Manuel Chilpa Salazar

Expediente 1073/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1073/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • Manuel Chilpa Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental..."

  2. Principal

    "...Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjunto a su demanda, en consecuencia, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto cause estado el auto de seis de julio de dos mil dieciocho..."

  3. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ... se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1073/2018-I-B. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: El auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1196/2011, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el que se autorizó el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para que el notificador adscrito a dicho órgano y el perito valuador tengan acceso al inmueble ubicado en ... a fin de realizar el avalúo de éste. DESECHAMIENTO. Al respecto, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De conformidad con la disposición reproducida, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1196/2011, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el que se autorizó el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para que el notificador adscrito a dicho órgano y el perito valuador tengan acceso al inmueble ubicado en Calle Hidalgo, Número dos, Barrio de San Miguel, Municipio de Zumpango, Estado de México, a fin de realizar el avalúo de éste, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, el quejoso debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con el que se podía modificar o revocar el acto reclamado. Dicho medio de impugnación se encuentra previsto en los numerales 1.362 y 5.74 del ordenamiento procesal que dicen: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento civil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos que no son apelables. De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación antes mencionado, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, porque el quejoso es parte en el juicio de origen. No pasa inadvertido para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que al promovente le revista el carácter de tercero extraño, debido a que como lo sostuvo bajo protesta de decir verdad en el propio escrito de demanda, el quejoso es parte en el juicio de origen y la notificación del auto que se combate fue realizada personalmente a éste. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado, no obstante que en el acto reclamado se autorice el rompimiento de cerraduras y auxilio de fuerza pública, lo que podría implicar un acto de imposible reparación, no obstante, dicha circunstancia no exime al quejoso de agotar tal principio. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Materia Común, con número de registro 2017117, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas de publicación de este juzgado de distrito. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a efecto que notifiquen personalmente la presente determinación en el domicilio que se advierte en la demanda de amparo. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano