Manuel Chávez Sánchez

Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
62/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Manuel Chávez Sánchez
  • Manuel Chávez Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d, del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio DOAX/706/2021, signado por el titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual informa que se designó a Benito Cruz Pascual, defensor público federal adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, para que represente a la parte quejosa; asimismo, refiere que una vez que las necesidades del servicio y la contingencia sanitaria lo permitan, el referido defensor practicará visita carcelaria con la parte quejosa, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (lugar donde se encuentra recluido). Además, solicita se gire instrucciones al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con la finalidad de que brinde facilidades y seguridad a los defensores públicos que practican visitas carcelarias a la parte quejosa privada de su libertad en ese Centro. Asimismo, para acreditar su dicho, remite copia del oficio a través del cual le hace del conocimiento a citado defensor su designación. En mérito de lo anterior, se tiene a la oficiante dando cumplimiento a lo requerido por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno y en atención a su solicitud, gírese atento oficio al Director del Centro de Reclusión donde se encuentra interno quejoso *******, para hacerle del conocimiento que el licenciado Benito Cruz Pascual, defensor público federal, fue designado para que represente en este juicio de amparo al interno antes mencionado, asimismo, solicítese le proporcione las facilidades y seguridad al aludido profesionista para el debido desempeño de su función. Se autoriza a la Secretaria y/o actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante la licenciada Monserrat Rivera Morales, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Recepción de constancias. Se tienen por recibidos los oficios 1835/2021, procedentes del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, por medio de los cuales hace de conocimiento que mediante acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, determinó declinar la competencia a este Juzgado por conocimiento previo, al considerar que previamente éste Órgano Jurisdiccional había conocido del juicio de amparo 248/2020, de éste índice, promovido por el mismo quejoso y en contra del acto reclamado a las autoridades responsables. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 45 y 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se acepta la competencia planteada. Acúsese recibo de estilo al juzgado declinante. Fórmese expediente tanto físico como electrónico, y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 62/2021. Compensación. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para su registro y compensación correspondiente. Vinculación de expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente 85/2021 de su índice, al diverso 62/2021, de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgado dicha autorización. Análisis integral de la demanda de amparo. En tales condiciones, previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora, en el caso, del análisis integral al escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, en esencia, la orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", así como su ejecución. Ahora, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, en la que se hizo constar la existencia del juicio de amparo 248/2020, del índice de este juzgado federal; se advierte sobreviene la actualización de la causa de improcedencia prevista en por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, como a continuación se analizará. Al respecto es importante precisar los siguientes antecedentes relativos al citado expediente 248/2020 del índice de este Juzgado de Distrito: 1. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 4297/2020, suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, al que se anexa el original del juicio de amparo 214/2020 de su índice, promovido por Raúl Pérez Antojenes, en su carácter de defensor público federal de Manuel Chávez Sánchez, del cual se advierte que se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se trascriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad. b) Al C. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "ALTIPLANO" [.]. c) Al C. Juez Segundo de Distrito con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. IV.- LEY O ACTO RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD.- Del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, se reclama el oficio PRS/02187/2020, de fecha 6 de febrero del año en curso, mediante el cual se ordena el traslado del sentenciado Manuel Chaves Sánchez, al Centro Federal de Readaptación Social No. 13, "CPS-OAXACA". De la autoridad responsable denominada Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "ALTIPLANO" se reclama el cumplimiento de la orden de traslado del sentenciado MANUEL CHÁVEZ SÁNCHEZ, del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, "ALTIPLANO" al Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS-OAXACA". De la autoridad responsable denominada JUEZ SEGUNDO DE DISTRIO EN NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, se reclama el acuerdo de fecha 11 de febrero del año 2020, mediante el cual califica de legal el traslado del interno de nombre MANUEL CHÁVEZ SÁNCHEZ." 2. Así, mediante dicho auto de tres de marzo de dos mil veinte, este Juzgado radicó la demanda bajo el número 248/2020, desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse diversas causas de improcedencia. 3. Finalmente, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, causo estado dicho proveído, al no haber sido recurrido por la parte quejosa. Datos que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2° y de la jurisprudencia 3a./J. 2/93, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, Registro 206740, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO." En ese sentido, como se dijo, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Del precepto legal transcrito se colige que un juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos que fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme, dictado en un anterior juicio de amparo. En torno a la figura jurídica analizada, es menester referir lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil siete, pues sustentó que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que salvaguarda la seguridad jurídica en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En ese sentido, resulta pertinente iterar que el quejoso Manuel Chávez Sánchez acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la orden de traslado de la que fue objeto del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca". Así las cosas, de un análisis comparativo entre el presente juicio de amparo (62/2021) y el diverso 248/2020 de la estadística de este juzgado, se obtiene la existencia de identidad de partes, de autoridades responsables y el acto reclamado en los referidos sumarios guardan una estrecha vinculación. Así como que existe una determinación que puso fin al juicio, la cual ya alcanzó firmeza. Cabe indicar que la vinculación de actos reclamados de referencia, radica en que en el juicio de amparo 248/2020, el oficio PRS/02187/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó el traslado de Manuel Chaves Sánchez, al Centro Federal de Readaptación Social No. 13, "CPS-OAXACA", así como su ejecución; así como la calificación de legal por parte del Juzgado de dicho traslado. En tanto que, en este sumario, únicamente se combate la orden de traslado de la cual fue objeto el directo quejoso; esto es, en ambos casos se combate en esencia el mismo acto reclamado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que en el juicio de amparo 248/2020, la parte quejosa haya señalado también como acto reclamado la determinación de once de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a través de la cual se calificó de legal el traslado del directo quejoso; sin embargo, la falta de señalamiento de acto reclamado como de autoridad responsable, no variaría el sentido de la presente determinación, pues insístase la orden de traslado aquí reclama, ya fue materia de análisis en diverso juicio de amparo, promovido por la parte aquí quejosa. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 808, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/40 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2471, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia." Así como, la jurisprudencia 85/2008, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Asimismo, por su contenido, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Igualmente, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 52/2011, aprobada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, legible en la página 37, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, relativa a la cosa juzgada, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Manuel Chávez Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y Director de Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con registro 180663, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Texto: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Además, como la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 509, Tomo II, diciembre de 1995, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte promovente del amparo, el que cita en el proemio de la demanda (centro de reclusión). Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Finalmente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Designación de defensor de oficio. Por otra parte, y toda vez que el referido promovente presenta la demanda de garantías por su propio derecho, y el cual se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca"; gírese oficio a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, con sede en este municipio, para que conforme a lo establecido en los artículos 3 y 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, designe una persona que le brinde la asesoría jurídica relacionada a este amparo; lo anterior, atendiendo el derecho fundamental de acceso a la justicia, a efecto de que esté en posibilidad de asesorar adecuadamente al quejoso de mérito, adjúntese copia simple de la demanda de amparo. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se habilita a la Secretaria judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar las comunicaciones oficiales que deriven del presente acuerdo y los oficios del mismo. Notifíquese personalmente.

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