Manuel Chaidez Zepeda

Expediente 55/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
55/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Manuel Chaidez Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón que suscribe el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, donde hace constar la imposibilidad de notificar al quejoso Manuel Chaidez Zepeda, el proveído de diecinueve de marzo del presente año, por los motivos que expone. Notifíquese por lista de acuerdos. Luego, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar mediante lista de acuerdos, el citado proveído, así como las subsecuentes notificaciones, inclusive las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal, al tener la parte quejosa la carga de designar uno cierto y actual en esta ciudad. Tiene aplicación al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles". (Novena Época, Registro: 169843, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 20/2008, Página: 238). Notifíquese. Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. I. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que los actos reclamados consisten en: "A la autoridad Responsable Ordenadora la Orden de Aprehensión que se dictó en su contra, misma que fue dictada fuera de Procedimiento Judicial y sin previo Juicio, lo cual representa una violación a sus garantías individuales, la cual la considera del todo infundada e inmotivada; a las autoridades responsables ejecutoras se les reclama la inminente ejecución de dicha orden de aprehensión". Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por la Juez del Juzgado de Primera Instancia, con residencia en Rosario, Sinaloa, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 699/2017 del índice Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso, en el cual el acto reclamado consistió en: "IV. ACTO RECLAMADO: Se le reclama a la Autoridad Responsable Ordenadora la Orden de Aprehensión que tengo conocimiento se ha dictado en mi contra en fecha 29 de mayo del presente año, dentro de la causa penal, radicada y tramitada ante la autoridad responsable ordenadora, misma que fue dictada fuera de Procedimiento Judicial y sin previo Juicio, lo cual representa una violación a mis Garantías Individuales, la cual considero del todo infundada e inmotivada; a las Autoridades Responsables Ejecutoras se les reclama la inminente Ejecución de dicha Orden de Aprehensión". Asimismo, en el que en la sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió: "PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Manuel Chaidez Zepeda, contra los actos que atribuyó al vicefiscal Regional Zona Sur del Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comandante de Base de Operaciones de la Policía Militar, ambos con residencia en El Rosario, Sinaloa, encargado del despacho de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, vicefiscal General del Estado de Sinaloa, en representación del fiscal General del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Manuel Chaidez Zepeda, contra la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, librada por el juez Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, en la causa penal 76/2014, y su correspondiente ejecución atribuida al comandante "C" de la Policía de Investigación del Estado, con residencia en El Rosario, Sinaloa, y jefe del Departamento Legal de la Policía Ministerial del Estado, con asiento en Culiacán, Sinaloa; por las razones y para los efectos precisados, en ese orden, en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. TERCERO. Cúmplase con lo establecido en el considerando noveno de esta resolución". Por consiguiente, es importante acotar que el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince, establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.) Bajo esa premisa, se estima que, quien debe conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia del Rosario, Sinaloa, y otras autoridades, es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, por haber conocido previamente del juicio de amparo indirecto 699/2017, promovido por Manuel Chaidez Zepeda en donde reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución dentro de la causa penal 76/2014; la cual fue analizada; y que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado de Primera Instancia, con residencia en Rosario, Sinaloa, se advierte que el acto deriva de dicha causa. En esa tesitura y toda vez que fue a ese órgano federal al que correspondió el conocimiento, en primer término, del juicio de amparo 699/2017, instado contra actos derivados de la causa penal 76/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Por tanto; se surte en el caso la hipótesis normativa prevista en las fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince, el cual, además, en la parte que interesa, dispone lo siguiente: "(.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y IV del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los presentes autos al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, así como los incidentes de suspensión derivados del presente juicio de amparo, los cuales se encuentran resueltos, asimismo, remítanse los nueve cuadernos auxiliares formados con motivo de las documentales enviadas por el Juzgado de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Por tanto, solicítese al titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, acuse recibo de las constancias enviadas e informe si acepta o no el conocimiento de dicho sumario, en términos de la normativa transcrita en líneas precedentes. II. Se deja sin efectos citación de audiencia. Ahora bien, visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se deja sin efecto la citación para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con quince minutos del diecinueve de marzo del año en curso. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. I. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que los actos reclamados consisten en: A la autoridad Responsable Ordenadora la Orden de Aprehensión que se dictó en su contra, misma que fue dictada fuera de Procedimiento Judicial y sin previo Juicio, lo cual representa una violación a sus garantías individuales, la cual la considera del todo infundada e inmotivada; a las autoridades responsables ejecutoras se les reclama la inminente ejecución de dicha orden de aprehensión. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por la Juez del Juzgado de Primera Instancia, con residencia en Rosario, Sinaloa, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 699 2017 del índice Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso, en el cual el acto reclamado consistió en: IV. ACTO RECLAMADO: Se le reclama a la Autoridad Responsable Ordenadora la Orden de Aprehensión que tengo conocimiento se ha dictado en mi contra en fecha 29 de mayo del presente año, dentro de la causa penal, radicada y tramitada ante la autoridad responsable ordenadora, misma que fue dictada fuera de Procedimiento Judicial y sin previo Juicio, lo cual representa una violación a mis Garantías Individuales, la cual considero del todo infundada e inmotivada; a las Autoridades Responsables Ejecutoras se les reclama la inminente Ejecución de dicha Orden de Aprehensión. Asimismo, en el que en la sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Manuel Chaidez Zepeda, contra los actos que atribuyó al vicefiscal Regional Zona Sur del Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comandante de Base de Operaciones de la Policía Militar, ambos con residencia en El Rosario, Sinaloa, encargado del despacho de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, vicefiscal General del Estado de Sinaloa, en representación del fiscal General del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Manuel Chaidez Zepeda, contra la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, librada por el juez Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, en la causa penal 76 2014, y su correspondiente ejecución atribuida al comandante C de la Policía de Investigación del Estado, con residencia en El Rosario, Sinaloa, y jefe del Departamento Legal de la Policía Ministerial del Estado, con asiento en Culiacán, Sinaloa; por las razones y para los efectos precisados, en ese orden, en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. TERCERO. Cúmplase con lo establecido en el considerando noveno de esta resolución. Por consiguiente, es importante acotar que el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince, establece: Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; . Bajo esa premisa, se estima que, quien debe conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia del Rosario, Sinaloa, y otras autoridades, es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, por haber conocido previamente del juicio de amparo indirecto 699 2017, promovido por Manuel Chaidez Zepeda en donde reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución dentro de la causa penal 76 2014; la cual fue analizada; y que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado de Primera Instancia, con residencia en Rosario, Sinaloa, se advierte que el acto deriva de dicha causa. En esa tesitura y toda vez que fue a ese órgano federal al que correspondió el conocimiento, en primer término, del juicio de amparo 699 2017, instado contra actos derivados de la causa penal 76 2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Por tanto; se surte en el caso la hipótesis normativa prevista en las fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince, el cual, además, en la parte que interesa, dispone lo siguiente: Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y IV del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los presentes autos al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, así como los incidentes de suspensión derivados del presente juicio de amparo, los cuales se encuentran resueltos, asimismo, remítanse los nueve cuadernos auxiliares formados con motivo de las documentales enviadas por el Juzgado de Primera Instancia de El Rosario, Sinaloa. Por tanto, solicítese al titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, acuse recibo de las constancias enviadas e informe si acepta o no el conocimiento de dicho sumario, en términos de la normativa transcrita en líneas precedentes. II. Se deja sin efectos citación de audiencia. Ahora bien, visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se deja sin efecto la citación para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con quince minutos del diecinueve de marzo del año en curso. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Audiencia Incidental En Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Brenda Guadalupe Martínez Castillo, Secretaria que autoriza y da fe, inicia la audiencia incidental prevista en el artículo 144 de la Ley de Amparo, en los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo 55/2019, sin la asistencia de las partes. I. Relación de constancias. a) La Secretaria da cuenta al Juez: Con el estado procesal que guardan los presentes autos. El Juez acuerda: Celébrese la presente audiencia, únicamente por lo que concierne a los actos atribuidos a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia y Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, y Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con residencia en el Rosario, Sinaloa, asimismo del Fiscal General de Justicia en el Estado de Sinaloa, Director de la Policía de Investigación del Estado, y Director de la Policía Estatal Preventiva, todos con residencia en Culiacán, Sinaloa. II. Intervención del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. Se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional no formuló pedimento. III. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, y toda vez que de autos no existen diversos medios de convicción por desahogar, se declara cerrada esta etapa. IV. Alegatos. Consecuentemente, se abre el periodo correspondiente a alegatos, en el cual se hace constar que las partes no formularon, y al no existir escrito en dicho sentido, se declara concluida esta etapa, para dictar la resolución siguiente. RESOLUCIÓN INCIDENTAL Visto para resolver en definitiva el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 55/2019. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación de los actos reclamados. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, Manuel Chaidez Zepeda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de las siguientes autoridades: 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario, Sinaloa. 2. Fiscal General de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 3. Director de la Policía de Investigación del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 4. Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con residencia en el Rosario, Sinaloa. 5. Director de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 6. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Rosario, Sinaloa, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de dicho Distrito Judicial, con residencia en El Rosario, Sinaloa. 7. Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el Municipio de Rosario, Sinaloa, con residencia en dicha ciudad. Asimismo, del Vicefiscal Regional de Justicia en la Zona Sur, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por la que ya se resolvió la suspensión definitiva en veinte de febrero del año en curso; y del Director o Comandante de la Policía Militar, con residencia en el Rosario, Sinaloa y Comandante de la Policía Estatal del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, los cuales se tuvieron por inexistentes en proveídos de veintiséis de febrero y siete de marzo del año en curso, respectivamente. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en: la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El uno de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados; se pidieron informes previos a las autoridades señaladas como responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la audiencia incidental; la cual se llevó a cabo el veinte de febrero de dos mil diecinueve por el Vicefiscal Regional de Justicia en la Zona Sur, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, difiriéndose por lo que hace a estas autoridades; y posteriormente fijándose las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, conforme lo establecen los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Informes previos. Las autoridades responsables, Director de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en Culiacán, Sinaloa y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en el Rosario, Sinaloa , al rendir informes previos, negaron la existencia del acto reclamado. Así, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendiente a demostrar lo contrario, consecuentemente, debe negarse la suspensión definitiva de los actos reclamados, por falta de materia sobre qué decretarla, en términos de lo dispuesto en los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del texto siguiente: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." (Novena Época. Registro 204855. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, Tesis VI.2o. J/19, Página 133) TERCERO. Las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia , Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia , todos con residencia en el Rosario, Sinaloa, asimismo el Fiscal General de Justicia en el Estado de Sinaloa y Director de la Policía de Investigación del Estado , ambos con residencia en Culiacán, Sinaloa, aceptaron la existencia del acto reclamado. TERCERO. Pronunciamiento sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trámite y resolución de este incidente de suspensión en materia penal, se realiza conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin analizarse bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitieron los actos reclamados, únicamente se atiende la fecha en que se solicita la medida cautelar. Criterio que se encuentra en la Jurisprudencia que en seguida se transcribe: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Mediante Decreto publicado el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones normativas, entre las cuales se derogó el artículo décimo transitorio del diverso Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente, publicado en ese mismo medio oficial, el 2 de abril de 2013, el cual establecía que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión en esa materia se regiría por la Ley de Amparo abrogada. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que una norma transitoria tiene como función, regular el paso ordenado de la ley anterior a la legislación nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de éstas, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de seguridad y certeza jurídicas respecto de la vigencia de normas equivalentes, cuando se presenta una sucesión de éstas en el tiempo. Por tanto, si el artículo décimo transitorio mencionado se trata de una norma transitoria de carácter procesal, atendiendo al régimen de transitoriedad de las normas, se arriba al convencimiento de que si el legislador estableció expresamente, a través de un artículo transitorio, el momento específico en que una norma concreta queda derogada y ésta es de naturaleza procesal, los operadores jurídicos deben atender a tal disposición; en ese sentido, en el caso específico se concluye que a partir del 18 de junio de 2016, debe considerarse que el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal al determinarse la pérdida de su vigencia, de ahí que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal, deben realizarse conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin que el juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitió el acto reclamado, porque ello provocaría incertidumbre jurídica a las partes en torno a la norma aplicable en la medida cautelar, por lo que únicamente debe atenderse a la fecha en que se haya solicitado la medida cautelar para resolver lo conducente." (Décima Época. Registro: 2016417. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h. Materia(s): (Común). Tesis: 1a./J. 12/2018 (10a.)) Así, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128 y 138 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que hasta el momento no existe dato alguno del que se deduzca que se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse, con su ejecución se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en consecuencia, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, toda vez que el delito por el cual se dictó la orden de aprehensión, no es considerado como delito grave según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por tanto, permite la libertad provisional bajo caución; en consecuencia, la medida cautelar se concede para efectos de que no se ejecute la orden de aprehensión librada en su contra por el Juzgado de Primera Instancia, con sede en el Rosario, Sinaloa, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo. I. Garantía. Conforme a lo previsto en el numeral 168 de la Ley de Amparo, deberá exigirse a la parte quejosa la exhibición de garantía, la que se fijará tomando en consideración los elementos siguientes: la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, características personales y situación económica del impetrante, así como la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. También deberá fijarse las medidas de aseguramiento que se estimen necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y en su caso se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, y en su oportunidad, pueda ser devuelta la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." (Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226) Con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera). En ese contexto, por tratarse de actos que afectan la libertad personal del promovente y al no contar hasta el momento con suficientes elementos que los aportados por ésta en su libelo constitucional, con fundamento en el artículo 132, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es fijar discrecionalmente una garantía por la suma de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), al no constar hasta este momento mayores datos que hagan necesario fijar una garantía mayor. Si opta por hacerlo mediante billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito, y la relativa a que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo. "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". En caso de exhibir póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme a lo establecido en el diverso numeral 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; también la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del juzgado de Distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía. De igual modo, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante, y si se garantiza mediante póliza de fianza la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; y, deberá incluirse el texto siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a Manuel Chaidez Zepeda, en el incidente de suspensión 55/2019." II. Medidas de aseguramiento. Ahora, en atención a que el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que en estos casos la suspensión se concederá de forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, lo cual tiene como finalidad evitar que el inculpado, haciendo uso abusivo de la suspensión se sustraiga de la acción de la justicia o entorpezca el procedimiento; por tanto, el agraviado deberá comparecer personalmente ante el Juzgado de Primera Instancia, con sede en el Rosario, Sinaloa, dentro del término de tres días contados a partir del en que surta efectos la notificación de esta interlocutoria para la continuación del proceso penal que se le instruye; lo que deberá demostrar ante este Juzgado dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante constancia respectiva. Asimismo, deberá comparecer cuantas veces sea citado o requerido para la práctica de cualquier diligencia relacionada con la causa, prevenido que de no hacerlo se hará efectiva la garantía y dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión". (Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226) "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia". (Novena Época, Registro: 188346, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 94/2001, Página: 26) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". (Novena Época, Registro: 170432, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 149/2007, Página: 371.) III. Casos en que no surtirá efectos la suspensión concedida.  Si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa o por otra persona a su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado, y contra las propias autoridades ordenadoras.  Si la parte quejosa es sorprendida en delito flagrante. IV. Causas de revocación de la medida cautelar decretada. a) De no acreditarse que la parte quejosa cumplió con la exhibición de la garantía en el plazo indicado. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de Amparo. b) De no acreditarse que la parte quejosa compareció ante la citada autoridad responsable cuantas veces sea citado o requerido para la práctica de cualquier diligencia relacionada con la indagatoria. La libertad otorgada a la parte quejosa con motivo de esta suspensión podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por este órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 167 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: Primero. Se niega a Manuel Chaidez Zepeda, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Director de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en el Rosario, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede a Manuel Chaidez Zepeda, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, todos con residencia en el Rosario, Sinaloa, asimismo del Fiscal General de Justicia en el Estado de Sinaloa y Director de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en Culiacán, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, doce de marzo de dos mil diecinueve. Pieza postal sin mayor pronunciamiento. Visto lo de cuenta, agréguese en autos sin mayor trámite, la pieza devuelta por el Administrador Postal, con residencia en esta ciudad, relativa al oficio dirigido a la autoridad responsable Comandante de la Policía Estatal Preventiva, con sede en Culiacán, Sinaloa; lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de siete de marzo del año en curso, se acordó lo conducente. Cúmplase.

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