Manuel Contreras Ulin

Expediente 789/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
789/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • Manuel Contreras Ulin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, quince de febrero de dos mil diecisiete. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el dos de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección a MANUEL CONTRERAS ULIN, contra el acto reclamado al JUEZ QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad (fojas 47 a 119). IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA Sentencia constitucional que fue recurrida por el quejoso Manuel Contreras Ulín (fojas 153 a 159), medio de impugnación que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, el cual en resolución engrosada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, emitida en el amparo en revisión 1073/2016, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región de Coatzacoalcos, Veracruz, revocó la sentencia emitida en el presente asunto y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "para que la autoridad responsable, JUEZ QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, con residencia en Villahermosa, acate los efectos siguientes: Deje insubsistente el auto de formal prisión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 64/2014 de su índice. En su lugar, emita otro auto de término constitucional en el que con base en las consideraciones de esta ejecutoria nulifique toda eficacia probatoria a la ampliación de declaración del imputado Manuel Contreras Ulín de cinco de mayo de dos mil catorce, así como las declaraciones ministeriales de sus coimputados Shadasbia Gaona Ronquillo y Aldo Miguel Pedroza Cuba de cinco de mayo de dos mil catorce, respectivamente, todas emitidas en la fase de averiguación previa, por al haberse obtenido de forma ilícita ya que se desahogaron con asistencia del mismo defensor de oficio no obstante de tener intereses contrarios al hacerse imputaciones entre sí. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y con base en el restante material probatorio aportado en la causa penal de origen, resuelve lo que en derecho corresponda.". RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALZADA Y FIRMEZA DE LA SENTENCIA En proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los autos que el Tribunal revisor remitió del juicio de amparo en el que se actúa, así como la resolución emitida en el toca en revisión 1073/2016, por lo que en el mismo auto se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 247 a 249). ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO La autoridad responsable JUEZ QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, remitió diversas constancias que se relacionan con el cumplimiento del fallo amparador; documentales a las que les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral. VISTA CON EL CUMPLIMIENTO Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, manifestaran lo que a sus intereses conviniera, en relación con el informe de cumplimiento remitido por la autoridad responsable (foja 311), sin que hayan hecho manifestación alguna. ANÁLISIS EVALUATIVO Ahora, del oficio y anexos remitidos por JUEZ QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, se evidencia que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: Mediante oficio 273 la autoridad responsable, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 64/2014 (fojas 256 a 310), en la que, dejó insubsistente el auto de formal prisión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Manuel Contreras Ulín. Una vez realizado el estudio de las probanzas, en el citado auto de bien preso el Juez primigenio, determinó que la declaración ministerial de Manuel Contreras Ulin y los coinculpados Adriana Shadasbia Gaona Ronquillo y Aldo Miguel Pedroza Cuba, fue en contravención al derecho humano, al debido proceso y defensa adecuada, por ende, no podían tener eficacia probatoria; de ahí, que declarara nula dichas declaraciones. En la resolución de veintiocho de enero pasado, decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, como probable responsable del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, inciso b), c) y e), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República, cometido en agravio de Elena González Medina, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De igual manera dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, como probable responsable del delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 231 del Código Penal en vigor, cometido en agravio de la sociedad, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En la misma fecha decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Manuel Contreras Ulín, como probable responsable del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10 fracción I incisos b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República, que se dijo haber cometido en agravio de Mario González Mardonis y de Patricia del Carmen Luna Luna, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, con base en lo anterior, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Devuélvase al Juez Quinto Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, la copia certificada de la causa penal 64/2014, que acompañó a su informe justificado, la cual obra por cuerda separada, dado su volumen, en cuatro tomos útiles. ANOTACIONES Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo concedido. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su depuración. Sin que haya necesidad de glosar en esta data el original del citado incidente, hasta que se efectúe la transferencia del juicio principal. El original del incidente de suspensión es depurable, en atención a que la medida suspensional se negó y concedió en el referido cuaderno incidental. Por lo que, previo transcurso del plazo de tres años procédase a su depuración. Transcurrido el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; entretanto, manténgase ligado al expediente principal. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es depurable y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. TRANSPARENCIA Por otra parte, de conformidad con los artículos 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, atento a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Zoraida Irasema Herrera Cantón, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la designación realizada por el titular del Órgano Jurisdiccional, relacionada con la licencia que le fue concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el diecisiete de enero del año en curso, comunicada en esa fecha, a través del oficio CCJ/ST/0105/2017, quien actúa en compañía de Marisol Priego Zurita, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 15 DE FEBRERO DE 2017

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese para que surta sus efectos legales, el oficio signado por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, al que acompaña, copia certificada de la resolución de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 64/2014. En tal virtud, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el informe de cumplimiento remitido por la responsable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Edgar Salvador Vargas Valle, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de la secretaria Brenda Guadalupe Martínez Castillo, que autoriza y da fe.Bgmc/mapc

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 31 DE ENERO DE 2017, A LA PARTE QUEJOSO.

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