Manuel de Jesús Castillejos Moreno

Expediente 1570/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1570/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús Castillejos Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido.1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación.1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Ratificación de firma. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Manuel de Jesús Castillejos Moreno, ratificó el escrito de cumplimiento de diez de enero del en curso. 2. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil 1043/2009, en el que elevó a cosa juzgada la diligencia de remate y adjudicación del bien inmueble materia de la litis. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. iv) En el procedimiento de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 al realizar la interpretación del dispositivo previamente citado, señaló que el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama esencialmente un auto emitido en el procedimiento de remate; esto es, el de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil 1043/2009, en el que la responsable declaró fincado y adjudicado el remate del bien inmueble materia de la litis a favor de Iris Juan Rey. Sin embargo, como ya se dijo, dicho acto no se encuadra en ninguno de los supuestos previamente reseñados; es decir, no se ordena otorgar la escritura de adjudicación, ni tampoco la entrega de los bienes rematados; por tanto, no será hasta la emisión de dicho acuerdo por parte del juzgado responsable que el juicio de amparo indirecto será procedente. En consecuencia, se insiste en que el acto reclamado a la Juez Cuarto del Ramo Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 3. Domicilio y autorizados para notificaciones. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. 4. Habilitación actuarial. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. 5. Expediente electrónico. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. 6. Devolución de documentos. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    1. Ratificación de firma. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ............, ratificó el escrito de cumplimiento de diez de enero del en curso. 2. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil ......, en el que elevó a cosa juzgada la diligencia de remate y adjudicación del bien inmueble materia de la litis. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. iv) En el procedimiento de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 al realizar la interpretación del dispositivo previamente citado, señaló que el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama esencialmente un auto emitido en el procedimiento de remate; esto es, el de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil ....., en el que la responsable declaró fincado y adjudicado el remate del bien inmueble materia de la litis a favor de ...... Sin embargo, como ya se dijo, dicho acto no se encuadra en ninguno de los supuestos previamente reseñados; es decir, no se ordena otorgar la escritura de adjudicación, ni tampoco la entrega de los bienes rematados; por tanto, no será hasta la emisión de dicho acuerdo por parte del juzgado responsable que el juicio de amparo indirecto será procedente. En consecuencia, se insiste en que el acto reclamado a la Juez Cuarto del Ramo Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 3. Domicilio y autorizados para notificaciones. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. 4. Habilitación actuarial. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. 5. Expediente electrónico. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente. 6. Devolución de documentos. En proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente.

  4. Principal

    POR LISTA PARTE QUEJOSA 1. Ratificación de firma. Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ............, ratificó el escrito de cumplimiento de diez de enero del en curso. 2. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil ......, en el que elevó a cosa juzgada la diligencia de remate y adjudicación del bien inmueble materia de la litis. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. iv) En el procedimiento de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 al realizar la interpretación del dispositivo previamente citado, señaló que el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama esencialmente un auto emitido en el procedimiento de remate; esto es, el de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil ....., en el que la responsable declaró fincado y adjudicado el remate del bien inmueble materia de la litis a favor de ...... Sin embargo, como ya se dijo, dicho acto no se encuadra en ninguno de los supuestos previamente reseñados; es decir, no se ordena otorgar la escritura de adjudicación, ni tampoco la entrega de los bienes rematados; por tanto, no será hasta la emisión de dicho acuerdo por parte del juzgado responsable que el juicio de amparo indirecto será procedente. En consecuencia, se insiste en que el acto reclamado a la Juez Cuarto del Ramo Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

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