Manuel de Jesús García
Expediente 132/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Manuel de Jesús García
Actuaciones
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano el juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano del juicio de amparo, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alejandro Barradas Morales, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio de autorización CR./CJD./002/7203/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 4639/2019, signado por el Titular de la Delegación Nayarit del Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante el cual designa al Defensor Público Federal J. Santos Rentería Carrillo, como represente del quejoso MANUEL DE JESÚS GARCÍA, en el trámite del presente juicio de amparo. Cabe precisar que la comunicación oficial recibida vía correo electrónico oficial, tiene eficacia probatoria en términos de los artículos 16 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, asimismo, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por tratarse de un avance tecnológico en comunicación. En consecuencia, requiérase al defensor Público aludido, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda al local de este juzgado a efecto de protestar el cargo de asesor jurídico del quejoso, e imponerse de los autos, con identificación oficial vigente y documento con lo acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, le será notificado el acuerdo de tres de diciembre del año en curso. Bajo el apercibimiento que de ser omiso y no presentarse a aceptar y protestar el cargo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos 50/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Por último, referente a la autorización que solicita para que el defensor Público Federal designado, se le permita consultar el expediente electrónico; dígasele que una vez que el profesionista acepte el cargo conferido, se proveerá lo conducente. Notifíquese y personalmente al defensor Público Federal J. Santos Rentería Carrillo. Así lo proveyó y firma Alejandro Barradas Morales, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6890/2019, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por MANUEL DE JESÚS GARCÍA, por propio derecho, contra actos del (1) Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio ********************. Genérese el expediente electrónico e impreso. DESECHAMIENTO. Ahora bien, proveyendo en relación al contenido de la demanda, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la misma, por la siguiente consideración: La parte quejosa señala como acto reclamado: La orden de traslado de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, sin la autorización de un juez. En la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, que prevé que el juicio de derechos es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que por regla el plazo para presentar la demanda es de 15 días, con la excepción, entre otras, de que podrá ser promovido en cualquier tiempo si el acto reclamado implica lo siguiente: - Peligro de privación de la vida. - Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. - Incomunicación. - Deportación o expulsión. - Proscripción o destierro. - Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. - Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días, pues el quejoso tuvo conocimiento del acto reclama desde el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, según se advierte de sus manifestaciones. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, el mencionado precepto establece que el término de quince días a que se refiere, entre otros supuestos, contará el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la sanción reclamada. Esta regla se actualiza cuando de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado por así manifestarlo en el escrito inicial de demanda, situación que ocurre en la especie. Por tanto, si la sanción reclamada fue decretada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de la emisión del acto que en esta vía reclama y por ende, conforme a los dispositivos invocados, quedó notificada en esa misma fecha de la sanción que ahora combate (la cual ya cumplimentó), por lo que surtió efectos al día siguiente, esto es el dieciocho de ese mismo mes y año, por lo que el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil dieciocho, sin contar los veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, seis y siete de octubre de dos mil dieciocho, por haber sido días inhábiles, como se verá en el siguiente cuadro de resumen: Septiembre 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 conocimiento del acto reclamado 18 día uno 19 día dos 20 día tres 21 día cuatro 22 23 24 día cinco 25 día seis 26 día siete 27 día ocho 28 día nueve 29 30 Octubre 2018 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 día diez 2 día once 3 día doce 4 día trece 5 día catorce 6 7 8 día quince 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3| En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el dos de diciembre de dos mil diecinueve (sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit foja 1), el término de quince días que alude el artículo 18 de la ley de la materia, ya había transcurrido y, por ende, el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora reclama. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Improcedencia de la suspensión de plano. No se soslaya que la parte quejosa, al solicitar la suspensión del acto reclamado, invocó el artículo 126 de Ley de Amparo. Sin embargo, el precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en el párrafo primero del artículo 22 Constitucional, se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por dicho precepto constitucional; por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Requerimiento al quejoso Por otra parte, se advierte que el quejoso se encuentra privado de la libertad y no cuenta con asistencia jurídica; por lo que, a efecto de garantizar sus derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se le requiere para que al momento de la diligencia o dentro los tres días hábiles siguientes a que surta efectos tal notificación, nombre a un abogado que lo represente en el trámite del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o de no nombrar alguno, este juzgador de manera oficiosa designará a un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Finalmente, a efecto de realizar la notificación condigna al enjuiciado, envíese oficio de excarcelación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para que ordene el traslado del interno ********************a la reja de prácticas de diligencias de este órgano jurisdiccional, a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de diciembre del presente año, con fotografía que obre en su Sistema de Administración de Información Penitenciaria que permita su identificación, evitando así se presente en dicha área a diversa persona; lo anterior, con las seguridades debidas y bajo su más estricta responsabilidad. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado o de no informar el impedimento legal que tuviera para ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por treinta veces. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.
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