Manuel Cervantes Velazquez
Expediente 827/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Cervantes Velazquez
- Jesus Cervantes Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio número 11278/2018, por el que se le remitieron los cuadernos incidentales relativos a la incompetencia declinada a su favor, e informa que se avocó al conocimiento del asunto planteado. En consecuencia, se ordena remitirle los sobres cerrados, informes justificados y piezas postales, para que acuerde lo que en derecho proceda. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado Federal se declaró legamente incompetente para conocer el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obren como correspondan los sobres cerrados de cuenta que contienen los oficios número 11884 y 11885, dirigidos respectivamente a los Agentes Primero y Segundo del Ministerio Público Investigadores, con sede en Apatzingán, Michoacán, que devuelve la Administradora Local de Correos, con la leyenda "Rehusado Mal dirigido", en consecuencia, se reserva acordar en cuanto a su contenido, hasta en tanto el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, informe sí aceptó o no la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio número 11865, por el que se le remitió el cuaderno de incompetencia declinada a su favor; asimismo, como lo solicita remítasele los cuadernos incidentales. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S; para resolver el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número V-827/2018-2, promovido por -, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: UNICO. -, solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal, así como la suspensión definitiva, de los actos reclamados al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán y otras autoridades, que hace consistir en lo siguiente: "a) De las autoridades ordenadoras: se reclama la posible orden de LOCALIZACIÓN O CITACIÓN, DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y RETENCIÓN, o ORDEN DE APREHENSIÓN, infundada e inmotivada derivada de una Averiguación Previa Penal o Carpeta de Investigación o causa penal giradas en mi contra por las autoridades ordenadoras, lesionando los derechos humanos y garantías Constitucionales que a mi favor se contienen en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cumplimiento de dicha violación de garantías por privación ilegal de la libertad se pretende realizar por parte de la autoridades que he señalado como responsables en líneas anteriores pronunciada en nuestra contra; y, b) De las autoridades ejecutoras: lo constituye la inminente ejecución de la orden de LOCALIZACIÓN O CITACIÓN, DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y RETENCIÓN y/o ORDEN DE APREHENSIÓN, dictada por cualquiera de las autoridades señaladas como ordenadoras." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se determinaron los límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía de Morelia, Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad, con sede en esta ciudad, Jueces Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral, Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de la Célula Primera y Segunda Investigadoras de la Unidad de Investigación y Litigación, Agente del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal, en ausencia del Fiscal Regional, Encargado de la Policía Federal Ministerial, Director Regional de Carpetas de Investigación, todos con residencia en Uruapan, Michoacán, Agente Primero del Ministerio Público Investigador, Agente del Ministerio Público de atención Temprana Mesa II, ambos con sede en Nueva Italia, Michoacán, Agentes Primero y Segundo del Ministerio Público Investigadores, Directora de Carpetas de Investigación, Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal en Jefe, Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo de la Célula I Apatzingán, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, Encargado de la Dirección de Seguridad Pública, con sede en Apatzingán, Michoacán, dado que negaron el acto reclamado al rendir su informe previo. Como la parte quejosa no ofreció prueba alguna tendiente a desvirtuar tal negativa; consecuentemente, se NIEGA la suspensión definitiva del acto reclamado a -, respecto de las referidas autoridades, en virtud de que no existe materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 777, del rubro: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al Fiscal Regional y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, ambos en Apatzingán, Michoacán. En ese sentido, lo procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada por - por las siguientes razones: Ahora, se estima pertinente precisar que la suspensión del acto reclamado procede cuando se cumplan los siguientes requisitos: a).- La existencia del acto reclamado. b).- Que la naturaleza del mismo permita su paralización y, c).- Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. El efecto de la suspensión, por regla general, consiste en ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal a donde pertenece este incidente, aunque ello, desde luego, en directa atención a las prevenciones contenidas en el artículo 128 de la citada legislación. Tiene aplicación en ese sentido, la jurisprudencia 44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutado eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." En ese sentido, lo procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada por -por las siguientes razones: El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En el caso concreto, los promoventes de amparo solicitan expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita, dado que al rendir su informe previo el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Apatzingán, Michoacán, señaló que el diez de octubre de dos mil diecisiete, en audiencia privada, dentro de la causa penal número 83/2017, se dictó orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos por su probable intervención en los hechos que la Ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción L, inciso C), 10 fracción I, incisos B) y C), con relación al artículo 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación con los artículos 7, 8, 9 primer párrafo y 13 fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de -. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad, a los gobernados se les hayan respetado las garantías constitucionales, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal. Cabe considerar además, que en el caso que nos ocupa, se encuentran configurados los requisitos previstos en el multicitado numeral 128 de la Ley citada, habida cuenta que, de no conceder el beneficio supensional solicitado, se causarían daños de difícil reparación a los quejosos, pues de dictar la responsable sentencia definitiva se consumaría irreparablemente el acto reclamado. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163 y 166 de la Ley mencionada, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser aprehendidos queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y en el lugar en que deba ser recluidos, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ello hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la ejecutoria que cause la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde deriva el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2311, del Tomo IV, Enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO QUE NO AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SI EL QUEJOSO SE ENCUENTRA MATERIALMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, EN VIRTUD DE QUE EN UN DIVERSO PROCESO PENAL SE LE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, AQUÉLLA DEBE CONCEDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Del segundo párrafo del precepto mencionado, se advierte que cuando el quejoso se encuentre materialmente privado de su libertad, entre otros supuestos, porque esté siendo procesado y el Juez penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de ese artículo, que alude a que cuando la orden de aprehensión reclamada en el incidente de suspensión versa respecto de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo producirá el efecto de que de ejecutarse el mandamiento de captura, el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, porque no hay forma más efectiva de impedir que el quejoso se evada de la acción de la justicia y se logre que se presente al proceso penal condigno para los efectos de su continuación, y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal, que estando ya privado de la libertad con motivo de un proceso penal instaurado en su contra (aunque no sea por el cual se libró la orden de captura impugnada), pues si bien es cierto que el principal objetivo de la suspensión del acto reclamado es mantener "viva" la materia en que versa el juicio de amparo; no menos lo es que el otorgamiento de la medida cautelar no puede seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, como lo es la de truncar la continuación de un proceso penal judicializado. De ahí que se exima la imposición de medidas de efectividad y de aseguramiento hacia quien solicita la suspensión contra una orden de aprehensión (aunque no se trate de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, como lo dispone la fracción II del artículo 166 referido), para que de inmediato y sin necesidad de satisfacer requerimientos, pueda comenzar a surtir sus efectos, pues toma en consideración el estado jurídico en el que se ubica el quejoso (privado de la libertad), en el cual, indudablemente, le resultarían gravosas y de complicado cumplimiento (como comparecer ante el Juez del proceso), las exigencias que al respecto se llegasen a imponer para que la suspensión otorgada continuara surtiendo efectos.". Lo anterior, dado que al rendir su informe previo el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Apatzingán, Michoacán, señaló que el diez de octubre de dos mil diecisiete, en audiencia privada, dentro de la causa penal número 83/2017, se dictó orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos por su probable intervención en los hechos que la Ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción L, inciso C), 10 fracción I, incisos B) y C), con relación al artículo 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación con los artículos 7, 8, 9 primer párrafo y 13 fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de -, por lo que amerita prisión preventiva oficiosa por estar comprendidos dentro de los supuestos a que refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a -, la suspensión definitiva que solicitan de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a -, la suspensión definitiva que solicita de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución.
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