Manuel de Jesus Marin Llanos

Expediente 600/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
600/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Manuel de Jesus Marin Llanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexos que adjunta, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado el veintidós de abril del año en curso, sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el veintiocho de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio y anexo remitidos por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, mediante el cual atiende el requerimiento que le fue realizado en proveído de veintidós de abril del año en curso. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado y en cumplimiento a los requerimientos realizados por este juzgado, se advierte que la parte quejosa reclamó la falta de expedición del título de propiedad correspondiente al solar once de la manzana cincuenta y dos, del Ejido de Izamal, municipio de Izamal, Yucatán, asignada a su favor en la asamblea ejidal de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y su debida inscripción. Ahora, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que, con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclamó la falta de expedición del título de propiedad correspondiente al solar once de la manzana cincuenta y dos, del Ejido de Izamal, municipio de Izamal, Yucatán, asignada a su favor en la asamblea ejidal de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y su debida inscripción, atribuidos a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en esta ciudad; así como al Catastro Municipal de Izamal, Yucatán. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán adjuntó a sus oficios de cuenta, se desprende que el seis de abril de dos mil veintidós, notificó a la parte quejosa la resolución de requerimiento de nueve de marzo de dos mil veintidós, en la cual se le previno a efecto de que exhibiera la documentación necesaria a fin de determinar que el nombre de Manuel Marín Llanos correspondía a la misma persona a quien le fue la superficie ejidal bajo el nombre de Manuel Jesús Marín Llanos; dejándose en suspenso la materialización del título de propiedad correspondiente hasta que se cumpliera lo anterior. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad agraria responsable, al haberse demostrado que la solicitud de la parte quejosa fue atendida y en relación con ella se emitió una resolución de prevención, de tal forma que el derecho a obtener una respuesta por parte de la responsable ha sido restituido, regresando las cosas al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a su derecho de petición a partir de la inactividad de la autoridad agraria de atender su solicitud de expedir el título de propiedad correspondiente, lo que en el caso se subsana con la emisión y notificación de la resolución de prevención a que se ha hecho referencia. Esto es así, pues el estado que guarda el procedimiento administrativo de origen ahora se encuentra en un momento distinto al que imperaba al momento de la falta de respuesta reclamada, pues ahora dependerá de la parte quejosa el proporcionar la documentación necesaria para acreditar su identidad, en términos de la prevención realizada. De ahí que tampoco pueda considerarse existente el acto de omisión atribuido al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, con sede en esta ciudad ni al Catastro Municipal de Izamal, Yucatán, pues es evidente que ante la suspensión en la materialización del título de propiedad correspondiente, no les ha sido remitido para su debida inscripción. De ahí que por lo que a dichas autoridades registrales corresponde, deba considerarse inexistente el acto reclamado. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1301/2022, suscrito por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho de dicha delegación, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad. Ahora bien, reitérese a la autoridad remitente que este Juzgado es conocedor de su oficio con terminación 1267/2 022, presentado el once de abril del año en curso, pues fue precisamente en el acuerdo recaído a éste que se le requirió a efecto de que hiciera llegar la resolución de requerimiento a que hizo referencia en esa comunicación, ya que solo acompañó copia certificada de la diligencia de notificación realizada con la parte quejosa. Así, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se requiere nuevamente a dicha autoridad a efecto de que en el plazo de tres días, legalmente computados, remita a este juzgado de distrito, copia certificada de la resolución que fue notificada a la parte quejosa en la diligencia de seis de abril del año en curso y la cual no ha sido allegada a este expediente. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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