MANUEL CLEMENTE LARA y Otros.

Expediente 1129/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1129/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • MANUEL CLEMENTE LARA y Otros.
  • Manuel Clemente Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por tanto, resulta procedente que este órgano de control constitucional se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Por sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Manuel Clemente Lara, según consideraciones y efectos siguientes: Con base en lo esbozado con antelación, se tiene que si en el caso concreto la autoridad responsable al momento de resolver la instancia de queja propuesta por la actora ante el incumplimiento de la suspensión decretada para mantener paralizado el procedimiento de ejecución del crédito fiscal impugnado, determinó la imposición de una multa de treinta días de salario en perjuicio del quejoso, bajo el argumento de que si bien la autoridad exactora emitió el acuerdo que ordenó la remoción de depositario el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, asumió que la suspensión concedida le fue notificada a aquella el cinco de abril del presente año a través de boletín judicial, sin embargo, agregó que ello no era óbice para tenerla por incumpliendo la medida cautelar ya que lo real y cierto era que el acuerdo de remoción de depositario le fue notificado a éste, el nueve abril, fecha posterior al en que se le notificó la suspensión definitiva que lo fue el cinco de abril del año en curso. Forma de razonar que deja en estado de indefensión al quejoso, porque se aparta del contenido de los preceptos legales antes reproducidos, especialmente el relativo a que las notificaciones efectuadas por boletín surten sus efectos al tercer día hábil siguiente aquel en que se haya realizado la publicación en el Boletín Jurisdiccional, máxime que el quejoso en su informe rendido ante la Sala Regional con motivo del trámite de la queja presentada (folio 136), le expresó que si bien el oficio en que ordenó la remoción de Jorgesen Jesper Lindegaard como depositario del bien embargado, lo notificó el nueve de abril de esta anualidad, lo cierto era que fue el once de abril en que fue notificado de la medida cautelar de veintidós de febrero en curso, aspecto que no considera la Sala responsable al momento de determinar que existe infracción atribuida al quejoso por incumplir la medida cautelar, antes bien no es congruente con lo expuesto por el ahora justiciable en su desempeño como autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen. [.] "Deje insubsistente la determinación de uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro de la carpeta de suspensión relacionada con el juicio de nulidad número -5466/17-09-01-2-ST, en que se impone al quejoso la multa que aquí controvierte, y Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que de forma exhaustiva y congruente, atendiendo a los lineamientos de la presente ejecutoria, resuelva en consecuencia". Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se determinó que el fallo que antecede causó ejecutoria, por lo que en esa misma fecha se requirió su cumplimiento a dicha autoridad. Por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió de nueva cuenta a la sala responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con la intención de satisfacer a lo anterior, se tuvo a la citada autoridad responsable remitiendo copia certificada de la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en dicho auto, la multicitada autoridad responsable dejo insubsistente la sentencia emitida en uno de agosto de dos mil dieciocho, dentro el expediente 5466/17-09-01-2-ST. De igual forma, en la referida data, de forma exhaustiva y congruente, en atención a los razonamientos y, efectos determinados en la sentencia de amparo, emitió una nueva resolución. onstancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de documentos expedidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Dicho lo anterior, confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de sentencia, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. En tal virtud, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado.

  2. Principal

    Intégrese a los autos el oficio signado por el Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.

  3. Principal

    Se requiere a la autoridad repsosnable para que de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

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