Manuel Cázares Guzmán
Expediente 358/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Manuel Cázares Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/835/2018, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el juicio de amparo directo 358/2018, en la que concedió la protección constitucional a Manuel Cázares Guzmán, en los siguientes términos: "OCTAVO.- Efectos del amparo. "En consecuencia, lo procedente es conceder el "amparo y protección de la Justicia de la Unión a Manuel "Cázares Guzmán, para el efecto de que la Sala Regional "de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, "con residencia en Apetatitlán de Antonio Carvajal, "Tlaxcala; deje insubsistente la resolución reclamada de "dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el "expediente 178/17-28-01-3, y en su lugar, dicte otra, en la "que: "1.- Reitere todo aquello que no es materia de "la presente concesión; y, "2.- Analice la resolución impugnada de nulidad, "en atención al principio de tipificación; advirtiendo de "manera específica que se debió señalar el precepto legal "que de manera puntual sancionaba el actuar del servidor "público sancionado; encuadrando el hecho en una norma "de omisión o abstención, o en una de hacer; precisando: "a) Si se actualizaba la hipótesis prevista en la "fracción I, o en la fracción XXIV de la Ley encita; o en su "caso, razonar por qué encuadraba en ambas hipótesis "previstas en las fracciones I y XXIV, consistentes en uno "de abstención de cualquier acto u omisión que cause la "suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique "abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión "y otro de abstención de cualquier acto u omisión que "implique incumplimiento de cualquier disposición legal, "reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio "público. "b) Indicando que dentro de las funciones del "cargo desempeñado estuviera el de evaluar las "propuestas; es decir, destacar el por qué el quejoso en su "carácter de Subdirector de Obras, adscrito al Centro SCT "Tlaxcala, de la Secretaría de Comunicaciones y "transportes, tenía como obligación evaluar las propuestas" (foja 184). Todo aquello que no fue materia de la protección constitucional concedida, y que se ordenó a la Sala responsable reiterar, es la invocación del criterio de rubro "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA O EL DE AMPLIACIÓN QUE SEÑALA EL PROPIO PRECEPTO"; pues en el fallo protector se declaró "ineficaz" el concepto de violación en el que se señaló que la responsable indebidamente sustentó la sentencia reclamada en aquel criterio (fojas 167 vuelta a 169). Este órgano colegiado, por auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el oficio 69/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remitió el amparo directo 358/2018, con la sentencia dictada en el mismo y el expediente 178/17-28-01-3; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo informara (foja 244). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y con esas constancias se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 310), sin que la hayan desahogado (foja 319). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que: I. Por oficio 28-1-1324/19, de uno de febrero de dos mil diecinueve, el Presidente de la Sala responsable remitió transcripción de un auto en el que se dejó insubsistente la sentencia pronunciada el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 178/17-28-01-3, que constituyó el acto reclamado (foja 249). II. El mismo uno de febrero de dos mil diecinueve, emitió otra en la que: 1. Reiteró todo aquello que no fue materia de la protección constitucional concedida; es decir, la invocación del criterio de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA O EL DE AMPLIACIÓN QUE SEÑALA EL PROPIO PRECEPTO" (foja 262). 2. Consideró que la autoridad demandada omitió precisar en qué consistió la abstención que, con motivo de las obligaciones que "engendraban" el cargo del actor, conllevó una violación a lo estipulado en las fracciones I y XXIV del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el diverso 65, inciso A, número VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como el reglamento, manual o nombramiento que consignaba las obligaciones a que se encontraba sujeto el actor; por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada (fojas 303 a 305). 3. Dada la conclusión que antecede, resultó innecesario que la Sala responsable analizara la resolución impugnada de nulidad, en atención al principio de tipificación; y, de manera específica, señalara el precepto legal que de manera puntual sancionaba el actuar del servidor público sancionado; encuadrando el hecho en una norma de omisión o abstención, o en una de hacer. Lo anterior pues, al haber declarado la nulidad de la resolución impugnada, con motivo de una violación formal en que incurrió la autoridad demandada, por no precisar el fundamento de las obligaciones a cargo del actor, la Sala responsable no se encontró en condiciones de tipificar o encuadrar la conducta del actor en alguna hipótesis legal. De lo anterior se concluye que en el asunto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/835/2018, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el juicio de amparo directo 358/2018, en la que concedió la protección constitucional a Manuel Cázares Guzmán, en los siguientes términos: "OCTAVO.- Efectos del amparo. "En consecuencia, lo procedente es conceder el "amparo y protección de la Justicia de la Unión a Manuel "Cázares Guzmán, para el efecto de que la Sala Regional "de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, "con residencia en Apetatitlán de Antonio Carvajal, "Tlaxcala; deje insubsistente la resolución reclamada de "dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el "expediente 178/17-28-01-3, y en su lugar, dicte otra, en la "que: "1.- Reitere todo aquello que no es materia de "la presente concesión; y, "2.- Analice la resolución impugnada de nulidad, "en atención al principio de tipificación; advirtiendo de "manera específica que se debió señalar el precepto legal "que de manera puntual sancionaba el actuar del servidor "público sancionado; encuadrando el hecho en una norma "de omisión o abstención, o en una de hacer; precisando: "a) Si se actualizaba la hipótesis prevista en la "fracción I, o en la fracción XXIV de la Ley encita; o en su "caso, razonar por qué encuadraba en ambas hipótesis "previstas en las fracciones I y XXIV, consistentes en uno "de abstención de cualquier acto u omisión que cause la "suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique "abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión "y otro de abstención de cualquier acto u omisión que "implique incumplimiento de cualquier disposición legal, "reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio "público. "b) Indicando que dentro de las funciones del "cargo desempeñado estuviera el de evaluar las "propuestas; es decir, destacar el por qué el quejoso en su "carácter de Subdirector de Obras, adscrito al Centro SCT "Tlaxcala, de la Secretaría de Comunicaciones y "transportes, tenía como obligación evaluar las propuestas" (foja 184). Todo aquello que no fue materia de la protección constitucional concedida, y que se ordenó a la Sala responsable reiterar, es la invocación del criterio de rubro "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA O EL DE AMPLIACIÓN QUE SEÑALA EL PROPIO PRECEPTO"; pues en el fallo protector se declaró "ineficaz" el concepto de violación en el que se señaló que la responsable indebidamente sustentó la sentencia reclamada en aquel criterio (fojas 167 vuelta a 169). Este órgano colegiado, por auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el oficio 69/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remitió el amparo directo 358/2018, con la sentencia dictada en el mismo y el expediente 178/17-28-01-3; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo informara (foja 244). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y con esas constancias se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 310), sin que la hayan desahogado (foja 319). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que: I. Por oficio 28-1-1324/19, de uno de febrero de dos mil diecinueve, el Presidente de la Sala responsable remitió transcripción de un auto en el que se dejó insubsistente la sentencia pronunciada el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 178/17-28-01-3, que constituyó el acto reclamado (foja 249). II. El mismo uno de febrero de dos mil diecinueve, emitió otra en la que: 1. Reiteró todo aquello que no fue materia de la protección constitucional concedida; es decir, la invocación del criterio de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE NO CADUCA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA O EL DE AMPLIACIÓN QUE SEÑALA EL PROPIO PRECEPTO" (foja 262). 2. Consideró que la autoridad demandada omitió precisar en qué consistió la abstención que, con motivo de las obligaciones que "engendraban" el cargo del actor, conllevó una violación a lo estipulado en las fracciones I y XXIV del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el diverso 65, inciso A, número VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como el reglamento, manual o nombramiento que consignaba las obligaciones a que se encontraba sujeto el actor; por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada (fojas 303 a 305). 3. Dada la conclusión que antecede, resultó innecesario que la Sala responsable analizara la resolución impugnada de nulidad, en atención al principio de tipificación; y, de manera específica, señalara el precepto legal que de manera puntual sancionaba el actuar del servidor público sancionado; encuadrando el hecho en una norma de omisión o abstención, o en una de hacer. Lo anterior pues, al haber declarado la nulidad de la resolución impugnada, con motivo de una violación formal en que incurrió la autoridad demandada, por no precisar el fundamento de las obligaciones a cargo del actor, la Sala responsable no se encontró en condiciones de tipificar o encuadrar la conducta del actor en alguna hipótesis legal. De lo anterior se concluye que en el asunto ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de doce de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
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