Manuel de Jesús Herrada Ortega

Expediente 611/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
611/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
09/08/2016

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús Herrada Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En la misma fecha la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dieciocho de julio del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Por otro último, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe. Josué

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEÍS, EL CUAL DICE: "En la misma fecha la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dieciocho de julio del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Por otro último, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de julio de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito de la que se advierte que no fue posible notificar la sentencia de dieciocho de julio del año en curso, a la parte tercero interesada Comisariado Ejidal del Ejido denominado Villa Cárdenas-El Zaus del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, en razón de que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de abril de la presente anualidad, y se ordena realizar la notificación de la citada resolución y las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales al citado tercero interesado por medio de lista que se fija y pública en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecen los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al tercero interesado. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 611/2016-4; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintidós de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridad Responsable: Delegado del Centro de Atención del Registro Agrario Nacional en el Estado. Acto Reclamado: La omisión del Delegado responsable de la pronta impresión y entrega del certificado parcelario número 1009348 y certificado de uso común número 1003528, solicitado mediante escrito de dos de septiembre de dos mil quince. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derecho transgredido el contemplado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya Titular mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ordenó admitir a trámite la demanda, se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se emplazó al tercero interesado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la nueva Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión atribuida a una autoridad residente en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. SEGUNDO. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención de la promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La omisión del Delegado responsable de la pronta impresión y entrega del certificado parcelario número 1009348 y certificado de uso común número 1003528, solicitada mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil quince. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." El Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Sin embargo, a su oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el catorce de julio del presente año, registrado con el folio 13081, anexó copia del diverso a través del cual dio respuesta a la petición formulada por el quejoso el dos de septiembre de dos mil quince, dejando a su disposición en las oficinas que ocupa la citada Delegación el certificado parcelario número 1009348, así como el de uso común 1003528, determinación que le fue notificada al quejoso el trece de julio del presente año. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y complementos del mismo, mediante proveídos de dieciocho de mayo y veinticuatro de junio de dos mil dieciséis y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. TERCERO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************reclama del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, la omisión de la pronta impresión y entrega del certificado parcelario número 1009348 y certificado de uso común número 1003528, solicitada mediante escrito de dos de septiembre de dos mil quince. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, así como de las que adjuntó a sus oficios presentados ante este Juzgado el veintitrés de junio y quince de julio del presente año, registrados con los folios 11804 y 13081, se advierte que se dejó a disposición del quejoso el certificado parcelario 1009348, así como el de uso común 1003528, determinación que le fue notificada al quejoso el trece de julio del presente año. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, ya que si bien la determinación de mérito fue emitida el veintidós de junio del presente año, se hizo del conocimiento del quejoso hasta el trece de julio del año en curso, no obstante que en auto de veinticuatro de junio de este año, este juzgado le dio vista con ella; por ende, debe concluirse que cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 611/2016, promovido por********************, contra el acto reclamado al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de julio de dos mil dieciséis en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy Fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 611/2016-4; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintidós de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas,******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridad Responsable: Delegado del Centro de Atención del Registro Agrario Nacional en el Estado. Acto Reclamado: La omisión del Delegado responsable de la pronta impresión y entrega del certificado parcelario número 1009348 y certificado de uso común número 1003528, solicitado mediante escrito de dos de septiembre de dos mil quince. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derecho transgredido el contemplado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya Titular mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ordenó admitir a trámite la demanda, se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se emplazó al tercero interesado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la nueva Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión atribuida a una autoridad residente en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. SEGUNDO. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención de la promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La omisión del Delegado responsable de la pronta impresión y entrega del certificado parcelario número 1009348 y certificado de uso común número 1003528, solicitada mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil quince. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." El Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Sin embargo, a su oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el catorce de julio del presente año, registrado con el folio 13081, anexó copia del diverso a través del cual dio respuesta a la petición formulada por el quejoso el dos de septiembre de dos mil quince, dejando a su disposición en las oficinas que ocupa la citada Delegación el certificado parcelario número 1009348, así como el de uso común 1003528, determinación que le fue notificada al quejoso el trece de julio del presente año. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y complementos del mismo, mediante proveídos de dieciocho de mayo y veinticuatro de junio de dos mil dieciséis y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. TERCERO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso ********************reclama del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, la omisión de la pronta impresión y entrega del certificado parcelario número 1009348 y certificado de uso común número 1003528, solicitada mediante escrito de dos de septiembre de dos mil quince. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, así como de las que adjuntó a sus oficios presentados ante este Juzgado el veintitrés de junio y quince de julio del presente año, registrados con los folios 11804 y 13081, se advierte que se dejó a disposición del quejoso el certificado parcelario 1009348, así como el de uso común 1003528, determinación que le fue notificada al quejoso el trece de julio del presente año. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, ya que si bien la determinación de mérito fue emitida el veintidós de junio del presente año, se hizo del conocimiento del quejoso hasta el trece de julio del año en curso, no obstante que en auto de veinticuatro de junio de este año, este juzgado le dio vista con ella; por ende, debe concluirse que cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 611/2016, promovido por********************, contra el acto reclamado al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de julio de dos mil dieciséis en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy Fe. mtm

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