Manuel Casillas Alvarado
Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Manuel Casillas Alvarado
Actuaciones
- Principal
MESA 3-B. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral.
- Principal
MESA 3-B. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXX, contra actos del Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y otra autoridad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 129/2021 3-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que, respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Ahora, en el caso a estudio se advierte que la quejosa reclama del Director Comercial y del Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad, lo siguiente: "1.- El cobro excesivo DE ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de 14/03/22 11:12:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.d8 Carlos Andrés Clemente Figueroagobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. ." Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Esas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, éstos se refieren a la finalidad del juicio de amparo, que radica en resolver toda controversia suscitada por normas generales o actos de autoridad que violen derechos humanos del gobernado, en el entendido que autoridad responsable es aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley citada, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; de la correlación de los artículos 1º, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones provenientes de autoridades siempre que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y provoquen agravio no reparable. Cabe señalar que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esta vía de control constitucional, señalado por la quejosa como el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado y su corte ante el rezago en su pago, no resultan propiamente una actuación de autoridad que produzca una afectación a derechos humanos tutelados constitucionalmente, ni es de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, para hacer procedente el juicio constitucional. El invocado artículo 5° establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuándo una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, en relación con el acto reclamado que se analiza, este órgano jurisdiccional estima que no puede considerarse proveniente de autoridad. Esto es así, pues se concluye que autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado, y su corte ante el rezago en su pago, actos que atribuye al Director Comercial y al Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad. Sin embargo, no obstante, las inconformidades que hace valer la parte quejosa, este juzgado de control constitucional considera que a quienes imputa tales actos, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. El anterior criterio, se hizo presente en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 189353, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 92/2001, Página: 693, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones 14/03/22 11:12:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.d8 Carlos Andrés Clemente Figueroajurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Por consiguiente, se considera que no puede estimarse que el Director Comercial y al Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad, sean considerados como un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que prestan no denota una característica de supra a subordinación. Lo anterior es así, pues del propio contexto de la demanda de amparo y la notificación que anexa, se advierte que efectivamente el quejoso tiene contratado con las responsables, el servicio de agua potable y alcantarillado, por lo tanto, los actos aquí reclamados no pueden reputarse como actos de autoridad. Cabe señalar que la tesis de jurisprudencia antes citada tiene aplicación plena en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuenta habida que no se contrapone con la actual disposición de la aludida legislación, de ahí que resulte vigente su aplicación, máxime además que el propio tribunal que la emite no ha determinado que dicho criterio haya sido superado. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, diversos criterios que han emitido diferentes Tribunales Colegiados de Circuito del país, considerando a los organismos operadores del servicio de agua potable, como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, desde la perspectiva de la protección del derecho humano al acceso al agua, y como garantía de su asequibilidad, como lo es: La tesis emitida por el Tribunal colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2017661, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: XXII.P.A.18 A (10a.), Página: 2623, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE QUERÉTARO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE SUS ACTOS RELATIVOS AL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Con base en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, y 8 de febrero de 2012 concernientes, las primeras, a la ampliación de atribuciones de las autoridades para efectos del juicio de amparo y al cambio paradigmático en materia de derechos humanos, establecido en su artículo 1o., párrafo tercero y, la segunda, al reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental, así como a la obligación del Estado de garantizarlo, previstos en el artículo 4o., párrafo sexto, del propio ordenamiento; aunado a que el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente amplió el concepto de autoridad, por virtud de la extensión de sus atribuciones, se concluye que la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro reúne las características previstas en esta última disposición para considerarla como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues conforme a los artículos 402, 472, párrafos primero y quinto y 439, párrafo primero, en relación con los diversos 419 a 426 y 441 del Código Urbano de la entidad, es un organismo público descentralizado y autoridad en materia del servicio público de suministro de agua potable, por lo cual, está constreñida a proteger el derecho fundamental de acceso al agua, y a garantizar la asequibilidad de ésta; de ahí que, al imponer al usuario actos relacionados con la contratación de ese servicio, éstos están revestidos de imperatividad, coercitividad y unilateralidad." Sin embargo, resulta necesario destacar que, en principio, en dichos criterios, parten de la premisa del acceso al agua como derecho humano y como garantía de asequibilidad, sin embargo, lo que aquí se reclama es el cobro excesivo de adeudos, multas y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado, por dicho consumo, y la suspensión de la prestación del servicio en caso de incumplimiento al acuerdo de voluntades, esto es, una cuestión meramente comercial, sin si quiera tocar el aspecto legislativo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, no existe obligatoriedad de dicho criterio para el suscrito, al no ubicarse en alguno de los supuestos ahí previstos para ello. Por consiguiente, se reitera, este Juzgado Federal estima que no puede considerarse que el acto aquí reclamado proviene de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, es decir, tratándose de las relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo. Por tanto, los actos reclamados no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Dicho de otra manera, la inconformidad realizada por la quejosa respecto de los actos que le atribuye al Director Comercial y al Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad, únicamente constituyen una cuestión entre particulares derivada propiamente de su relación contractual. De ahí que deba concluirse que la naturaleza de los actos derivados de dicha relación contractual no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no emanan de un mandamiento unilateral de algún ente del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de agua potable, la cual debe ser dilucidada en el marco de la legislación ordinaria, atendiendo a la naturaleza del contrato que celebraron las partes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda presentada, en términos del numeral 113 de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: (.). Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Alberto Soto Vázquez, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. (.)
- Principal
(CITATORIO). SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: MESA 3-B. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXX, contra actos del Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y otra autoridad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 129/2021 3-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que, respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Ahora, en el caso a estudio se advierte que la quejosa reclama del Director Comercial y del Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad, lo siguiente: "1.- El cobro excesivo DE ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de 14/03/22 11:12:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.d8 Carlos Andrés Clemente Figueroagobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. ." Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Esas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, éstos se refieren a la finalidad del juicio de amparo, que radica en resolver toda controversia suscitada por normas generales o actos de autoridad que violen derechos humanos del gobernado, en el entendido que autoridad responsable es aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley citada, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; de la correlación de los artículos 1º, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones provenientes de autoridades siempre que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y provoquen agravio no reparable. Cabe señalar que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esta vía de control constitucional, señalado por la quejosa como el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado y su corte ante el rezago en su pago, no resultan propiamente una actuación de autoridad que produzca una afectación a derechos humanos tutelados constitucionalmente, ni es de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, para hacer procedente el juicio constitucional. El invocado artículo 5° establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuándo una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, en relación con el acto reclamado que se analiza, este órgano jurisdiccional estima que no puede considerarse proveniente de autoridad. Esto es así, pues se concluye que autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado, y su corte ante el rezago en su pago, actos que atribuye al Director Comercial y al Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad. Sin embargo, no obstante, las inconformidades que hace valer la parte quejosa, este juzgado de control constitucional considera que a quienes imputa tales actos, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. El anterior criterio, se hizo presente en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 189353, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 92/2001, Página: 693, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones 14/03/22 11:12:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.d8 Carlos Andrés Clemente Figueroajurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Por consiguiente, se considera que no puede estimarse que el Director Comercial y al Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad, sean considerados como un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que prestan no denota una característica de supra a subordinación. Lo anterior es así, pues del propio contexto de la demanda de amparo y la notificación que anexa, se advierte que efectivamente el quejoso tiene contratado con las responsables, el servicio de agua potable y alcantarillado, por lo tanto, los actos aquí reclamados no pueden reputarse como actos de autoridad. Cabe señalar que la tesis de jurisprudencia antes citada tiene aplicación plena en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuenta habida que no se contrapone con la actual disposición de la aludida legislación, de ahí que resulte vigente su aplicación, máxime además que el propio tribunal que la emite no ha determinado que dicho criterio haya sido superado. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, diversos criterios que han emitido diferentes Tribunales Colegiados de Circuito del país, considerando a los organismos operadores del servicio de agua potable, como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, desde la perspectiva de la protección del derecho humano al acceso al agua, y como garantía de su asequibilidad, como lo es: La tesis emitida por el Tribunal colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2017661, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: XXII.P.A.18 A (10a.), Página: 2623, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE QUERÉTARO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE SUS ACTOS RELATIVOS AL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Con base en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011, y 8 de febrero de 2012 concernientes, las primeras, a la ampliación de atribuciones de las autoridades para efectos del juicio de amparo y al cambio paradigmático en materia de derechos humanos, establecido en su artículo 1o., párrafo tercero y, la segunda, al reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental, así como a la obligación del Estado de garantizarlo, previstos en el artículo 4o., párrafo sexto, del propio ordenamiento; aunado a que el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente amplió el concepto de autoridad, por virtud de la extensión de sus atribuciones, se concluye que la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro reúne las características previstas en esta última disposición para considerarla como autoridad para efectos del juicio de amparo, pues conforme a los artículos 402, 472, párrafos primero y quinto y 439, párrafo primero, en relación con los diversos 419 a 426 y 441 del Código Urbano de la entidad, es un organismo público descentralizado y autoridad en materia del servicio público de suministro de agua potable, por lo cual, está constreñida a proteger el derecho fundamental de acceso al agua, y a garantizar la asequibilidad de ésta; de ahí que, al imponer al usuario actos relacionados con la contratación de ese servicio, éstos están revestidos de imperatividad, coercitividad y unilateralidad." Sin embargo, resulta necesario destacar que, en principio, en dichos criterios, parten de la premisa del acceso al agua como derecho humano y como garantía de asequibilidad, sin embargo, lo que aquí se reclama es el cobro excesivo de adeudos, multas y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado, por dicho consumo, y la suspensión de la prestación del servicio en caso de incumplimiento al acuerdo de voluntades, esto es, una cuestión meramente comercial, sin si quiera tocar el aspecto legislativo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, no existe obligatoriedad de dicho criterio para el suscrito, al no ubicarse en alguno de los supuestos ahí previstos para ello. Por consiguiente, se reitera, este Juzgado Federal estima que no puede considerarse que el acto aquí reclamado proviene de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, es decir, tratándose de las relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo. Por tanto, los actos reclamados no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Dicho de otra manera, la inconformidad realizada por la quejosa respecto de los actos que le atribuye al Director Comercial y al Departamento de Rezagos, ambos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), residentes en esta ciudad, únicamente constituyen una cuestión entre particulares derivada propiamente de su relación contractual. De ahí que deba concluirse que la naturaleza de los actos derivados de dicha relación contractual no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no emanan de un mandamiento unilateral de algún ente del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de agua potable, la cual debe ser dilucidada en el marco de la legislación ordinaria, atendiendo a la naturaleza del contrato que celebraron las partes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda presentada, en términos del numeral 113 de la citada legislación. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: (.). Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Alberto Soto Vázquez, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. (.)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 11,549 expedientes
- Manuel Avalos Ramos471/2018
- Manuel Breffe Cerce716/2021
- Manuel Camposeco Armas y Otros.660/2016
- Manuel Cancino Ponce1012/2016
- Manuel Cancino Ponce1544/2017
- Manuel Carrasco Salinas1097/2022
- Manuel Daniel Reyes Garcia384/2016
- Manuel Daniel Reyes García1321/2016
- Manuel David Aldama Jimenez792/2021
- Manuel de Jesus Antonio Bruno391/2017
- Manuel de Jesús Arango1561/2023
- Manuel de Jesús Argumedo Chacón2008/2017