Manuel de Jesús Lugo Breton
Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/01/2021
Partes del expediente
- Manuel de Jesús Lugo Breton
Actuaciones
- Principal
VII.- Toluca, Estado de México, veintidós de enero de dos mil veintiuno. En atención a que la presente demanda de amparo indirecto se encuentra contemplada dentro de los supuestos de urgencia establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, específicamente en el artículo 4, fracción IX, inciso a), este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Lugo Breton, por propio derecho, contra el acto y autoridad responsable, Este órgano de control constitucional estima que debe desecharse de plano la solicitud de amparo respecto del acto reclamado consistente en la negativa de proporcionar atención médica en el área de nutrición, en virtud que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar la presente determinación, se parte del análisis del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene, en lo que se interesa, es improcedente la demanda de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los mismos alcances que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la normatividad de garantías; y, que las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la ubicación de una persona en un centro penitenciario y la clasificación de sus áreas forman parte del sistema penitenciario y servicios, competencia del juez de ejecución y la autoridad penitenciaria; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable procedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Con relación a este último aspecto, es de destacarse que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2012, precisó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias". De manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, tales como la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas, corresponde conocerlas a tales jueces. En el mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.) sostuvo que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión. Entonces, es dable concluir, como lo señaló la propia Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2007, emitida al resolver la contradicción de tesis 22/2006-PS, que la prisión preventiva comparte la misma naturaleza que la punitiva, en tanto que ambas entrañan la privación de la libertad del gobernado. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Tales disposiciones constitucionales se encuentran recogidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos artículos 1, 2 y 3, fracciones III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII, prevén que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. Debiéndose entender como juez de ejecución a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé dicho ordenamiento y por persona privada de su libertad a la persona procesada (sujeto a proceso penal sometido a prisión preventiva) o sentenciada (sujeto que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria) que se encuentre en un Centro Penitenciario, en términos del artículo 32 de la referida Ley. Con relación a lo anterior, los artículos 117, fracciones I y II, 120, párrafo primero, 121, fracción I, 122, 124, 126, 127, 128 y 129, de la consabida Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas (entre los que se encuentra la persona privada de la libertad), también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; como en la especie es la omisión de proporcionar atención médica en diversas especialidades, en cuyo caso, es requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, salvo que se trate de casos urgentes, como se verá en seguida. La controversia judicial mencionada se presentará por escrito ante el juez, y atendiendo a la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente (sin exigir requisito de efectividad alguno ni mayor trámite o condición para su substanciación), así como el desahogo de pruebas que estime conducentes. Una vez admitida la controversia y rendido el informe y contestación de la acción se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual se realizará al menos tres días después de la notificación, sin exceder de diez días. Celebrada la audiencia principal en sus etapas, el juez declarará cerrado el debate y emitirá su resolución, la cual incluso podrá tener efectos generales que beneficien a todas las personas privadas de su libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución, previendo el ordenamiento legal en cita un procedimiento de ejecución a fin de cumplir con dicha resolución, así como la revisión por parte del juez para analizar si la actuación de la actualidad cumple los efectos de la concesión otorgada. De lo hasta aquí expuesto deviene claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una jurisdicción especializada para resolver sobre los actos realizados por la autoridad penitenciaria en materia de prisión preventiva, la cual está reglamentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya indicados, incluso para el conocimiento de todo lo relativo al respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (ya sea en prisión preventiva o punitiva) y con facultades expresas para conocer del controvertido que derive de las condiciones de internamiento, o del plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas durante su internamiento en los Centros Penitenciarios. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la negativa de proporcionar atención médica en el área de nutrición (omisión en proporcionar los actos tendentes a la protección de la salud), respectivamente previstas en los artículos 74, 75, 76, 77 de la multicitada legislación, incluso si se alega violación a derechos fundamentales, dado que precisamente esa es la finalidad de la creación de la preindicada jurisdicción especializada, como entre otras normas ya invocadas lo estatuye el numeral 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ".En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales.". En suma, de los artículos 1, párrafo tercero, 17, párrafo séptimo, 18, párrafos primero y segundo, y 19, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge el sentido de los derechos que subyacen en aquellos y los regula e incluso pormenoriza, se advierte que tanto el Órgano Reformador de la Constitución como el legislador ordinario establecieron un sistema integral de justicia en materia de encarcelamiento que comprende todo lo concerniente a la vida de las personas privadas de su libertad, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales en sede de jurisdicción ordinaria (entre jueces de ejecución penal y los jueces de proceso penal sea tradicional o acusatorio) que deben conocer en primera instancia de todo lo relativo a las condiciones de internamiento de tales personas. Así, conforme a la Constitución Federal y la Ley Nacional, existe un sistema de justicia en esa materia que permite, por un lado, impugnar vía acción tanto el actuar como las omisiones de las autoridades penitenciarias y, por otro, obtener medidas cautelares (suspensión), ya sea por vicios de legalidad o por violación directa a derechos fundamentales como son derechos sustantivos cuya ejecución sea de imposible reparación (cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos), pues precisamente por ello es que se dotó de facultades expresas al juez de ejecución respectivo para suspender, incluso oficiosamente el acto u omisión controvertidos, sin necesidad de requisito alguno de sustanciación o de efectividad, atendiendo solamente a la naturaleza del acto u abstención, tal como lo prevé el numeral 122 e incluso el dispositivo 115 tratándose de casos urgentes. Luego, dichas reglas -cuyo origen y base son los preceptos inicialmente transcritos de nuestra Carta Magna- deben armonizarse con el juicio de amparo, previsto en los numerales 103, fracción I, y 107 igualmente constitucionales, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad que aún después de aquél control por la jurisdicción especializada (previsto en los párrafos que anteceden) aún pudiesen vulnerar algún derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o las garantías que aquélla otorga para su protección, debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto, dada la naturaleza de éste último como medio extraordinario de defensa. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de los servicios de atención médica que se deben proporcionar a toda persona privada de su libertad recluida en un centro penitenciario, como son las cuestiones relacionadas con la falta de atención médica (prevista en los artículos 74 a 77 de la multicitada legislación), pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada a través de los medios expresamente indicados en la ley para tal efecto. Robustece lo anterior, sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 79/2018(10a.)8, del rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Todas las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, conllevan a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada. Aunado a ello de la valoración de las manifestaciones vertidas por el quejoso en los antecedentes de los actos que hoy reclama, se colige, que la negativa de proporcionar atención médica en el área de nutrición, los hace depender de dieta toda vez que aduce tiene mala absorción en los alimentos. Situación que a consideración de quien suscribe, no compromete gravemente su dignidad e integridad personal , al grado de equipararse tal situación a un tormento, como son los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, entre los que se encuentran los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos. Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica en la especialidad de nutrición, no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida, es decir, no se trata de cuestiones de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 79/2019(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, del rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Por ende, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, en tanto que en su contra se prevé el controvertido previsto en el artículo 117, fracción I, del Código Nacional de Ejecución Penal. Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito los lineamientos emitidos el veintitrés de junio de dos mil veinte, al resolverse el recurso de queja penal 70/2020 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, sin embargo el promovente de amparo en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad narra los antecedentes del acto reclamado y no se advierte ni de manera indiciaria que el impetrante de amparo haya agotado los mecanismos de control que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, es evidente que no se ha agotado los recursos previstos en dicha ley. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, ibídem, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados de que se trata. Por tanto, con sustento en los artículos 111, 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo consistente en la omisión de proporcionar los actos tendentes a la protección de la salud del impetrante del amparo. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el centro de reclusión en el que se encuentra privada de su libertad. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Notificación por ser urgente Toda vez que el presente asunto se califica como urgente porque la eventual transgresión a los derechos fundamentales del quejoso no puede esperarse a la conclusión de periodo de contingencia y, ello constituye una excepción a la notificación escalonada y hasta que se normalicen las actividades; procede instruir al actuario judicial para que lleve a cabo la notificación del presente acuerdo de forma inmediata en acatamiento al numeral 11 fracción I del acuerdo antes citado y en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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