoridad responsable. (foja 261) Análisis Evaluativo Pues bien, del oficio y anexos referidos se advierte que la autoridad responsable, a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, dictó resolución en diez de junio de dos mil dieciséis, en la que negó la orden de aprehensión en favor del quejoso Manuel de Jesús Nucamendi Rojas. Por lo que autoridad responsable, Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 2149 de diez de junio de dos mil dieciséis, recibido en la misma data, en este órgano de control constitucional, informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por este Juzgado Quinto de Distrito con sede en Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, remitió copias certificadas de la resolución de esa misma fecha, consiste en la resolución por la que niega la orden de aprehensión dentro de los autos de la causa penal 71/2015, en favor del quejoso Manuel de Jesús Nucamendi Rojas; que dejó sin efectos la orden de captura librada en catorce de agosto de dos mil quince y el auto de orden negada de veinte de mayo de dos mil dieciséis; y en base a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, dictó la nueva resolución. Del análisis que se hace a la resolución dictada por la responsable, se puede concluir que sí dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, esto es, que se ciñó a los lineamientos que le fueron indicados en la sentencia de amparo. Pues de la ejecutoria se dijo que en relación con el parte informativo de treinta de julio de dos mil quince, signado por los policías GUADALUPE CERON GONZÁLEZ y CARLOS CANO ASCENCIO, debería restarle valor probatorio en razón que éste carece de imparcialidad, pues se destacaron las contradicciones entre lo asentado en el referido parte informativo y lo declarado por la víctima del delito; y que con base en las inconsistencias entre lo declarado por la victima Rigoberto Rodríguez Torres y lo asentado en el parte informativo citado, no era correcto engarzarlo con el parte informativo. Por lo que de la resolución por la que da cumplimiento la responsable, ésta aduce que si bien obra la declaración a cargo de RIGOBERTO RODRÍGUEZ TORRES (victima), a la cual concede valor de indicio; que en su declaración solo hace referencia a seis personas a las que refirió como "primer, segunda, tercer, cuarta, quinta y sexta persona; describiendo la conducta ejecutada por cada uno de ellos, y de los cuales solo tres fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública. Que dichos señalamientos se robustecen con la diligencia de la cámara de Gessel desarrollada el treinta y uno de julio de dos mil quince; esto en los momentos que la víctima indicó que el probable Stelthon Ludwing Taylor Chang, lo reconoció como la persona que lo golpeaba cuando lo cambiaba de una camioneta negra a una blanca. También reconoció MANUEL PALMA LÓPEZ, como la persona que iba de copiloto en la camioneta blanca donde lo subieron al momento de cambiar de vehículo. Pero que con dicha deposición no se advierte que el inculpado fuera una de las personas que privó de la libertad a la victima; pues señala que uno de sus captores fue el citado TAYLOR CHANG, de lo que existe declaración a modo de confesión, pero que la misma no fue ratificada ante esa responsable, además en ampliación alegó haber sido torturado por sus captores, por lo que dicha declaración carece de valor probatorio, pues carece de para afirmar que fue producida con plena conciencia y libertad por parte del que declara, sin coacción, ni violencia física y moral, tal como lo exige el numeral 109, fracción IV, inciso e) de la legislación procesal vigente en el Estado; regla de exclusión que también se encuentra sustento en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. Esto es, que no engarza la declaración del pasivo con las declaraciones del coinculpado Taylor Chang, pues hace referencia que si bien este confesó de ministerialmente, sin embargo, no ratificó dicha confesión, pues refirió haber sido torturado y por tanto el señalamiento que éste hace en contra del quejoso Manuel de Jesús Nucamendi Rojas, es prueba ilícita. Además, en la resolución emitida por la responsable, se puede constatar analizó puesta a disposición de treinta de julio de dos mil quince, signada por Roberto Hernández de la Cruz y Jesús Hernández Hernández, y también declaración de Karla del Rosario Nucamendi Rojas de la misma fecha y, adujo que la declaración de esta última no debe ser tomada en cuenta por derivar de la detención que hacen los precitados aprehensores, a decir por una actitud sospechosa; que no fue sorprendida en la realización de un injusto penal o bien momentos después de realizarlo, pues de las constancias de autos no se constata que la referida ateste haya intervenido en los hechos ocurridos en fecha veintinueve de julio de dos mil quince. Por lo que con base en lo anterior, le restó valor a la declaración de la citada ateste, pues tal y como se dijo en la ejecutoria de amparo, al haber sido detenida de manera ilegal, la declaración no puede ser tomada en cuenta. Analizó también la responsable que lo que refieren los aprehensores en su parte informativo, que la ateste les refirió, eso no debe tomarse en cuenta, pues los policías no son competentes para recibir declaraciones. De la misma manera, en relación con lo decretado en la sentencia protectora, relativo a la denuncia por actos de tortura: Se advierte que el Juez responsable ajustó su actuar a lo estatuido en el criterio jurisprudencial sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible a fojas mil ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI (Agosto de 2012 (Tomo 2), correspondiente a su Décima Época, de rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Por lo que ordenó dar vista al Director de Investigación de la Fiscalía General del Estado para que con los actos de tortura que refiere el testigo STELTHON LUDWING TAYLOR CHANG, inicie una averiguación de manera independiente, imparcial y meticulosa con el fin de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad de la victima e identificar y procesar a las personas probables responsables. Virtud de lo cual, en los términos señalados y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, es de resolverse que con las acciones desplegadas por la responsable se denota que ésta acató en sus términos los lineamientos que fueron expuestos y ordenados en su contenido, en consecuencia, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo Quinto, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, atento a que las partes no realizaron manifestación alguna, respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo pidan conforme al procedimiento de acceso a la información; siendo facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar cuándo se presente una solicitud sobre dicha publicación de datos personales, así como también si las pruebas o constancias del juicio, deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AGRÉGUESE LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR.... MEDIANTE EL CUAL EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.... REMITE COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSAS CONSTANCIAS...... EN ESAS CONDICIONES PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICE..... DESE VISTA A L LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN QUE DEL PRESENTE PROVEÍDO SE HAGA MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA.......

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