Manuel Carrazco Morales

Expediente 72/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
72/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Manuel Carrazco Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos originales. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos cuya devolución solicita.. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante deberá comunicarse a los teléfonos 6672250353 con la licenciada Ciliany Álvarez Ayala o al 7221611966 con el licenciado Christoper Rodríguez Escobar, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Devolución de constancias. Finalmente, de estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte (foja 75 vuelta), se tuvo a la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, remitiendo copias certificadas del expediente 244/2013, de su índice; en consecuencia, devuélvase a la autoridad de referencia las copias de mérito. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistida del licenciado Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.+

  2. Principal

    S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 72/2020-III, promovido por Manuel Carrazco Morales; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Manuel Carrazco Morales, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala (.) Diligenciaria encargada de los expedientes pares, adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.". ACTO RECLAMADO "La afectación o privación de la casa número oficial doscientos cinco en la avenida de la avenida Zaragoza, de Apizaco Tlaxcala, deducida de los autos, resoluciones y sentencias dictadas dentro del juicio 244/2013, de los del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, así como la tramitación de dicho juicio hasta la etapa procesal en que actualmente se encuentre.". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, (fojas 9-12), este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 72/2020-III, admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. Mediante proveído veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo (fojas 120-121). Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se certificó que había transcurrido el término de quince días otorgado a la parte quejosa, para ampliar la demanda de amparo; por tanto, se determinó que el juicio se continuaría conforme fue planteado inicialmente QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del lugar, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercero extraño a un juicio ordinario civil de usucapión. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 244/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. La sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 244/2013, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. (Existencia de los actos reclamados). Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Juez del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez Huamantla, Tlaxcala (fojas 13, 116-118); y la Diligenciaria Par Interina adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala (foja 55), esta última negó el acto reclamado, no obstante atendiendo a que la autoridad responsable ordenadora, aceptó el acto y al efecto remitió copias certificadas del expedientillo derivado del juicio ejecutivo mercantil 244/2014, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones; se tiene por cierto el mismo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. (Oportunidad de la demanda). La aquí quejosa se ostentó como conocedora del acto reclamado el veintisiete de enero de dos mil veinte; por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintiocho de enero al diecinueve de febrero de dos mil veinte, descontando los días inhábiles, sábados y domingos de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el once de junio de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: ENERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 Día Inhábil 5 Día Inhábil 6 7 8 9 10 11 Día Inhábil 12 Día Inhábil 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Día Inhábil 26 Día Inhábil 27 Conocimiento del acto reclamado y surte efectos 28 Día uno 29 Día dos Presentación de la demanda 30 Día tres 31 Día cuatro FEBRERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día Inhábil 2 Día Inhábil 3 Día inhábil 4 Día cinco 5 Día inhábil pero laborable 6 Día seis 7 Día siete 8 Día Inhábil 9 Día Inhábil 10 Día ocho 11 Día nueve 12 Día diez 13 Día once 14 Día doce 15 Día Inhábil 16 Día Inhábil 17 Día trece 18 Día catorce 19 Día quince 20 21 22 Día Inhábil 23 Día Inhábil 24 25 26 27 28 29 Luego si la presentación de la demanda se realizó el veintinueve de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, resulta inconcuso que fue presentada de manera oportuna, pues se hizo dentro del plazo que establece el artículo 17 de la citada Ley de Amparo. QUINTO. (Causas de improcedencia). No se estudiará el fondo del asunto porque se actualiza una causa de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, a juicio de este juzgador la hoy quejosa no acredita tener interés jurídico, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso, 5, fracción I, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley." Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. La fracción I, del artículo 107 constitucional, redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. La regla de "interés legítimo" no es absoluta, pues el constituyente permanente introdujo una excepción, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que el quejoso debe aducir (y por tanto demostrar) ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo que se identifica con el concepto de interés jurídico que ha descrito la doctrina jurisprudencial mexicana. Por tanto, si en la especie el acto reclamado deriva de un proceso seguido ante un tribunal judicial, es concluyente que atendiendo al principio de especialidad de la ley, cobra aplicación el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 107 constitucional y, por tanto, la procedencia del amparo está supeditada a que la parte impetrante demuestre tener interés jurídico. El primero de los preceptos transcritos establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual implica que el acto reclamado debe causar un perjuicio a quien solicita la protección constitucional. Tal principio está estrechamente vinculado con el concepto de interés jurídico, que consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, de lo que se colige lo siguiente: a. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. c. No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. El ordinal 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece la figura del tercero extraño al juicio, que puede entenderse en dos dimensiones, una, como aquél que es totalmente ajeno al procedimiento al no ser parte formal ni material en éste, y otra, referida al tercero equiparado, esto es, aquél que figurando como parte no fue emplazado o lo fue en forma ilegal o deficiente. En el caso, la parte quejosa se ubica en la primera de dichas hipótesis. Sin embargo, no cualquier acto es susceptible legitimar a la inconforme para accionar el juicio de amparo con base en dicho numeral, pues atendiendo a los principios rectores del mismo, es menester que resienta un agravio personal y directo. La parte quejosa reclama la falta de emplazamiento y como consecuencia todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil número 244/2013, del índice del Juez responsable. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, estableció que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título, es decir, es menester que la posesión se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente la simple posesión precaria. Tal criterio se sintetizó en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, de febrero de 2002, visible en la página 5, de literalidad: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En tales circunstancias, para que el quejoso pueda ser oído debe demostrar su interés jurídico, para lo cual es necesario que justifique con pruebas idóneas la propiedad o posesión del bien inmueble afecto, pues de esa manera justificará su interés jurídico para ser oída en defensa de sus derechos (como pretende), ya que de no acreditarlo no tendría por qué ser escuchada en el juicio generador de los actos que reclama, en tanto no pruebe que éste le causa alguna molestia en sus derechos de posesión. Precisado lo anterior, cabe señalar que para que sea objeto de la protección constitucional el derecho de posesión que aduce tener el quejoso del inmueble afectado en el juicio de origen y del cual también refiere se le pretende privar, es necesario que acredite que ese derecho esté sustentado en algún título que respalda una figura jurídica, prevista en la ley. En este sentido, debe precisarse que atendiendo al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tests VI.2o.C.692 C, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1583, registro 166133 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO. El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación. Precisado lo anterior, en el caso, Manuel Carrazco Morales, para acreditar su interés jurídico ofreció como medio de convicción: El original del contrato de arredamiento, celebrado entre María de Lourdes Aguilar Báez, en su carácter de arrendador, y Manuel Carrazco Morales, en su calidad de arrendatario, de veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, respecto del bien inmueble ubicado en la casa número doscientos cinco de la avenida Zaragoza, Apizaco, Tlaxcala (foja 6-8). Ahora bien, dicha documental es insuficiente por sí sola, para acreditar el interés jurídico que el amparista aduce tener respecto del bien inmueble descrito en párrafos anteriores, en virtud de que, en relación al contrato de arrendamiento, tratándose de documentos privados en los que se hacen constar actos relativos al uso de un bien inmueble, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, dado que la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a los actos reclamados, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En efecto, las legislaciones estatales, al regular lo relativo a los contratos de arrendamiento, establece como imperativo que éstos deban inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, asimismo, en caso de que no se encuentren registrados, solo producirá efectos entre quienes los otorguen y no surtirá efectos hacia terceros. Para ejemplificar lo anterior, el Código Civil del Estado de Tlaxcala, en sus artículos 1205, fracción III, y 1206, establece: "Articulo 1205.- Se inscribirán en el Registro: (.) III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles; Articulo 1206.- Los actos y contratos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables." En este sentido, dicho anexo que exhibió el quejoso, con el que pretende acreditar la posesión respecto de la casa ubicada en la casa número doscientos cinco de la avenida Zaragoza, Apizaco, Tlaxcala, resulta ineficaz para acreditar la legitimación de la quejosa para reclamar la afectación a sus derechos con motivo del que alega ostentar sobre el bien afecto al juicio de origen, ya que tal contrato de arrendamiento únicamente revela la presencia de que existe ese documento; sin que dicha constancia le otorguen legalmente un derecho de propiedad o posesión sobre el bien inmueble. . Así, es concluyente que el citado material probatorio no justifica fehacientemente la causa generadora de la posesión -justo título-, por ende, dicha documental es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo cuando la parte quejosa comparece como tercero extraño al juicio natural y reclama la transgresión a sus derechos derivados de la propiedad que aduce ostentar sobre un bien. Por tanto, al comparecer el quejoso como extraño al juicio de origen de donde deriva el acto reclamado, la única forma de acreditar su interés jurídico era demostrando la titularidad del derecho que defiende, cuya emisión tiene que ser anterior, lo que en el caso no aconteció, por lo cual no se acredita una afectación real y directa a la esfera jurídica de ésta, consecuentemente, es jurídicamente imposible tener por acreditado el interés jurídico del accionante del amparo ya que el contrato de cesión de derechos carece de fecha cierta. Resulta aplicable la jurisprudencia II.2o.C. J/10, demitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341, registro 190785, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Lo anterior provoca la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que los terceros interesados Efrén Romero Palacios Alvarado y/o Lucia Soto Toxqui y/o Adriana Isabel Pérez Esquibel y/o Arturo Almonte Cabrera, en su carácter de apoderados legales de la persona moral HSBC, México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, seguido por Genaro Arturo Teyssier Montes, no se encuentren emplazados en el presente juicio de amparo; sin embargo, dado el sentido de la resolución que se emite en el presente juicio de amparo, no le causa perjuicio alguno, sino por el contrario los beneficia. Apoya lo anterior, la tesis P.V/98, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, página, de rubro y texto siguientes "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Carrazco Morales, contra el acto y autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el ocho de abril de dos mil veintiuno, ante el licenciado Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído, no es parte. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ********************l, a través del cual solicita la devolución del expediente ********************remitido por el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala; lo anterior, pues a la promovente no revista el carácter de parte en el presente asunto, aunado al hecho que la autoridad de referencia únicamente remitió copia certificada del expediente en comento.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno (fojas 120-121), para que ampliara su demanda de amparo en los términos ahí precisados, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada.

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