Manuel Ceballos Aguilar
Expediente 1100/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Ceballos Aguilar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó por su notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Pantoja Meléndez, quien se ostenta como apoderado de Manuel Ceballos Aguilar, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, y que no obra glosado documento original alguno ni en resguardo de la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo; con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Froylán
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta suscrito por Marco Antonio Pantoja Meléndez, quien se ostenta apoderado de Manuel Ceballos Aguilar. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos del instrumento notarial de veintisiete de agosto del año en curso, que anexa al escrito de demanda, se reconoce al ocursante el carácter de apoderado del quejoso, con el que comparece a gestionar. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en el auto de trece de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 372/2019, mediante la cual, la autoridad responsable desechó el recurso de apelación que interpuso el promovente en contra del auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que a su vez desechó de plano la demanda de reconvención promovida en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Para evidenciar la actualización de la causal antes invocada, es importante resaltar que, como se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, el trámite de una contra demanda es equiparable a un juicio común, autónomo con sus características procesales como demanda, contestación, etapa probatoria y de alegatos, y como consecuencia, no puede promoverse el amparo en contra de cualquier resolución, sino únicamente contra aquellas que la propia ley de la materia y criterios jurisprudenciales establecen. También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en el auto de trece de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 372/2019, mediante la cual desechó el recurso de apelación que interpuso el promovente en contra del auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que a su vez desechó de plano la demanda de reconvención promovida en el juicio de origen por el hoy quejoso, donde demandó la guarda y custodia provisional de los menores de iniciales A.C.C.T, A.P.C.T y E.C.T., el pago de pensión alimenticia a favor de los referidos menores y la perdida de la patria potestad, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el expediente 372/2019, pues cada uno de las cuestiones que contrademandó tendrán que ser analizadas por el juzgador de origen, atendiendo al intereses superior de los menores, en base a las pruebas que cada una de las partes contendientes exhiban en el juicio natural, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados dentro de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es el auto de trece de septiembre del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 372/2019, del índice del juzgado de primera instancia, mediante la cual desechó el recurso de apelación que interpuso el promovente en contra del auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que a su vez desechó la demanda reconvencional ya referida, de manera que la violación que ahora se reclama, puede verse reparada al momento de dictarse sentencia definitiva en el expediente de origen, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra dicha resolución. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". Asimismo, por analogía jurídica, se invoca el diverso criterio jurisprudencial, emitido por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, del tenor literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 176992 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 108/2005 Página: 294 IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Contradicción de tesis 84/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza". De igual forma es aplicable por identidad jurídica la tesis: "Época: Octava Época Registro: 231652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Penal Tesis: Página: 621 REVOCACION, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE, CUANDO SE INTERPONE CONTRA EL AUTO EN QUE SE NIEGA LA ADMISION DE PRUEBAS. SOLO PUEDE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO.El desechamiento de un recurso de revocación interpuesto contra el auto que no admite las pruebas ofrecidas en defensa del quejoso, constituye una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en la causa, por estar prevista en la fracción VII del artículo 160 de la Ley de Amparo, por lo cual sólo puede combatirse mediante el amparo directo que se promueva contra esa sentencia si la citada violación trasciende al resultado, por lo que aun cuando el quejoso alegue transgresión al artículo 16 constitucional por estimar que el auto desechatorio del recurso carece de fundamentación y motivación, no por ello ese acto es susceptible de reclamarse ante el juez de Distrito, pues independientemente de la forma en que se haya emitido, lo cierto es que si en él se desechó un recurso, esto en sí mismo constituye una violación al procedimiento en términos del precepto antes señalado, y en consecuencia, sólo es reclamable en amparo directo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Improcedencia 380/87. Arturo Durazo Moreno. 11 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Irma Rivero Ortiz.". Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el apoderado de Manuel Ceballos Aguilar, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando a Mario Meza Martínez, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita que dicha persona se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y respecto de las demás personas que refiere sin que cuenten con dicha facultad, al no existir registro alguno, lo anterior para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia.
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