Manuel Castro Hernández

Expediente 575/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
575/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Manuel Castro Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación en este expediente, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este expediente es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en este juicio. Notifíquese, por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del quince de julio pasado; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas y hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese, por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cincuenta y dos minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 575/2021-IV, promovido por ************************** y **************************, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial y por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 575/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido en este Juzgado Tercero de Distrito el dieciocho de junio pasado, ************************** y **************************, por derecho propio, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. II. En proveído del dieciocho de junio del presente año, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 575/2021-IV, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclama un acto de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La omisión por parte de la autoridad responsable, de emitir el laudo en el expediente laboral **************. Tercero. El Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe aceptó el acto reclamado. Previo a establecer las razones por las cuales se considera que no es cierto el acto reclamado, conviene precisar que dentro de la clasificación de éstos en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos, son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Es importante mencionar que la precisión de la existencia de un acto positivo frente a la de un acto negativo adquiere matices propios en cada caso, pues mientras la existencia del primero debe demostrarla quien afirma que existe; en cambio, no se puede imponer la misma carga a quien alega la existencia de un acto negativo por omisión, pues no sería factible acreditar que la autoridad no ha hecho o se ha abstenido de hacer algo (acto negativo). Sobre esta base, debe decirse que la negativa de la existencia del acto reclamado negativo (por omisión), constituye sólo una expresión sobre la existencia de aquél, pero la carga de acreditar este último presupuesto tiene reglas especiales que atienden a la naturaleza del acto, es decir, si es negativo o positivo. Cuando el acto reclamado es de naturaleza positiva, implica que el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico, pero si la autoridad responsable niega esto último (haber realizado el acto que se le imputa), dicha expresión implica una negativa simple; y, en ese supuesto, el quejoso tendría la carga de acreditar su afirmación de que la autoridad desplegó la acción. No sucede lo mismo cuando el quejoso señala como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), pues en este supuesto si la autoridad responsable niega la existencia de esa omisión, dicha negativa no es simple porque lleva implícita la afirmación de que sí desplegó una conducta y, por ende, no incurrió en la omisión o abstención que se le atribuye. Por ese motivo la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en señalar que la negativa simple del acto reclamado libera a quien la formula del deber de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en la parte contraria, quien debe demostrar la conducta de hacer que atribuye a la autoridad, cuya existencia debe ser demostrada por quien la afirma. No ocurre así cuando la negativa del acto no es simple sino calificada, porque dicho supuesto importa una afirmación, entonces quien la produce sí tiene la carga de justificarla. Las anteriores precisiones encuentran su origen en la regla que alberga el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; por tanto, si es el caso de que en un juicio de amparo se reclame un acto que por su naturaleza es negativo, y a quien se le atribuye lo niega; entonces, no corresponde al quejoso demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria. No obstante, también en este punto se debe mencionar que para calificar la existencia de un acto negativo, es necesario ponderar si la autoridad responsable tenía a su cargo una obligación de "hacer", pues sólo de esta manera se puede corroborar si la autoridad responsable es renuente en cumplir la obligación que por ley debe realizar, pues el acto omisivo conlleva necesariamente a dejar de hacer algo a lo que se está obligado. Entonces, la obligación de hacer en comento necesariamente es una consecuencia de un hecho anterior, es decir, debieron de darse requisitos previamente establecidos para que la autoridad responsable se encontrara bajo el imperativo de un "hacer", toda vez que si aquéllos no se cumplieron o actualizaron, entonces la autoridad que supuestamente estaba obligada a un hacer, tampoco habría incurrido en alguna omisión; de ahí que si ésta no estaba obligada a un hacer, en consecuencia el acto reclamado por omisión que se le imputare resultaría inexistente, motivo por el cual bastaría la manifestación que en ese sentido se establezca para robustecer la negativa en la inexistencia del acto reclamado que alegue. Bajo tales premisas, se considera que no es cierto el acto negativo por omisión, en virtud de que este juzgado de distrito considera que la autoridad responsable no ha incurrido en la omisión que se le atribuye, como a continuación se verá: Ahora, precisar acotar que en el presente juicio ************************** y ************************** reclaman del Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la falta del dictado de laudo en el expediente **************de su índice; de ahí que los peticionarios del amparo alegan una omisión de la autoridad responsable de realizar un acto que por ley estaba obligada a efectuar; sin embargo, es necesario analizar si ésta se encontraba en la hipótesis normativa para que exista dicha obligación. Bajo ese contexto, en el caso a fin de determinar si efectivamente la conducta de la autoridad responsable resulta violatoria de los derechos fundamentales de la parte quejosa, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; b) Que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y c) Que haya trascurrido el término que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios señale para fallar. El primer requisito implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente sumario, pues de las constancias allegadas se advierte que el juicio laboral de origen se formó con motivo de la demanda laboral que promovió el propio quejoso. El segundo elemento consistente en que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo; circunstancia que no se colma. Luego, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, en lo que aquí interesa, se advierte la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa, ya que por acuerdo del veintiocho de junio del presente año, la Sala responsable concedió un término de tres días a la parte demandada para que manifestara lo que a su derecho convenga respecto de las pruebas ofrecidas como supervinientes por la parte actora ahora parte quejosa, por lo que no ha declarado el cierre de la instrucción para que esté en aptitud de emitir el laudo en el expediente laboral de que se trata. Tal eventualidad, no se debe a una conducta omisiva, sino deriva de que el asunto laboral aún no se encontraba en el estado procesal oportuno para proceder a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997, materia Laboral, página 304, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO". Bajo tales premisas, se concluye que el acto reclamado no existe, pues la responsable no ha incurrido en la omisión que se le atribuye; por tanto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ************************** y ************************** contra un acto del Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese, por lista electrónica a los quejosos. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Téngase al Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Se tienen como pruebas de su parte las que anexó en el oficio que se acuerda. Notifíquese, mediante lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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