Manuel de Jesús Barceló Ortiz

Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
838/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Manuel de Jesús Barceló Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de tomo de pruebas. Resulta innecesaria la retención del tomo de prueba que remitió la responsable; en consecuencia, para los efectos legales conducentes, se ordena devolverlo a su lugar de origen. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL DE 27 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE......

  3. Principal

    Resolución constitucional. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 838/2022 L-I; y, Resultandos Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veintidós de junio de dos mil veintidós, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Manuel de Jesús Barceló Ortiz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. En veintidós de julio de dos mil veintidós, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa Manuel de Jesús Barceló Ortiz, amplió la demanda. Luego, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda, se solicitó el informe justificado al Tribunal responsable; asimismo, se le tuvo por reconocido el carácter de terceros interesados al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; quienes quedaron debidamente emplazados mediante oficios 22457/2022, 22459/2022 y 22569/2022, mismos que fueron recibidos los días treinta de agosto, doce de septiembre y tres de octubre, todos del año que transcurre, respectivamente. Finalmente, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: En el escrito inicial de demanda de derechos reclamó del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de dictar las medidas necesarias y efectivas para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio del Servicio Civil 1110/2015; y, En vía de ampliación de demanda de derechos, reclamó al magistrado presidente adscrito a dicho Tribunal responsable, el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del mencionado juicio del Servicio Civil 1110/2015. III. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, no obstante que respecto al acto atribuido en el escrito inicial de demanda, el magistrado presidente al rendir su informe justificado lo hubiese negado; y, que respecto del acto que le fue atribuido en vía de ampliación de demanda el tribunal responsable hubiese soslayado indicar si era o no cierto, pues de las manifestaciones vertidas en el informe justificado respectivo y de las constancias que remitió en apoyo, se deduce su certeza. IV. Causa de improcedencia actualizada En la especie respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), del aparado II, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Cabe destacar, que la cesación de efectos se actualiza cuando a pesar de la existencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora, de una interpretación sistemática del artículo y fracción transcritos, se deduce que dicha causa de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos; a saber, por revocación o sustitución procesal. La primera de las hipótesis -por revocación- se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por la autoridad responsable, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la segunda - sustitución procesal- se materializa cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Dicho lo anterior, tenemos que respecto al acto reclamado en el inciso a), consistente en la omisión por parte del Tribunal responsable en dictar las medidas necesarias y efectivas para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio del Servicio Civil 1110/2015, se actualiza la primera de las hipótesis -por revocación- que señala la causal de improcedencia en estudio. Es así, porque los efectos del acto reclamado como se dijo en párrafos que preceden, cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que la omisión delatada ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, se advierte lo siguiente: En el año dos mil quince, se entabló demanda laboral ante la autoridad responsable, radicada con el expediente 1110/2015. Seguida la secuela procesal el doce de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo laboral número 325/2020, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, se dictó el laudo correspondiente. Luego, a petición del apoderado legal de la parte actora aquí quejosa, en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal responsable, ordenó requerir a la parte demandada en el juicio de origen, para que diera cumplimiento voluntario al laudo. Mediante razón actuarial de nueve de marzo de dos mil veintidós, el Actuario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, hizo constar que se constituyó en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, y requirió al Gobierno del Estado de Sonora, por conducto del licenciado Jorge Alberto Estrada Vásquez, para que en el término de cinco días diera cumplimiento voluntario al requerimiento de pago y cumplimentación parcial de laudo de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno; y, fijara fecha para la reinstalación ordenada en la resolución de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, apercibido que de no hacerlo, se le impondría una multa de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo establecido en los artículos 132, 133 y 134 de la Ley del Servicio Civil. En auto de siete de abril de dos mil veintidós, el Tribunal responsable, tuvo al apoderado legal de la parte demandada Gobierno del Estado de Sonora, aquí tercero interesado, dando contestación al requerimiento voluntario; manifestando que se encontraba realizando los trámites contables correspondientes para la realización de las cuantificaciones contables y ajustes necesarios al ejercicio fiscal actual para poder dar cumplimiento a la resolución de referencia; asimismo, se señalaron las diez horas del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para llevar a cabo la reinstalación del trabajador en los términos precisados en la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le aplicaría una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). En razón actuarial de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Tribunal responsable, hizo constar que se constituyó en el Palacio de Gobierno, a efectos de llevar a cabo la reinstalación de Manuel de Jesús Barceló Ortiz, en el puesto de personal de apoyo adscrito a la Subsecretaría de Gabinetes y ésta a la vez a la Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y, en cumplimiento a ello, el director de Auditorias, Licitaciones y Contratos, adscrito a la Secretaría Técnica, en cumplimiento al auto de siete de abril de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente en que se actúa, puso a disposición de Manuel de Jesús Barceló Ortiz, su empleo en los términos y condiciones que vienen establecidos en dicha resolución; por su parte, éste último, aceptó la reinstalación. Finalmente el doce de agosto de dos mil veintidós, comparecieron ante al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos adscrita a la Subsecretaría de Recursos Humanos, de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado; quien en cumplimiento al laudo de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, exhibió un cheque con número 4648046, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, a favor de Manuel de Jesús Barceló Ortiz, por la cantidad de $223,531.79 (doscientos veintitrés mil quinientos treinta y un pesos 79/100 moneda nacional), cantidad que resulta después de haberse aplicado los descuentos de ley correspondientes a impuestos y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; cantidad que fue puesta a disposición de la parte actora aquí quejosa, a quien se le tuvo por aceptado el pago como pago parcial al laudo, quedando pendiente de promover el incidente de liquidación o incidentes de liquidación respectivos; asimismo, el magistrado presidente del Tribunal responsable, dejó a salvo los derechos de la parte actora aquí quejosa para solicitar ante la autoridad correspondiente la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas de forma indebida y corresponderá a dicha autoridad su revisión. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la omisión que dio motivo a la demanda de amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que con el pronunciamiento de la responsable se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso 61, de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en el acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del mencionado juicio del Servicio Civil 1110/2015, se actualiza la segunda de las hipótesis, esto es por sustitución procesal. En efecto, la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en concordancia con la tesis citada, revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación, respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión, y no la impugnada, la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En esta instancia constitucional la quejosa reclama de la autoridad responsable el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo a la jefa del Departamento adscrita a la Subsecretaría de Recursos Humanos, de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora, exhibiendo ante la responsable un cheque que ampara la cantidad de $223,531.79 (doscientos veintitrés mil quinientos treinta y un pesos 79/100 moneda nacional), y, pretende dar cumplimiento total a la condena. Sin embargo, la parte actora aquí quejosa, refiere, que es incongruente que el Tribunal responsable, a pesar de que la parte actora por conducto de su apoderado legal, se inconformó por los descuentos que le fueron realizados de manera excesiva; y, que se encuentra pendiente de promoverse y en su momento resolverse los incidentes de liquidación respectivos; determinó: ". Este tribunal no se encuentra facultado para determinar, retener y atender los descuentos por parte de la demandada respecto de la condena impuesta en la resolución definitiva dictada en el presente asunto, quedando expedito el derecho de la parte actora para solicitar ante la autoridad correspondiente la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas de forma indebida y corresponderá a dicha autoridad su revisión. En virtud de lo anterior, se tiene por cumplidos los puntos resolutivos Tercero y Cuarto de la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, quedando pendiente dar cumplimiento al punto resolutivo séptimo con el objeto de calcular aumentos y prestaciones del salario, intereses en los términos precisados en dicha sentencia, quedando reservado el derecho del actor para solicitar la apertura del incidente de liquidación previsto en el artículo 843 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria en la materia" Luego, en el informe justificado rendido por la autoridad responsable magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, manifestó entre otras cosas, que con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en atención al escrito presentado -el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, ante dicho tribunal- por el autorizado legal de la parte actora aquí quejosa, en el que hizo valer nuevamente las objeciones e inconformidades que en su momento fueron atendidas en la comparecencia de doce de agosto de dos mil veintidós; y, determinó: "AUTO:- Hermosillo, Sonora, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós.- (.) Acorde a lo anterior, se estima que no es en este juicio donde se daba definir la determinación, retención y en su caso entero por parte del patrón, de las cantidades que fueron objeto de retenciones, porque es en todo caso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a la que corresponde vigilar que el trabajador acate las disposiciones en materia de seguridad social, sin que sea necesario que en el juicio laboral el patrón exhiba la constancia de retención respectiva, y en todo caso, de resultar defectuoso ese cumplimiento, no queda en estado de indefensión, pues tiene expedito su derecho para solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas de forma indebida y corresponderá a dicha autoridad su revisión. (.) Ahora bien, en cuanto a la retención del impuesto sobre la renta, efectuada por los demandados respecto de la cantidad de $481,667.59 (cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), descuento que fue por la cantidad de $104,253.15 (ciento cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 15/100 moneda nacional), y que fue exhibida mediante cheque número 4648046, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, este tribunal estima lo siguiente: (.) En conclusión, esta Presidencia tomando en cuenta las argumentaciones jurídicas antes expuestas por parte del autorizado legal de la parte actora, en el sentido de que es incorrecto el descuento que se realizó por la demandada por concepto de impuesto y cuotas y aportaciones a las prestaciones que fue condenada en este juicio, ya que como se adujo con anterioridad, no es competencia de este Tribunal pronunciarse por esos conceptos, toda vez que el patrón tiene la obligación de retener el gravamen causado, así como las cuotas obrero patronales al momento de efectuar el pago por alguno de los conceptos que los propios preceptos prevén como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, quedando expedito su derecho de reclamar la devolución o aclaración de dichos descuentos ante las autoridades correspondientes." En ese sentido, como se adelantó, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza debido a que el acto reclamado en esta vía, consistente en el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de Servicio Civil 1110/2015, cesó en sus efectos al haber sido sustituida procesalmente por la diversa determinación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, emitida en el referido juicio de Servicio Civil, por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Entonces, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado por la diversa determinación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, generó que cesaran los efectos del acto primigenio; lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del acto reclamado, dado que en todo caso, es la nueva determinación emitida por el Tribunal responsable la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, de ahí que el reclamo de ésta en el juicio de amparo, actualiza la causa de improcedencia señalada. Ilustra las consideraciones anteriores, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, página 845, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." En apoyo a lo anterior, se cita el criterio contenido en la tesis aislada I.9o.C.28 K, que en materia civil y común emitió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la novena época, tomo XIX, marzo de 2004, página 1528, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. SUS DIFERENCIAS.- En materia administrativa la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad administrativa en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En cambio, la destrucción de los efectos en materia jurisdiccional no se da en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional civil, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de manera tal que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, como por ejemplo el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que la interposición del recurso de apelación tiene el efecto de que el tribunal de alzada revoque, modifique o confirme el auto recurrido, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que el superior confirme, los efectos del auto recurrido cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación." De igual manera, se invoca por las razones que la informan, la tesis aislada III.3o.C.23 K, que en materia común emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la novena época, tomo V, enero de 1997, página 410, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede igualmente sobreseer en el juicio, respecto del acto precisado en el inciso b) del apartado II, consistente en el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del Juicio del Servicio Civil 1110/2015. V. Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el apartado IV, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel de Jesús Barceló Ortiz, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos a) y b) del apartado II, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado relativo a la ampliación de demanda rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cincuenta y ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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