Manuel de Jesus Corrales Sepulveda

Expediente 332/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
332/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Manuel de Jesus Corrales Sepulveda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama: Del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en la Ciudad de México: El proceso legislativo que dio origen a la reforma de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, en específico los artículos 61, 62, 71, 72, 74 y 76, numeral 1, inciso a) y b) y numeral 2, así como los artículos transitorios séptimo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto. En ese contexto, se advierte que respecto el citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia establece la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que la inerjecitabilidad resulte de alguna disposición de la propia ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Constitución Federal en su artículo 107, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos, con excepción de aquellos que sean de materia electoral; el cual a la letra dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:." De la disposición constitucional transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas de contenido materialmente electoral. Ahora bien, en el caso que nos ocupa la parte quejosa reclama el proceso legislativo que dio origen a la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico los artículos 61, 62, 71, 72, 74 y 76, numeral 1, inciso a) y b) y numeral 2, así como los artículos transitorios séptimo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto. Pues refiere que dicha normatividad le causa agravio en virtud de que actualmente ocupa el puesto de Abogado Fiscalizador adscrito a la Junta Local Ejecutiva de Sinaloa del Instituto Nacional Electoral, y dicha plaza con las nuevas disposiciones va desaparecer. Por tanto, se estima, que este juicio de amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado, por su naturaleza, no puede ser impugnado por esta vía constitucional, lo anterior, pues, si bien se atribuye dicho acto al Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que, la normatividad que reclama es de contenido materialmente electoral, por lo que en el caso se torna claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia ya referida. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 323, tomo XXXIII, abril de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162431, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal". Asimismo, en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XXVIII, septiembre de 2008, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 168997, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables" Con motivo de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el numeral 113 de la Ley de la materia Se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.

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