Manuel Covarrubias Yañez

Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1225/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Manuel Covarrubias Yañez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1225/2022-V.. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ---JUICIO DE AMPARO 1225/2022-V. Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Escrito aclaratorio. Se recibe el escrito signado por ++++++ defensor particular del quejoso ++++++++++++, por el cual desahoga debidamente la prevención que le fue formulada en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós. Ahora, cabe precisar que, de dicho escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa expresamente señala: "...a).- Tengo a bien señalar como acto reclamado la omisión de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro de la carpeta de investigación administrativa +++++++++++++, de no acordar el escrito en el que solicite de nueva cuenta se tenga a bien señalar día y hora para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del procedimiento." En mérito de lo anterior, respecto de la demanda de amparo de la parte quejosa y su escrito aclaratorio, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Bajo ese contexto, como se expuso en párrafos anteriores, del escrito de aclaración a la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama del Juez de Oralidad Pena y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla: La omisión de acordar el escrito en el que solicitó de nueva cuenta se tenga a bien señalar día y hora para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del procedimiento; lo anterior dentro de la carpeta judicial administrativa ++++++++++++++. De lo anterior, respecto del acto reclamado, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 134, fracciones I y IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; (.) IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". En ese orden, el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la ++++++++ debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la omisión de dar solución a las cuestiones planteadas por las partes (tal como en el caso reclama la parte quejosa). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de ++++++++++++++++++ control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone la quejosa, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado indicado en el escrito de aclaración a la demanda de amparo y precisado en parágrafos anteriores, es improcedente el juicio de protección de derechos, pues la parte quejosa debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que la postura adoptada por la suscrita operadora jurídica se encuentra respaldada por las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de los recursos de queja +++++++++++, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el diverso Q-36/2022. El primero de dichos órganos colegiados, en la parte conducente de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja ++++++++++++ consideró, en lo medular, que el quejoso debe agotar el principio de definitividad cuando se reclaman omisiones, porque la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa, el cual es necesario agotar previo a acudir a juicio constitucional, consistente en la queja, prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, en la diversa ejecutoria relativa a la queja Q 49/2020, consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, opera solamente cuando se impugnan simples omisiones, es decir, la no realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por esa misma legislación. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en la queja Q-36/2022, sostuvo que la omisión reclamada debía ser impugnada a través del recurso de queja, definido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra el juzgado de primera instancia (por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código). No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva- , lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de protección de derechos presentada por Federico Vázquez Rojas defensor particular del quejoso Manuel Covarrubias Yáñez, pues respecto del acto reclamado anteriormente precisado se actualiza la causal de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Tesis XVI.1 A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; en forma personal a la quejosa

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEOSA, ---JUICIO DE AMPARO 1225/2022-V. Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Escrito aclaratorio. Se recibe el escrito signado por ++++++ defensor particular del quejoso ++++++++++++, por el cual desahoga debidamente la prevención que le fue formulada en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós. Ahora, cabe precisar que, de dicho escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa expresamente señala: "...a).- Tengo a bien señalar como acto reclamado la omisión de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro de la carpeta de investigación administrativa +++++++++++++, de no acordar el escrito en el que solicite de nueva cuenta se tenga a bien señalar día y hora para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del procedimiento." En mérito de lo anterior, respecto de la demanda de amparo de la parte quejosa y su escrito aclaratorio, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Bajo ese contexto, como se expuso en párrafos anteriores, del escrito de aclaración a la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama del Juez de Oralidad Pena y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla: La omisión de acordar el escrito en el que solicitó de nueva cuenta se tenga a bien señalar día y hora para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del procedimiento; lo anterior dentro de la carpeta judicial administrativa ++++++++++++++. De lo anterior, respecto del acto reclamado, se advierte que es improcedente el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 134, fracciones I y IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; (.) IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". En ese orden, el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la ++++++++ debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir; dentro de ellas está precisamente la omisión de dar solución a las cuestiones planteadas por las partes (tal como en el caso reclama la parte quejosa). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de ++++++++++++++++++ control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone la quejosa, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado indicado en el escrito de aclaración a la demanda de amparo y precisado en parágrafos anteriores, es improcedente el juicio de protección de derechos, pues la parte quejosa debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que la postura adoptada por la suscrita operadora jurídica se encuentra respaldada por las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de los recursos de queja +++++++++++, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el diverso Q-36/2022. El primero de dichos órganos colegiados, en la parte conducente de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja ++++++++++++ consideró, en lo medular, que el quejoso debe agotar el principio de definitividad cuando se reclaman omisiones, porque la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa, el cual es necesario agotar previo a acudir a juicio constitucional, consistente en la queja, prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, en la diversa ejecutoria relativa a la queja Q 49/2020, consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, opera solamente cuando se impugnan simples omisiones, es decir, la no realización de un acto procesal dentro del plazo señalado por esa misma legislación. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en la queja Q-36/2022, sostuvo que la omisión reclamada debía ser impugnada a través del recurso de queja, definido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra el juzgado de primera instancia (por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código). No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva- , lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de protección de derechos presentada por Federico Vázquez Rojas defensor particular del quejoso Manuel Covarrubias Yáñez, pues respecto del acto reclamado anteriormente precisado se actualiza la causal de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Tesis XVI.1 A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; en forma personal a la quejosa

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1225/2022-V. Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por +++++++++++++++, contra actos de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otra. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el señalamiento del acto reclamado, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque conforme a la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, establece como requisito de la demanda de amparo, que la parte quejosa señale la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Sin embargo, el promovente en el apartado correspondiente señala como acto reclamado destacado: ".De la C. Juez Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, la falta de notificación al imputado del diferimiento de la audiencia de SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO, misma que se señaló en el acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se señalaron las 14:00 CATORCE HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del procedimiento." No obstante lo anterior, en los antecedentes del acto reclamado, señala: ".solicito de manera urgente se tenga a bien señalar día y hora para la celebración de la AUDIENCIA DE SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEMIENTO, debido a que el imputado se encuentra privado de su libertad". Mismo escrito que a la fecha no a (sic) sido acordado por el encargado del Juzgado de Oralidad y Ejecución Sede Regional Puebla, dentro de los autos de la carpeta Administrativa numero: 236/2022/PUEBLA (sic)." Asimismo, en el apartado de autoridad responsable hace dos reproches, a saber, el primero al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, al aducir que no elaboró el acuerdo del cambio de adscripción y/o nombramiento de la C. Juez Mtra. Rosalba Elena Zarate Herrera, y el segundo al Diligenciario Par Adscrito al mencionado Juzgado, que hace consistir en la falta de notificación del acuerdo del cambio de adscripción y/o nombramiento de la mencionada jueza como miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, De ahí que sea necesario que la parte quejosa señale con precisión qué acto es el que reclama. Luego, es indispensable la aclaración de la demanda respecto del acto reclamado, al ser un requisito exigible por la Ley de Amparo. No obstante, la aclaración debe realizarla la parte quejosa porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable subsanar lo relativo al acto reclamado, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos de los artículos 108, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracción II, 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual señale con precisión el acto reclamado: 1. Si es su deseo señalar como acto reclamado la falta de notificación al imputado del diferimiento de la audiencia de suspensión condicional del proceso, - del treinta y uno de octubre de dos mil veintidós-; 2. Si es su deseo señalar como acto reclamado la omisión de acordar el escrito en el que solicita se señale nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, debido a que el imputado se encuentra privado de su libertad; 3. Si es su deseo señalar como acto reclamado al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, la omisión de acordar el cambio de adscripción y/o nombramiento de la C. Juez Mtra. Rosalba Elena Zarate Herrera; 4. Si es su deseo señalar como acto reclamado al Diligenciario Par Adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, la falta de notificación del acuerdo del cambio de adscripción y/o nombramiento de la C. Juez Mtra. Rosalba Elena Zarate Herrera, como miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Escrito aclaratorio. Se requiere a la parte quejosa que presente escrito aclaratorio en el plazo otorgado en líneas anteriores, con copias para cada una de las partes. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal, autorizados y correo electrónico como medio de contacto. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Además, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Vicente Cortes Arellano, porque cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y a los diversos profesionistas, con las facultades restringidas del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Se toma conocimiento del correo electrónico y los dos números telefónicos proporcionados por la parte quejosa. Por último, se hace saber al promovente que resulta improcedente la práctica de notificaciones personales en el correo electrónico proporcionado, pues las normas de la Ley de Amparo no prevén ese medio, para realizar notificaciones en el juicio de tutela constitucional. Pese a lo anterior, se deja establecido que ese correo electrónico y los números telefónicos, podrá utilizarse como medio de contacto, de ser necesario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al defensor particular de la parte quejosa; y cúmplase

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