Manuel Cerda García

Expediente 2230/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2230/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Manuel Cerda García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En consecuencia, como se encuentra ordenado en autos, con el original y copia del escrito de agravios, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito, para la substanciación del recurso citado, solicítese acuse recibo.

  2. Principal

    Se recibe el oficio firmado por el Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en suplencia por ausencia del Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo 2230/2021-V. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese copia de dicho escrito a los presentes autos; fórmese el expedientillo de antecedentes relativo; distribúyanse las demás copias entre las partes y una vez que esté debidamente integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada.

  3. Principal

    Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 2230/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, el dieciocho de febrero de dos mil veinte y que por turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, Manuel Cerda García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: - Del Director General del Organismo de Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, se reclama la violación tanto al derecho de petición consagrado en el artículo 8º, en relación con el 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a la garantía individual de impartición de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la misma Constitución General de la República, por los siguientes motivos: a).- Al ser omiso en integrar debidamente el expediente formado con motivo de la solicitud que presenté: CNA-01-ZLA, Inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, trámite éste al que la propia autoridad del agua le asignó el número de expediente administrativo COA-ZLIB-0192-31-03-09; b).- Por la conducta omisiva de remitir dicho expediente al Registro Público de Derecho del Agua para su inscripción correspondiente; y c).- Consecuentemente, una vez inscrita dicha obra, también se reclama la entrega de la respectiva Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento correspondiente. 2.- Del Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca de Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua.- Se reclama la violación tanto al derecho de petición consagrado en el artículo 8º, en relación con el 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a la garantía individual de impartición de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la misma Constitución General de la República, por los siguientes motivos: a).- Al ser omiso en integrar debidamente el expediente formado con motivo de la solicitud que presenté: CNA-01-ZLA, Inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, trámite éste al que la propia autoridad del agua le asignó el número de expediente administrativo COA-ZLIB-0192-31-03-09; b).- Por la conducta omisiva de remitir dicho expediente al Registro Público de Derecho del Agua para su inscripción correspondiente; y c).- Consecuentemente, una vez inscrita dicha obra, también se reclama la entrega de la respectiva Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento correspondiente. 3.- Del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua.- Se reclama la violación tanto al derecho de petición consagrado en el artículo 8º, en relación con el 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a la garantía individual de impartición de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la misma Constitución General de la República, por los siguientes motivos: Por la omisión de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua la obra en zona libre de alumbramiento solicitada en fecha 31 de marzo de 2009, tal como lo previenen los artículos 18, 30, 30 Bis, 31y 32 de la Ley de Aguas Nacionales y 57 de su respectivo Reglamento en relación con los artículos 14, 17, 33 34, 35, 41, y 44 de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2002; trámite éste al que la propia autoridad del agua le asignó el número de expediente administrativo COA-ZLIB-0192-31-03-09 y consecuentemente la entrega de la Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento correspondiente. SEGUNDO. Trámite. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón admitió a trámite la demanda respectiva, la cual registró en el libro de gobierno con el consecutivo 146/2020; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados. TERCERO. Ampliación de demanda. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso para que manifestara si era su interés ampliar la demanda de amparo respecto el Director de Administración del Agua, del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua; mediante escrito registrado bajo 18665 del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, el quejoso amplió su demanda por los siguientes actos y autoridades: "1.- Del Director General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.- Se reclama la violación tanto al derecho de petición consagrado en el artículo 8º, en relación con el 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a la garantía individual de impartición de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la misma Constitución General de la República, por los siguientes motivos: a).- Al ser omiso en integrar debidamente el expediente formado con motivo de la solicitud que presenté: CNA-01-ZLA, Inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, trámite éste al que la propia autoridad del agua le asignó el número de expediente administrativo COA-ZLIB-0192-31-03-09; b).- Por la conducta omisiva de remitir dicho expediente al Registro Público de Derecho del Agua para su inscripción correspondiente; y c).- Consecuentemente, una vez inscrita dicha obra, también se reclama la entrega de la respectiva Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento correspondiente. 2. - Del Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.- Se reclama la violación tanto al derecho de petición consagrado en el artículo 8º, en relación con el 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a la garantía individual de impartición de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la misma Constitución General de la República, por los siguientes motivos: a).- Al ser omiso en integrar debidamente el expediente formado con motivo de la solicitud que presenté: CNA-01-ZLA, Inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, trámite éste al que la propia autoridad del agua le asignó el número de expediente administrativo COA-ZLIB-0192-31-03-09; b).- Por la conducta omisiva de remitir dicho expediente al Registro Público de Derecho del Agua para su inscripción correspondiente; y c).- Consecuentemente, una vez inscrita dicha obra, también se reclama la entrega de la respectiva Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento correspondiente." En proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la referida ampliación, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se citó para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia Constitucional y declaración de incompetencia. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia constitucional y, por resolución de la misma fecha, el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, turnando el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, en turno. QUINTO. Aceptación de competencia. Mediante oficio recibido el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, se recibió la incompetencia planteada por el homólogo de referencia, y por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el que en proveído de tres de enero de dos mil veintidós aceptó la competencia declinada, registrando el expediente bajo el consecutivo 2230/2021, y toda vez que el juicio se encontraba debidamente integrado y con audiencia celebrada, sólo se ordenó notificar por exhorto al quejoso dicho auto, y se ordenó se emitiera la resolución correspondiente. Cabe señalar que durante los meses de diciembre de dos mil veintiuno, enero y febrero de dos mil veintidós, el personal de este órgano jurisdiccional gozó de su segundo periodo vacacional, lo que sumado al alto número de contagios por el virus Covid-19 y casos sospechosos que ocurrieron en esos meses, se contó con menor personal para enfrentar la carga de trabajo excesiva que se presenta en este juzgado de distrito; aunado a que conforme el comunicado SECNO/STCCNO/9/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, se informó que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo suspendió plazos y términos procesales del seis al dieciséis de enero de dos mil veintidós, por lo que durante ese lapso y los siguientes siete días no le fueron turnados asuntos de nuevo ingreso ni se le asignó guardia, de manera que se distribuyó el turno correspondiéndole a este Juzgado Primero recibir parte del mismo, y además cubrió parte de la guardia de ese órgano. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que si bien reclama una omisión, esta es respecto inscribir una resolución de un predio que se encuentra dentro de la demarcación territorial en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es indispensable dejar precisado los actos que por la presente vía constitucional se reclaman, los cuales se obtienen del estudio integral del escrito inicial y de ampliación de la demanda de amparo, así como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y de las constancias que integran el sumario. En ese sentido, se tiene como actos destacados los siguientes: a) Omisión de integrar debidamente el expediente formado con motivo de la solicitud presentada CNA-01-ZLA; inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, identificado con el número de expediente administrativo COA-ZLIB-0192-31-03-09; b) La omisión de remitir dicho expediente al Registro Público de Derechos del Agua para su inscripción correspondiente; y c) Consecuentemente, una vez inscrita dicha obra, la entrega de la respectiva Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento que corresponda. TERCERO. Actos inexistentes. El Director General del Organismo de Cuenca del Río Bravo, Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca de Río Bravo, Director General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y, todos de la Comisión Nacional del Agua, al rendir su informe justificado negaron categóricamente los actos reclamados. Dado que en el presente asunto se reclama una omisión es necesario determinar si las autoridades responsables se encontraban obligadas o no dar respuesta a la solicitud del quejoso. Ahora, de autos se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el treinta y uno de marzo de dos mil nueve presentó en el Centro Integral de Servicios de la extinta Dirección Local Coahuila dependiente del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional de Agua, solicitud CNA-01-ZLA Inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, trámite al que la autoridad le asignó el número de expediente COA-ZLIB-0192-31-03-09, y con fecha veintidós de junio de dos mil nueve el Director de dicho organismo, emitió el oficio BOO. E.21.1.-1034/2009 con el que le notificó la resolución recaída a su solicitud, en la cual resultó procedente su petición de Registro de Obras de Alumbramiento y Brotes de Agua en Zonas de Libre Alumbramiento, para uso Agrícola, documental que exhibió en copia certificada por el Notario Público número 19 del Distrito Notarial de la Ciudad de Torreón. Coahuila de Zaragoza, a la cual se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta necesario precisar que el Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, al rendir su informe justificado comunicó que el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, hubo una restructuración en la Administración Pública federal, liquidando al total de personal de mandos medios adscritos a la entonces Dirección Local Coahuila de la Comisión Nacional del Agua, lo que trajo como consecuencia que los asuntos que le correspondía conocer a esa Dirección Local se distribuyeran por competencia territorial a los organismos de Cuenca Río Bravo y Cuencas Centrales del Norte, de conformidad con el "ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua". En ese sentido, en términos del "ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua", publicado el doce de diciembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación, del numeral VII se advierte que atendiendo a los límites de las Regiones Hidrológico-Administrativas, así como la denominación actualizada de los municipios y entidades federativas le corresponde al ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en la Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte, conocer del expediente COA-ZLIB-0192-31-03-09, por encontrarse el acuífero del cual solicitó su inscripción el quejoso en el Ejido Hoyos, Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza. Por tanto, se concluye que el Director General del Organismo de Cuenca del Río Bravo, Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca de Río Bravo y Director General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte todos de la Comisión Nacional del Agua, no estaban obligados a realizar las acciones necesarias a efecto de dar cumplimiento a los actos reclamados por el quejoso por carecer de facultades, ya que la inscripción que solicitó respecto la obra de alumbramiento se encuentra en el Ejido Hoyos, en el Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, le corresponde efectuar los trámites a la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua. En esos términos tampoco se tiene por cierta la omisión reclamada al Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, ya que en los autos no existe prueba que acredite que el trámite correspondiente al expediente COA-ZLIB-0192-31-03-09 haya sido remitido a su Gerencia para el registro, tal como lo manifestó en su informe justificado. Consecuentemente, ante la inexistencia de los actos que se reclaman a las autoridades responsables en mención, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en términos de lo establecido en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 99/2018 (10a.) de contenido y rubro siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. CUARTO. Certeza de los actos combatidos. Son ciertos los actos reclamados al Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua. Sin que obste a lo anterior, que haya negado los mismos, toda vez que tal como se advierte del "ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua", publicado el doce de diciembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación, ya que se extinguió la Dirección Local Coahuila de la Comisión Nacional del Agua, le corresponde conocer de los trámites relativos a los expedientes del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza. Además, la certeza del acto se corrobora con los documentos exhibidos por el quejoso en vía de prueba, esto es la copia certificada del oficio BOO. E.21.1.-1034/2009, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de un documento expedido por un notario público en ejercicio de sus funciones con el cual acredita que le fue expedida una resolución favorable de Registro de Obras de Alumbramiento y Brotes de Agua en Zonas de Libre Alumbramiento, para uso Agrícola del (os) aprovechamiento (s) ubicado (s) en predio (s) Parcela 219 Z-7 P1/1, del Ejido Hoyos, en el Municipio de Parras, Estado de Coahuila, lo que acredita que tiene derecho a que se realice la inscripción que reclama. QUINTO. Análisis sobre las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, previo al examen de las cuestiones de fondo, conforme al artículo 62 de la propia ley. En el presente juicio la autoridad responsable Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua hizo valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por no existir los actos reclamados. No obstante, como ya se expuso en el considerando CUARTO, la existencia del acto quedó debidamente acreditada. Por otro lado, no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, por ende, se procede al estudio de la litis constitucional planteada. SEXTO. Estudio de fondo. Antes de abordar las cuestiones de fondo del asunto, resulta necesario establecer que, tratándose de asuntos en materia administrativa opera el principio de estricto derecho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 76 y 79 (contrario sensu), de la Ley de Amparo. Además, es pertinente exponer los antecedentes del caso, como sigue: 1. El treinta y uno de marzo de dos mil nueve Manuel Cerda García, presentó ante el Centro Integral de Servicios de la extinta Dirección Local Coahuila, una solicitud de inscripción de obras en zona de libre alumbramiento, a la cual se le registró con el número de solicitud CNA-01-ZLA; y a la cual le correspondió el expediente COA-ZLIB-0192-31-03-09. 2. Seguido en sus trámites correspondientes, la Dirección Local Coahuila, de la Comisión Nacional del Agua, emitió el oficio BOO.E.21.1-1034/2009, mediante el cual atendió favorablemente la solicitud del ahora quejoso. 3. En dicha resolución consideró que era factible acceder a la petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 18 de la Ley de Aguas Nacionales. La autoridad afirmó que, no obstante, no se necesitaba contar con una concesión para zonas de libre alumbramiento, era obligación del ahora quejoso acudir ante esa autoridad a registrar dicho aprovechamiento, circunstancia que dio cabal cumplimiento, por lo que era procedente emitir el registro correspondiente conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Aguas Nacionales. En ese contexto, la autoridad, en lo que aquí interesa, emitió los siguientes puntos resolutivos; "PRIMERO. Se comunica a Manuel Cerda García que es procedente atender su petición de Registro de Obras de Alumbramiento y Brotes de Agua en Zonas de Libre Alumbramiento, para uso Agrícola del (os) aprovechamiento (s) ubicado (s) en predio (s) Parcela 219 Z-7 P1/1, del Ejido Hoyos, en el Municipio de Parras, Estado de Coahuila, asignando el volumen de acuerdo al o los gastos en L.P.S. de cada aprovechamiento en virtud de que el o los mismo (s) se encuentra (s) ubicado (s) en zona de libre alumbramiento, como quedó debidamente asentado en los considerandos de la presente resolución. SEGUNDO. En virtud de que el (los) aprovechamiento (s) descrito (s) en el resolutivo anterior, se encuentra (s) ubicado (s) en zona de libre alumbramiento, remítase copia de la presente resolución, así como de la notificación respectiva, al Registro Público de Derechos de Agua de esta Comisión Nacional del Agua, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Aguas Nacionales, proceda al registro del mismo o de la (s) obra (s), registro (s) que contendrá (s) las siguientes características: (".") TERCERO. Derivado del Resolutivo anterior esta Comisión Nacional del Agua, emitirá la constancia de Registro, y para ello se le solicita cubrir el pago de derechos que alude el artículo 192-C, fracción IV "expedición constancia de registro de aprovechamiento" de la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, por cada obra. CUARTO. Se hace del conocimiento de Manuel Cerda García que esta Comisión Nacional del Agua, se reserva el derecho para que en cualquier momento ejerza sus facultades de verificación. QUINTO. Se hace del conocimiento de Manuel Cerda García, que la presente Resolución no le otorga derechos de preferencia alguno, en caso de que el Ejecutivo Federal reglamente, vede o reserve las aguas nacionales ubicadas en el acuífero denominado General Cepeda-Sauceda. SEXTO. Notifíquese personalmente la presente resolución a Manuel Cerda García, o a quien sus derechos represente, en el domicilio ubicado en Calle orilla de Agua #38, Colonia Zona Centro, en el municipio de Parras, estado de Coahuila. SÉPTIMO. En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 3º, fracción XV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento, que la presente resolución tiene el carácter de definitivo, por lo que dispone de un término de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente en que se efectúe la presente resolución, para que de estimarlo pertinente, interponga el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento administrativo. OCTAVO. Se hace de su conocimiento que el expediente administrativo formado con motivo de su solicitud, se encuentra y puede ser consultado en esta Dirección Local Coahuila, sita en Carretera 57 Central km 7.5 SN, Colonia El Sauz, Saltillo Coahuila, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley de la materia." 4. No obstante, haber resuelto la cuestión planteada por el aquí quejoso, no hay evidencia en el presente sumario de haber emitido la constancia de registro a fin de continuar con el procedimiento, ni haberle requerido el pago de los derechos correspondientes. Sentados los antecedentes, se procede al análisis de los conceptos de violación. El quejoso sostiene que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de petición y acceso a la justicia en su vertiente al derecho a administrarle una justicia pronta, completa e imparcial consagrados en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. Manifiesta que se le viola su derecho de petición al no concluir congruentemente el trámite solicitado el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, ya que se encuentra pendiente que la autoridad del agua emita la respectiva constancia de registro de obra de alumbramiento. Aduce, igualmente que se le conculca su derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial que se debe traducir en la obligación de las autoridades a sujetar su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes, entendiendo por tales, las que regulan el procedimiento. Arguye que la omisión de las autoridades responsables incumplen lo establecido en los artículos 18, 30, 30 Bis, 31 y 32 de la Ley de Aguas Nacionales y 57 del reglamento de la ley en cita, en relación con los arábigos 14, 17, 33, 34, 35, 41 y 44 de las reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de dos mil dos. Argumenta que el retraso y omisión en el registro de la obra de alumbramiento le viola en su perjuicio los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe contenidos en el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Son esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en su demanda y suficientes para conceder la protección constitucional, por las siguientes razones. Al respecto, es necesario considerar que, tratándose de procedimientos seguidos en forma de juicio ante autoridades administrativas, la violación al derecho de petición solo puede estudiarse si el quejoso lo plantea en forma conjunta con los derechos fundamentales que rigen el procedimiento, tal como se expone en la Contradicción de tesis 130/2014, dirimida ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.); publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 480. En ese contexto, el artículo 8 constitucional señala lo siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Mientras que el numeral 17 de la ley fundamental establece, en sus párrafos segundo y tercero, lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." De la interpretación literal de los preceptos antes trasuntos, se llega a las siguientes conclusiones: a) Se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. b) Entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en esas normas fundamentales se encuentran, el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional administrativo, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. c) La impartición y administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. d) Dichos plazos y términos que establecidos en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como solicitantes en un procedimiento administrativo o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. e) Que todo procedimiento instando ante la autoridad, tenga la posibilidad de ser llevado hasta su conclusión, es decir, completado hasta la etapa de ejecución a fin de considerarse totalmente concluido. Los preceptos constitucionales citados establecen los siguientes derechos, a saber: a) A obtener respuesta a la petición formulada, que esa respuesta sea congruente con lo solicitado b) Que esa resolución a su reclamación haya sido dada a conocer por la autoridad; c) El derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera pronta, completa e imparcial a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión, con el fin de que a través de un procedimiento en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, las autoridades administrativas deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, pues el derecho fundamental señalado tiene como fin que el gobernado tenga un acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, a fin que las autoridades administrativas respectivas resuelvan sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento administrativo y, en consecuencia, ejecuten el contenido de las resoluciones administrativas que emitan, ello a fin de preservar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Por otro lado, en el caso particular, debe acudirse al texto de los artículos 18, 30, 30 Bis y 32 de la Ley de Aguas Nacionales, los cuales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 18. Las aguas nacionales del subsuelo podrán ser libremente alumbradas mediante obras artificiales, salvo cuando por causas de interés o utilidad pública el Titular del Ejecutivo Federal establezca zona reglamentada, de veda o de reserva o bien suspenda o limite provisionalmente el libre alumbramiento mediante Acuerdos de carácter general. Párrafo reformado DOF 20-06-2011 El Ejecutivo Federal, a propuesta de "la Comisión", emitirá la declaratoria de zonas reglamentadas, de veda o de reserva, deslindando, cuando así se requiera, la aplicación de las disposiciones que se establezcan para acuíferos definidos por "la Comisión", en relación con otros acuíferos o yacimientos geotérmicos hidrotermales que existan en la misma zona geográfica. Para ello, "la Comisión" deberá realizar, por sí o con el apoyo de terceros cuando resulte conveniente, los estudios y evaluaciones suficientes para sustentar los deslindamientos referidos y promover el mejor aprovechamiento de las fuentes de aguas del subsuelo. Párrafo reformado DOF 20-06-2011, 11-08-2014 Conforme a las disposiciones del presente Artículo y Ley, se expedirán el reglamento para la extracción y para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales de los acuíferos correspondientes, incluyendo el establecimiento de zonas reglamentadas, así como los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda o declaratorias de reserva que se requieran. Los acuerdos de carácter general a que se refiere el presente artículo se expedirán en los siguientes casos: Párrafo adicionado DOF 20-06-2011 I. Cuando de los estudios de disponibilidad de aguas nacionales arrojen que no existe disponibilidad del recurso hídrico o que la que existe es limitada; Fracción adicionada DOF 20-06-2011 II. Cuando de los datos contenidos en los estudios técnicos para el establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva se desprenda la necesidad de suspender o limitar el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo; En este supuesto los Acuerdos de carácter general estarán vigentes hasta en tanto se publique el Decreto de zona reglamentada, de veda o reserva de aguas nacionales; Fracción adicionada DOF 20-06-2011 III. Cuando existan razones técnicas justificadas en estudios específicos de las que se desprenda la necesidad de suspender o limitar el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, y Fracción adicionada DOF 20-06-2011 IV. Cuando de los estudios técnicos específicos que realice o valide "la Comisión" se desprenda la existencia de conos de abatimiento, interferencia de volumen o cualquier otro supuesto que pueda ocasionar afectaciones a terceros. Fracción adicionada DOF 20-06-2011 Independientemente de lo anterior, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo causará las contribuciones fiscales que señale la Ley de la materia. En las declaraciones fiscales correspondientes, el concesionario o asignatario deberá señalar que su aprovechamiento se encuentra inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, en los términos de la presente Ley. Artículo reformado DOF 29-04-2004" "Artículo 30. "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: I. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; II. Las prórrogas concedidas en relación con las concesiones, asignaciones y permisos; III. Las modificaciones y rectificaciones en las características de los títulos y actos registrados; IV. La transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos; V. La suspensión, revocación o terminación de los títulos enunciados, y las referencias que se requieran de los actos y contratos relativos a la transmisión de su titularidad; VI. Las sentencias definitivas de los tribunales judiciales y administrativos, en las que se ordene la modificación, cancelación o rectificación de los títulos de concesión o asignación, siempre que dichas sentencias sean notificadas por el órgano jurisdiccional, por la autoridad competente o presentadas por los interesados ante "la Comisión" o el Organismo de Cuenca que corresponda; VII. Las resoluciones emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal o por el Tribunal Superior Agrario que amplíen o doten de agua, previa la emisión del título de concesión por "la Autoridad del Agua"; VIII. Los padrones de usuarios de los distritos de riego, debidamente actualizados; IX. Los estudios de disponibilidad de agua referidos en el Artículo 19 BIS y otras disposiciones contenidas en la presente Ley, y X. Las zonas reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva de aguas nacionales establecidas conforme a la presente Ley y sus reglamentos. El Registro Público de Derechos de Agua por región hidrológico - administrativa, proporcionará el servicio de acceso a la información y difusión de la misma, acerca de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a que se refiere la presente Ley, así como a los actos jurídicos que, conforme a la misma y sus reglamentos, precisen de la fe pública para que surtan sus efectos ante terceros. La prestación de este servicio causará los derechos correspondientes que se especificarán por Autoridad competente en términos de Ley. "La Comisión" dispondrá lo necesario para que opere el Registro Público de Derechos de Agua por región hidrológico - administrativa en los Organismos de Cuenca y con base en los registros de éstos, integrará el Registro Público de Derechos de Agua en el ámbito Nacional. Los actos que efectúe "la Autoridad del Agua" se inscribirán de oficio; los relativos a la transmisión total o parcial de los títulos, así como los cambios que se efectúen en sus características o titularidad, se inscribirán a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos de la presente Ley. "ARTÍCULO 30 BIS. El Registro Público de Derechos de Agua es competente para: I. Autorizar la apertura y cierre de los libros o folios, así como las inscripciones que se efectúen; II. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, así como atender y resolver las consultas que en materia registral se presenten; III. Efectuar las anotaciones preventivas; IV. Producir la información estadística y cartográfica sobre los derechos inscritos; V. Resguardar las copias de los títulos inscritos, y VI. Las demás que específicamente le asignen las disposiciones reglamentarias. Artículo adicionado DOF 29-04-2004" ARTÍCULO 32. En el Registro Público de Derechos de Agua se llevará igualmente el registro nacional permanente, por cuencas, regiones hidrológicas, estados, Distrito Federal y municipios de las obras de alumbramiento y de los brotes de agua del subsuelo, para conocer el comportamiento de los acuíferos y, en su caso, regular su explotación, uso o aprovechamiento. "La Autoridad del Agua" solicitará los datos a los propietarios de las tierras, independientemente de que éstas se localicen dentro o fuera de una zona reglamentada o de veda. Los propietarios estarán obligados a proporcionar esta información y la relativa a las obras de perforación o alumbramiento que hayan efectuado. Artículo reformado DOF 29-04-2004" Por su parte, el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, establece lo siguiente: "Artículo 59. Los actos de expedición, prórroga, suspensión y terminación de concesiones, asignaciones o permisos que en los términos del artículo 30 de la "Ley" deben ser inscritos de oficio, deberán quedar asentados dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se realicen. Lo anterior, sin perjuicio de que los propios usuarios, en caso de que no lo haya hecho "La Comisión", soliciten la inscripción en el "Registro" de los títulos respectivos y sus modificaciones". Como puede constatarse, de los preceptos legales antes trascritos se advierte que los actos de obras de alumbramiento y de los brotes de agua del subsuelo deben ser registrados de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Aguas Nacionales, cuya inscripción debe quedar asentada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se realicen. Por consiguiente, tal como lo aduce el solicitante de amparo, es claro que la autoridad responsable infringe sus derechos fundamentales previstos en los artículos 8 y 17 constitucionales, ya que sin justificación legal, han omitido emitir la constancia de registro del acto administrativo pronunciado el veintidós de junio de dos mil nueve y transcrito en el oficio BOO.E.21.1-1034/2009, no obstante, lo dispuesto en los artículos 30, 30 Bis y 32 de la Ley de Aguas Nacionales y lo establecido en el artículo 59 de su Reglamento, los cuales establecen que los actos de obras de alumbramiento y de los brotes de agua del subsuelo, deben ser inscritos de oficio y deberán quedar asentados dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se realicen. Anterior circunstancia, que ha sido originada por la propia inacción de la autoridad y que implica incertidumbre jurídica, así como una prolongación sin justificación legal en la prosecución del procedimiento de ejecución de una determinación dictada con anterioridad. En ese sentido, al estimarse que el derecho fundamental de acceso a la justicia es un derecho del gobernado para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes; con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre las mismas y, en su caso, se ejecute esa decisión; se colige que el cumplimiento de las resoluciones administrativas no pueden quedar al arbitrio de la propia autoridad, pues son de orden público, procedimientos los cuales no se rigen en los principios de igualdad de las partes, ni de contradicción, puesto que no hay demandado, ni existe un juzgador imparcial. No pasa inadvertido la manifestación de la autoridad responsable, en el sentido de que no cuenta en sus archivos y bases de datos con evidencia alguna de solicitud presentada por Manuel Cerda García, ya que tal como se precisó en párrafos que anteceden, ésta fue presentada y autorizada por la entonces Dirección Local Coahuila, de la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio BOO.E.21.1-1034/2009. Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal al solicitante de amparo, para los efectos que enseguida se precisarán. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: El Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, proceda a integrar el expediente COA-ZLIB-0192-31-03-09, y emita la constancia de registro de aprovechamiento, - previo pago de derechos previstos en el artículo 192-Cfracción IV de la ley Federal de Derechos en Materia de Agua, que para tal efecto realice el quejoso, en caso de no haberlo hecho- a fin de ser remitido a la Gerencia de Registro Público de Derechos de Agua para su inscripción. Una vez recibido el expediente COA-ZLIB-0192-31-03-09 la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, inscriba el aprovechamiento concedido en la resolución contenida en el oficio BOO.E.21.1-1034/2009, de veintidós de junio de dos mil nueve y emita la constancia respectiva. Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, 74, 75, 77 y demás de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades y actos señalados en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Cerda García, respecto de la autoridad y para los efectos a que se contrae el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, el día de hoy primero de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistida de la secretaria Mercedes Herrera Reyes, quien certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  4. Principal

    Órgano jurisdiccional solicita informe, al efecto, se indica que este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto.

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