Manuel de Jesús López Romero

Expediente 1201/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1201/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús López Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el escrito signado por ***, quien se ostenta en su carácter de delegado. Lo anterior, sin realizarse mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el promovente no es parte en el juicio de amparo en que actúa, ni tampoco tiene reconocida en autos la calidad con la que se ostenta. Finalmente, como esta ordenado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, devuélvase el presente expediente al archivo (foja 159 a 160). Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 4. Director de Legalización y Publicaciones Oficiales de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (en su denominación correcta). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la responsable a los profesionistas que indica y como domicilio para oír notificaciones el que señala. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. A LA RESPONSABLE RELACIONADA CON EL NÚMERO 1, LE DEMANDO LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN XV, INCISO E, 15; A LA RELACIONADA CON EL NÚMERO 2, LA PUBLICACIÓN QUE REALIZA DE LA CITADA LEY, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO; A LA MARCADA CON EL NÚMERO 3, LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR CONSIDERAR INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 120 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL; A LA RELACIONADA CON EL NÚMERO 4, LE RECLAMO LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO CONTROVERTIDO; A LA RELACIONADA CON EL NUMERO 5, LE DEMANDO LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA BOLETA DE INFRACCIÓN 35565, DE 25 DE ENERO DE 2017, ASÍ COMO SUS CONSECUENCIAS LEGALES, COMO LO SON LA EJECUCIÓN DE DICHA BOLETA, QUE SE TRADUCE EN LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA MULTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU COBRO." En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Además, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la boleta de infracción 35565 de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, así como sus consecuencias legales, como es su ejecución, que se traduce en la determinación del monto de la multa por parte de la autoridad competente para su cobro. Sin embargo, constituye un hecho notorio para esta juzgadora que Manuel de Jesús López Romero, por propio derecho, promovió demanda de amparo mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el quince de febrero de dos mil diecisiete, señalando esencialmente como acto reclamado la boleta de infracción 10998, de veinticinco de enero de dos mil diecisiete. De la citada demanda correspondió conocer a este Juzgado, radicado bajo el número de juicio 265/2017, y por auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, requiriendo a las autoridades su informe justificado. Una vez integrado el expediente relativo, tuvo verificativo la audiencia constitucional, misma que concluyó con el dictado de la sentencia por la que por una parte no amparo ni protegió al aquí quejoso en contra de los actos que reclamó del 1. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y 2. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapasy por otra le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra de los actos que reclamó del 3. Policía de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (María de los Ángeles Méndez Chacón), para los siguientes efectos: 1. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dejen sin efectos jurídicos la multa impuesta al quejoso con motivo de una infracción de tránsito, contenida en la boleta de infracción 10988; y 2. Con plenitud de jurisdicción, emita nueva determinación en la que purgue los vicios formales destacados, para lo cual deberá: a) Citar el fundamento jurídico que le dé competencia para emitir el acto, debiendo exponer la justa adecuación entre los motivos señalados y los artículos que cite al respecto; y b) Exponer en forma pormenorizada los motivos por los que llegó a la conclusión que al efecto emita, esto es, en caso de fijar una multa deberá precisar el precepto legal relativo al monto de la sanción y el por qué la fija en la forma en que lo haga..." Empero, inconforme con dicha resolución, el peticionario interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, órgano que en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, confirmo el fallo recurrido. En cumplimiento a la determinación de la superioridad, mediante auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se solicitó a la autoridad 3. Policía de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (María de los Ángeles Méndez Chacón) el cumplimiento de dicho fallo, quien mediante oficio SSPYTM/CJ/3355/2017, de once de septiembre actual, informó que cumplió con los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo del mencionado juicio, exhibiendo para tal efecto, la boleta de infracción con número de folio 35565 de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, misma que constituye el auto reclamado en esta instancia constitucional. Sin embrago, en proveído de veintiocho de septiembre actual, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada; requiriéndole así a la citada autoridad para que diera cumplimiento en su integridad a la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Así, mediante oficio SSPYTM/CJ/3689/2017, se tuvo a la autoridad dando cumplimiento con la ejecutoría, informando que dejo sin efectos la boleta de infracción con número de folio 35565, de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, emitiendo así una nueva boleta de infracción con número de folio 35568. En ese sentido, se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en la presente instancia, pues por virtud de la sentencia pronunciada en el diverso juicio de amparo 265/2017, la autoridad responsable 3. Policía de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (María de los Ángeles Méndez Chacón), dejó sin efectos la boleta de infracción con número de folio 35565, aquí reclamada. Luego, tanto el acto reclamado, como sus consecuencias jurídicas, han sido destruidos al haberse dejado sin efectos en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este órgano de control constitucional en aquel juicio, como si se hubiese otorgado el amparo, esto es, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, cobra aplicación por analogía la jurisprudencia I.6o.T. J/108 , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA UN LAUDO QUE QUEDÓ INSUBSISTENTE COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN UN AMPARO INDIRECTO QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR EL INDEBIDO EMPLAZAMIENTO A UN DIVERSO CODEMANDADO". Criterio en el que se toma en consideración que el juicio de amparo 265/2017 ha sido tramitado ante este Juzgado Federal, y tal como fue esgrimido en párrafos que anteceden, su conocimiento constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del diecisiete de noviembre del año en curso. Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin embargo, se procedió a la presente determinación, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo, y en la especie, la parte quejosa, de forma alguna podría desvirtuar lo manifestado por la citada responsable. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Congreso del Estado de Chiapas, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la responsable a los profesionistas que indica y como domicilio para oír notificaciones el que señala. Finalmente, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que remite la autoridad de cuenta; mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales serán valoradas al momento de resolver sobre el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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